Posesión de generales. Foto: Comunicación presidencial
ANF
De las 1.463 denuncias presentadas en el nivel disciplinario contra policías por hechos de tortura y malos tratos, sólo 19 efectivos cuentan con sanción ejecutoriada, de acuerdo al documento “Diagnóstico situacional sobre la tortura” que se basa en datos de la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi) y el Tribunal Disciplinario Superior (TDS).
Los datos corresponden a las gestiones 2019 a 2022, de donde se desprende que solo 1,2% de los casos llegan a ser ejecutoriados; sin embargo, el documento advierte que existen procesos ejecutoriados con prescripción de la falta y archivo de obrados y una cantidad elevada de absolución correspondiente a 38 casos.
En el ámbito penal no existe ninguna sentencia contra policías por casos de tortura y malos tratos debido a que “existe una complicidad con fiscales y jueces” para invisibilizar estos delitos, lo advirtió el Instituto contra la Tortura (ITEI).
El ITEI dijo a ANF que la Policía utiliza la tortura como método de investigación y este proceder se mantiene vigente, más aún al no haber ningún proceso ni sentencia penal en contra de ellos, a pesar de los miles de casos registrados.
“Para determinar esta falta de inactividad sancionatoria, aún existen procesos que se encuentran en etapa de apelación donde la absolución cobra nuevamente relevancia en una posible sanción ratificada”, se lee en el documento de Diagnóstico de la Tortura.
Quiénes vulneran
De las 1.463 denuncias presentadas, 895 están referidas a que fueron Suboficiales y Sargentos los que realizaron tales hechos, 545 entre Generales, Jefes y Oficiales; y 23 que fueron varios autores los que cometieron faltas para ser sancionadas.
“Lo que se demuestra, que el ejercicio de la tortura y malos tratos se encuentra direccionada en todos los niveles de la Policía Boliviana, evidenciando que los Suboficiales y Sargentos tienen mayor contacto con las personas arrestadas, aprehendidas o detenidas”, indica.
Tipos de denuncias
La mayor parte de las denuncias presentadas contra efectivos policiales se refieren a las agresiones verbales y/o psicológicas por motivos racistas, sexistas o discriminatorios en el marco de la Ley Nº 045, seguido de denuncias por agresiones físicas a los arrestados, aprehendidos o detenidos en celdas policiales, “donde se refleja claramente la situación de abuso al momento de ejercer custodia contra las personas privadas de libertad”.
Asimismo, la ejecución de tratos inhumanos crueles o degradantes, aficiones de tortura, atentado contra los derechos humanos alcanzan las 271 denuncias, al considerarse otra forma de demostrar violencia en contra de personas bajo custodia; y, en menor proporción las agresiones físicas y/o sexuales por motivos racistas o discriminatorios.
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