La presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, leyó ayer la opinión consultiva. Foto: Captura de video
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la Opinión Consultiva 32 de 2025 estableció que los estados y las empresas tienen obligaciones vinculantes, conforme al derecho internacional, para abordar la crisis climática como una emergencia de derechos humanos; además de reconocer como un derecho el clima y ambiente sanos.
Chile y Colombia presentaron, el 9 de enero de 2023, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de Opinión Consultiva sobre las obligaciones de los Estados para responder a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, con fundamento en el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y conforme a los artículos 70.1 y 70.2 del Reglamento de la Corte.
A más de dos años desde que se presentó, a través de una amplia interpretación del derecho internacional, la Corte aclaró que el derecho internacional de los derechos humanos impone obligaciones jurídicas para prevenir, reducir y remediar los daños provocados por la crisis climática.
En su opinión consultiva sobre cambio climático, la Corte Interamericana declaró claramente que el planeta afronta una emergencia climática que está socavando los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras, y que los derechos humanos deben estar en el centro de toda respuesta efectiva, refleja en su portal el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL por sus siglas en inglés), que celebró la histórica decisión.
Asimismo, señaló que la Corte reconoció que los derechos a un clima seguro y a un medio ambiente sano son protegidos por el sistema interamericano de derechos humanos, estableciendo obligaciones claras para que los Estados regulen la actividad empresarial, adopten metas climáticas ambiciosas basadas en la ciencia y la equidad, y eviten daños irreversibles a los ecosistemas y a la vida humana. También reafirmó la prohibición de causar daños ambientales irreversibles, situándola entre los deberes más altos del derecho internacional.
La Corte dedicó una sección de la Opinión a las personas defensoras del ambiente, declarando que los Estados tienen un deber afirmativo de proteger a quienes defienden la tierra, el clima y los derechos humanos. La Corte subrayó el papel vital de los Pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes y la juventud en la respuesta a la emergencia climática, precisa la CIEL.
Reacciones
Pablo Saavedra, el secretario de la Corte IDH, resaltó la decisión como histórica y recuerdó la responsabilidad de actores estatales y civiles para que los marcos jurídicos funcionen.
“Yo creo que el siguiente paso para los Estados es tomar en serio esta opinión consultiva y empezar a utilizarla en el diseño de sus políticas públicas. También creo que es muy importante que la tengan en cuenta los tribunales internos, que la sociedad civil también conozca esta opinión consultiva y vea hasta dónde puede llegar. Es decir, todos los actores. Esta es una opinión consultiva que es importante para todos los actores de nuestra sociedad”, indicó Saavedra, según RFI.
“Conectar la crisis climática con los derechos humanos”
Luisa Gómez, abogada para el Centro Internacional del Medioambiente (CIEL), indicó por su parte la participación histórica en la consulta que viene de una necesidad de actuar ante los daños medioambientales.
“La participación de comunidades, pueblos étnicos, organizaciones de la sociedad civil, Estados, denunciando todos los impactos y los efectos de la crisis climática en sus territorios fue monumental. Ha sido la necesidad de conectar la crisis climática con los derechos humanos, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a un medioambiente sano, el derecho a un aire limpio”, explicó.
“Entonces esta oportunidad fue histórica, justamente para que las personas le dijeran a los jueces: ‘Así estamos sufriendo la crisis climática, que está cambiando la forma en la que vivimos y como nos relacionamos con el planeta y además está influyendo negativamente en la garantía de nuestros derechos’. Por eso los Estados y otros actores, como las empresas, tienen que respetar y garantizar los derechos en el contexto de la crisis ambiental climática”, recalcó.
Luisa Gómez aseguró que esta decisión no solo involucra a América Latina y el Caribe, sino que también impulsa un marco legal global para proteger el planeta.
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