Instructivo del Sernap vulnera preceptos de libertad de expresión de instrumentos internacionales sobre DDHH

Democracia

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Rodolfo Huallpa

Ingreso al Parque Madidi. Foto: IRFA

Boletín Alerta Común

En medio de un contexto de crisis ambiental que atraviesa el país, producto de los incendios que depredan los bosques de diferentes departamentos y en las que están comprometidas áreas protegidas y parques nacionales, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) determinó prohibir a los directores de las 23 áreas protegidas brindar declaraciones a los medios de comunicación, una determinación que vulnera preceptos sobre libertad de expresión establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El contexto de esta prohibición se complementa, también, con el cambio repentino de algunos directores de áreas protegidas, del hallazgo de plantaciones de coca en el parque Amboró, la falta de condiciones laborales de los guardaparques y las amenazas latentes de la minería ilegal a los parques y reservas naturales.

“Abstenerse de realizar declaraciones a nombre de la entidad sin autorización o dar publicidad por cuenta propia, de trabajos o documentos de propiedad o a cargo de la entidad”, se lee en el instructivo 79/2023 del Sernap, emitido el 21 de noviembre de 2023.

En caso de incumplimiento a esta disposición, esta institución pública advirtió a los directores con la emisión de “sanciones”. El documento está firmado por el director de Planificación del Sernap, Moisés Hur Torrez.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia emitió un pronunciamiento en el que denuncia que el instructivo “representa una flagrante violación a la libertad de expresión y de prensa”, además del “derecho de acceso a la información”, por lo que demanda “la anulación” de esta disposición contenida en el Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Recientemente el Sernap despidió a dos directores. La primera fue Andreina Tolavi, directora del Parque Nacional y Área Natural de Manejo integrado Amboró, quien fue retirada del cargo luego de que denunciara, el 25 de octubre de 2023, la existencia de plantaciones ilegales de coca en esa zona. Días después, otro director afectado fue Luder Jiménez, del Parque Nacional Tunari, quien recibió su memorándum de despido sin ningún justificativo o razón explícita de su separación.

Pero no sólo eso, recientemente casi medio centenar de guardaparques envió una carta al presidente Luis Arce, en la que demanda la realización de auditorías en el Sernap, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, debido a la inestabilidad y inseguridad laboral a los que están sometidos y la “incapacidad de dirección y gestión” de las autoridades que encabezan esas instituciones.

“No han ejecutado acciones efectivas para asegurar los salarios, puestos laborales y beneficios sociales que nos corresponden por derecho, más al contrario se nos adeudan salarios, se han perdido ítems de guardaparques a costa de cargos administrativos injustificados”, denunciaron. Además, repudiaron que las Fuerzas Armadas y la Policía no acudan a su apoyo y rescate cuando son agredidos de manera física y verbal por actores mineros, madereros, traficantes de droga y otros que ingresan a las áreas protegidas.

A estos conflictos se suman los incendios. Según un reporte de la Defensoría del Pueblo, al 17 de noviembre de 2023, al menos cinco parques naturales, en los que hay bosques amazónicos, son afectados por las llamas: el Parque Nacional Madidi, el Parque Noel Kempff Mercado, el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure, el Parque Nacional Amboró y la Reserva de la Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas.

La Defensoría identificó “una inadecuada respuesta” y “altas debilidades” de parte de varios niveles del Estado para sofocar los fuegos.

Según un informe del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales y el Centro de Planificación Territorial Autonómica 37.061 focos de calor se registraron en 49 de las 130 áreas protegidas del país entre enero y octubre de 2023. En Bolivia, existen 22 áreas protegidas de carácter nacional, 25 de carácter departamental y 83 municipales.

Pero a las reservas antes nombradas se suman otras que están siendo amenazadas por la minería ilegal. Según un comunicado del Sernap, se trata de 10 áreas que están en riesgo por esta actividad: la Reserva Eduardo Abaroa; Reserva Manuripi; el Parque Nacional Otuquis; Parque Nacional Amboró; Parque Nacional Madidi; el Tunari; la ANMIN Apolobamba; la Reserva Pilón Lajas; el Parque Nacional Cotapata; y ANMI San Matías.

Análisis

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la censura previa casi de forma absoluta[1]. En esa línea, la Corte interamericana ha interpretado que la vulneración al derecho a la libertad de expresión es especialmente radical en los casos de censura previa, ya que “viola tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática”[2], asimismo, resulta contradictorio con la Convención todo acto del poder público que implique una restricción al derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, en mayor medida o por medios distintos de los autorizados por la misma Convención; y todo ello con independencia de si esas restricciones aprovechan o no al gobierno.

De la misma manera, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que hace seguimiento al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha entendido que la existencia de medios de prensa y otros medios de comunicación libres y exentos de censura y de trabas es esencial en cualquier sociedad para asegurar la libertad de opinión y expresión y el goce de otros derechos y es una de las piedras angulares de toda sociedad democrática, “La libre comunicación de información e ideas acerca de las cuestiones públicas y políticas entre los ciudadanos, los candidatos y los representantes elegidos es indispensable. Ello comporta la existencia de una prensa y otros medios de comunicación libres y capaces de comentar cuestiones públicas sin censura ni limitaciones, así como de informar a la opinión pública”[3]

Acceder a la información de las instituciones públicas es un derecho de todas las personas y su ejercicio es fundamental para promover la transparencia y fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, este derecho está directamente relacionado con la democracia y su institucionalidad.


[1] Salvo con el exclusivo objeto de regular el acceso a espectáculos públicos “para la protección moral de niños y adolescentes».

[2] Corte interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 5/85 sobre La colegiación obligatoria de periodistas, párr.

[3] Comité de Derechos Humanos, Observación General N. 34 sobre Libertad de opinión y libertad de expresión, párr. 13.

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