Editorial Sumando Voces
El destino del sistema de justicia está en manos del poder político, más aún en estas horas cruciales, cuando la ley que regula el proceso de selección de candidatos a magistrados y la realización de las elecciones judiciales se encuentra en la Cámara de Diputados, luego de su aprobación en el Senado.
Es por todos sabido que las elecciones judiciales han sido una pésima decisión que, lejos de resolver el problema, han hundido al Órgano Judicial hasta el fondo del pozo, donde convive con la corrupción, la manipulación política, la retardación y la burocracia.
Sin embargo, también es cierto que la elección, inserta en la Constitución Política del Estado, es el único camino para nombrar magistrados de las altas cortes del país.
Lo que nos queda, desde la vereda ciudadana, es exigir que el proceso de selección de candidatos sea transparente, basado en criterios de idoneidad, honestidad y equidad, para que los ciudadanos, cuando emitan su voto, elijan entre los mejores y no únicamente entre los postulantes del partido oficialista.
En ese afán se ha embarcado una alianza de instituciones, que han establecido la Veeduría Ciudadana para la preselección de jueces, desde donde estaremos vigilantes para que este proceso se realice con los estándares señalados.
Hay que recordar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) había pedido que la lista de candidatos sea remitida a ese órgano del Estado hasta el 3 de septiembre, para garantizar unas elecciones antes de fin de año, puesto que los actuales magistrados terminan sus funciones el 31 de diciembre y los nuevos deben ser posesionados hasta el 2 de enero.
En un reciente conversatorio organizado por la Veeduría, algunos juristas, entre ellos Eduardo Rodríguez Veltzé y Ramiro Orías, instaron a encontrar una salida constitucional a este empantanamiento sin importar que los plazos se alarguen un poco. Eso sería preferible a dejar que se apliquen soluciones inconstitucionales que podrían emerger del Órgano Ejecutivo o del Tribunal Constitucional.
Y en ese sentido actuaron los senadores, que aprobaron un plazo de 135 días para todo el proceso, 45 de los cuales se destinarán a la preselección de candidatos y 90 a la organización de las elecciones. Sin embargo, el nuevo cronograma acorta los tiempos para la acción ciudadana porque reduce las impugnaciones a dos días y no consigna un tiempo para las entrevistas.
Con todo, existe la coincidencia de que la selección de candidatos y las elecciones judiciales no resolverán la crisis del sistema judicial, el que debe ser sometido a una reforma estructural para dar respuesta a problemas como los altos niveles de impunidad, el gran porcentaje de detenidos preventivos que ronda el 70%, la ausencia de autoridades judiciales en el área rural, la falta de presupuesto, la ausencia de garantía para el ejercicio efectivo de la justicia indígena, entre otros ejes del problema. Sólo una reforma profunda, bajo acuerdos y consensos que pongan por encima el interés público general, garantizará la tutela de los derechos humanos en el país.
Paso a paso se llega lejos y, en estas horas cruciales, los partidos políticos tienen en sus manos la selección de candidatos para las elecciones judiciales, que es el punto de partida de este largo proceso. Sobre ellos están puestos los ojos de la ciudadanía. En ellos está el poder de marcar la diferencia.
