Una marcha contra la violencia, un flagelo que no cesa.
ANF
El tercer reporte del Observatorio Defensorial Judicial y Fiscal de octubre, evidencia una alarmante situación de violencia en Bolivia. Los datos son impactantes: 51 casos de feminicidio y 20 de infanticidio registrados hasta julio de este año, junto con 5.320 hechos de abuso sexual y violación que afectan principalmente a mujeres y menores de edad. Las cifras demuestran que la violencia extrema sigue siendo un problema crítico que requiere atención inmediata.
La investigación destaca que los crímenes contra niñas, niños y adolescentes, así como contra mujeres, son perpetrados con niveles preocupantes de crueldad. Las voces de las víctimas y de sus familias claman justicia, resonando con fuerza en cada rincón del país. Sin embargo, el reporte subraya que los sistemas de justicia siguen enfrentando serias dificultades para responder de manera efectiva.
Como parte de sus esfuerzos, el Observatorio llevó a cabo visitas in situ en cuatro de los principales distritos judiciales: Chuquisaca, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Estas visitas revelaron la persistente mora procesal en cientos de casos, una problemática que afecta directamente el acceso a la justicia. Según el informe, el 37,39% de la carga procesal se encuentra estancada en la etapa de juicio, lo que prolonga la agonía de las víctimas y sus familias.
El distrito de Santa Cruz destaca como el más afectado, con 989 procesos penales en curso, seguido de Cochabamba y La Paz. Los delitos más comunes y preocupantes son los contemplados en los artículos 308, Bis y 310 del Código Penal, que tipifican la violación de menores. Estas cifras evidencian la necesidad de adoptar medidas de prevención y contención urgentes.
Uno de los logros del Observatorio ha sido la implementación de un análisis técnico-jurídico exhaustivo. Gracias a ello, se identificaron tiempos de demora en las etapas procesales, lo que permitió formular recomendaciones precisas para acelerar los casos. Este enfoque, basado en datos y evidencias, es crucial para prevenir la retardación de justicia y proteger a las víctimas de posibles represalias o mayores daños.
En el marco de las visitas in situ se verificaron y actualizaron un total de 2.394 procesos penales cometidos por adultos. De estos, un significativo porcentaje permanece en las primeras etapas procesales, sin resolución. Las instituciones judiciales y fiscales han reconocido la necesidad de mejorar la celeridad de los procesos y garantizar que los plazos legales se cumplan.
El informe también resalta los esfuerzos por documentar y denunciar abusos en Centros de Reintegración Social (CRS), donde adolescentes cumplen medidas socioeducativas. Se revisaron 334 archivos personales y se identificaron violaciones de derechos que deben ser corregidas. Las edades predominantes entre los adolescentes con responsabilidad penal oscilan entre 16 y 17 años, un grupo especialmente vulnerable.
Por otro lado, el Observatorio promovió acciones coordinadas con la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo de Justicia. Este esfuerzo interinstitucional busca priorizar los casos de feminicidio y asegurar un trato adecuado a las víctimas. En la primera fase de priorización, se lograron 37 sentencias, un avance que, aunque significativo, sigue siendo insuficiente frente a la magnitud de los problemas.
En la segunda fase, se identificaron 110 casos adicionales de feminicidio para un tratamiento más expedito. Sin embargo, solo el 57,4% ha avanzado hacia una resolución. El Observatorio hace un llamado a redoblar esfuerzos para evitar la impunidad y asegurar que las víctimas reciban justicia plena y oportuna.
El informe no solo se centra en la sanción, sino que también destaca la importancia de la prevención. Las campañas de sensibilización, lideradas por la Defensoría del Pueblo, incluyen postales informativas, videos educativos y proyectos de ley dirigidos a proteger a niñas, niños y adolescentes. Estas acciones buscan generar conciencia en la sociedad y promover una cultura de respeto y seguridad.
Otra iniciativa clave fue el desarrollo de un Protocolo Interinstitucional, todavía en revisión, que pretende optimizar la respuesta a crímenes de género. Este protocolo establece procedimientos claros para la búsqueda y detención de responsables, en coordinación con la Policía Boliviana. Según el informe, su implementación será crucial para la efectividad de las intervenciones judiciales.
Además, se destacó el uso de herramientas tecnológicas como el “DASHBOARD”, un sistema en línea que proporciona datos actualizados sobre los procesos de feminicidio e infanticidio. Esta innovación no solo mejora la transparencia, sino que también permite a las autoridades y al público en general monitorear el avance de los casos.
El Observatorio insiste en la necesidad de reformas estructurales, incluyendo más recursos humanos y mejor infraestructura para el sistema judicial. Sin estos cambios, advierten, será imposible brindar una justicia pronta y sin dilaciones, como demanda la Constitución y la sociedad.
Finalmente, el reporte concluye con un llamado a la acción. Los derechos de las víctimas no pueden seguir siendo postergados. El Estado debe cumplir con su obligación de garantizar una justicia efectiva, con procesos rápidos y un enfoque que priorice la protección y reparación del daño.
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