“Y lo paran y lo frenan en seco (el juicio). Decime si no duele y no te parte el alma, pelear y te salgan con esta bellacada”. Percy Suárez a la periodista Mercedes Fernández.
Decir que «la justicia en Bolivia no existe» se ha vuelto una afirmación recurrente entre quienes han tenido que enfrentar un conflicto en sede judicial, así como entre quienes, desde afuera, observamos la frustración, el desgaste y la indefensión que genera. Además, la facilidad con la que se entorpecen los procesos judiciales no solo revela una profunda disfuncionalidad institucional, sino que se ha convertido en una de las vías más reprochables y normalizadas para garantizar impunidad y que, hoy por hoy, es “cosa de todos los días”.
Uno de los casos que particularmente logran estremecerme más es el denominado “Las Londras”. Este caso data del 2021, donde un grupo de periodistas, policías y trabajadores de la propiedad «Las Londras», ubicada en la provincia de Guarayos del departamento de Santa Cruz, fue secuestrado, golpeado y amenazado de muerte por un grupo armado de avasalladores. El hecho fue registrado en video, transmitido por redes sociales y denunciado por las víctimas de forma inmediata y, a pesar de la evidencia contundente, el caso se ha transformado en uno de los ejemplos más claros de la impunidad estructural que atraviesa el sistema judicial boliviano.
A casi cuatro años de este suceso, ninguno de los principales responsables ha recibido una condena efectiva y los pocos avances judiciales han estado marcados por dilaciones y falta de voluntad para esclarecer los hechos y sancionar a los agresores. Por otro lado, este caso no puede entenderse como un hecho aislado, pues forma parte de una cadena de conflictos territoriales en la que actores armados, vinculados muchas veces a intereses económicos o políticos, utilizan la violencia como método para ocupar tierras, al margen de la legalidad.
En este escenario, Bolivia ha evidenciado una preocupante tolerancia, e incluso complicidad, frente a quienes recurren a formas violentas de avasallamiento. Un claro ejemplo de ello es la reciente presentación de un recurso de conflicto de competencias, mediante el cual se pretende trasladar el caso a la jurisdicción indígena originaria campesina. Esta maniobra revela el uso distorsionado de los mecanismos legales disponibles, los cuales, lejos de garantizar justicia, terminan siendo instrumentalizados para dilatar los procesos, obstaculizar la verdad y consolidar la impunidad.
Ahora bien, el problema más grave es el mensaje que se transmite, y es que en Bolivia se puede secuestrar, torturar y amenazar con armas de fuego sin consecuencias. Así, este caso se constituye en el rostro más crudo de la impunidad, pues no hablamos solamente de la ausencia de sanción, sino la naturalización del crimen cuando este se comete bajo el amparo del poder.
La impunidad en Bolivia no es accidental, es una herramienta de poder que sirve para proteger aliados, castigar selectivamente y mantener a la gente en un estado de indefensión y miedo. En ese sentido, el caso “Las Londras” se convierte en una advertencia urgente para que la justicia no continúe siendo rehén del miedo, del cuoteo político o de la corrupción.
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Luciana B. Miranda Serrano es investigadora y estudiante de Derecho
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