La presidenta de Acobol, Josefina Velásquez, en un evento anterior. Foto: Acobol
Los casos de acoso y violencia política contra las mujeres concejalas van en aumento por supuestos acuerdos de medio término o de gestión compartida, que no están avalados por la ley y que derivan en la renuncia forzada de concejalas en diversos municipios para dar paso a sus suplentes.
La presidenta de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), Josefina Velásquez, informó a Sumando Voces que ya se presentaron 40 denuncias de concejalas afectadas por el acoso político por supuesta “gestión compartida” y ella prevé que los casos seguirán aumentando hasta marzo ó abril, cuando se cumplen tres años de gestión municipal, pues algunos supuestos acuerdos prevén que los dos últimos años serán asumidos por los suplentes.
La autoridad señaló que 2023 se presentaron 141 denuncias de acoso y violencia política, de las cuales, 44 corresponden a la mal llamada gestión compartida, pero aclaró que estos acuerdos no tienen ningún respaldo legal y sólo obedecen a las presiones de las organizaciones sociales y organizaciones políticas.
“No está respaldado por la ley, pero lo utilizan las organizaciones sociales, las organizaciones políticas para que cada autoridad, en realidad las mujeres, debamos compartir la gestión dos años y medio en algunos casos, en otros casos dos años, tres años, pero esto no está legalmente amparado por nuestra normativa constitucional. Entonces eso también está un poco elevando esos casos de acoso y violencia política”, dijo Velásquez desde Caracollo, donde se desempeña como concejala.
Los casos más recientes sobre violencia política ocurrieron en el municipio cochabambino de Sipe Sipe, donde dos concejalas fueron obligadas a firmar su licencia hasta la conclusión de la gestión para que asuman sus suplentes, sin embargo, ellas negaron haber acordado la entrega del cargo a mitad de gestión.
Estos hechos de violencia política ocurren apenas unos días después de que se emitiera sentencia en el caso del asesinato de la concejala de Ancoraimes, Juana Quispe, cuyos verdugos fueron sentenciados a 30 años de cárcel.
La muerte de Quispe, ocurrida en 2012, aceleró la aprobación de la Ley 243, contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres. Casi 12 años después, el acoso político no ha cesado y solo hay cuatro casos en los que se ha dictado sentencia contra los agresores. El caso de Juana Quispe ocurrió antes de la aprobación de esa norma y se juzgó como un asesinato común.
Uno de los casos en los que hay sentencia corresponde a la concejala de Riberalta, Soraya Destre, quien sufrió acoso y violencia física por parte del cívico Katriel Muller, quien fue sentenciado a tres años de prisión.
Según un recuento consolidado de Acobol y la Defensoría del Pueblo, se presentaron 600 casos de acoso y violencia contra mujeres concejalas desde 2018 hasta junio del año pasado.
Según Velásquez, esto se debe a que “los alcaldes no permiten llevar adelante la fiscalización” y, por otro lado, las concejalas enfrentan esa tarea con pocos recursos, por lo que ven limitadas sus funciones.
“Gestión compartida”
Los casos de acoso y violencia política por la supuesta “gestión compartida”, según Velásquez, están siendo confundidos con la alternancia, que obliga a tener listas paritarias entre hombres y mujeres a la hora de inscribir candidaturas, pero en ningún caso a entregar el cargo a un suplente.
En todo caso, la ley establece la nulidad de los actos ejercidos por las mujeres concejalas bajo presión, como fue el caso de las concejalas de Sipe Sipe.
Velásquez lamentó que en algunos casos las propias concejalas acepten estos tratos asegurando que hay “un compromiso de palabra o por usos y costumbres”.
La concejala considera que “persiste la violencia en contra de las mujeres porque estamos dentro de una sociedad machista, una sociedad patriarcal. Es un problema ya estructural, sin embargo, hay que cambiar esta mentalidad”.
Velásquez instó a las concejalas a no callar, a denunciar el acoso y la violencia política, más aún luego de la jurisprudencia sentada por el caso de Juana Quispe, que se ha convertido en un proceso emblemático de búsqueda de justicia.
Sentencias emitidas en el marco de la Ley 243
El 12 de febrero de 2021, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz sentenció con dos años de privación de libertad a Rafael “Tata” Quispe en el proceso iniciado por Felipa Huanca por el delito de acoso político.
El 26 de octubre de 2022, el Juzgado de Sentencia Segundo de Quillacollo dictaminó sentencia de tres años de cárcel en contra del exasambleísta departamental de Cochabamba, Arturo Vegamonte, por acosar políticamente a la asambleísta María Patzi.
El 2 de junio de 2023, el juez Jorge Alcoba dictó tres años de prisión para el concejal de Villamontes, Marco Antonio Espíndola, por el delito de violencia política en contra de la concejala Norma Hidalgo.
29 de agosto de 2023, el Juzgado de Sentencia Penal Primera de Riberalta emitió la sentencia condenatoria en el caso de acoso y violencia política, del cual fue víctima la concejala Soraya Destre, ocasionados por el exdirigente cívico Katriel Muller.
Hay 44 casos de acoso y violencia política contra concejalas por supuestos acuerdos de “gestión compartida”
Los casos de acoso y violencia política contra las mujeres concejalas van en aumento por supuestos acuerdos de medio término o de gestión compartida, que no están avalados por la ley y que derivan en la renuncia forzada de concejalas en diversos municipios para dar paso a sus suplentes.
La presidenta de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), Josefina Velásquez, informó a Sumando Voces que ya se presentaron 40 denuncias de concejalas afectadas por el acoso político por supuesta “gestión compartida” y ella prevé que los casos seguirán aumentando hasta marzo ó abril, cuando se cumplen tres años de gestión municipal, pues algunos supuestos acuerdos prevén que los dos últimos años serán asumidos por los suplentes.
La autoridad señaló que 2023 se presentaron 141 denuncias de acoso y violencia política, de las cuales, 44 corresponden a la mal llamada gestión compartida, pero aclaró que estos acuerdos no tienen ningún respaldo legal y sólo obedecen a las presiones de las organizaciones sociales y organizaciones políticas.
“No está respaldado por la ley, pero lo utilizan las organizaciones sociales, las organizaciones políticas para que cada autoridad, en realidad las mujeres, debamos compartir la gestión dos años y medio en algunos casos, en otros casos dos años, tres años, pero esto no está legalmente amparado por nuestra normativa constitucional. Entonces eso también está un poco elevando esos casos de acoso y violencia política”, dijo Velásquez desde Caracollo, donde se desempeña como concejala.
Los casos más recientes sobre violencia política ocurrieron en el municipio cochabambino de Sipe Sipe, donde dos concejalas fueron obligadas a firmar su licencia hasta la conclusión de la gestión para que asuman sus suplentes, sin embargo, ellas negaron haber acordado la entrega del cargo a mitad de gestión.
Estos hechos de violencia política ocurren apenas unos días después de que se emitiera sentencia en el caso del asesinato de la concejala de Ancoraimes, Juana Quispe, cuyos verdugos fueron sentenciados a 30 años de cárcel.
La muerte de Quispe, ocurrida en 2012, aceleró la aprobación de la Ley 243, contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres. Casi 12 años después, el acoso político no ha cesado y solo hay cuatro casos en los que se ha dictado sentencia contra los agresores. El caso de Juana Quispe ocurrió antes de la aprobación de esa norma y se juzgó como un asesinato común.
Uno de los casos en los que hay sentencia corresponde a la concejala de Riberalta, Soraya Destre, quien sufrió acoso y violencia física por parte del cívico Katriel Muller, quien fue sentenciado a tres años de prisión.
Según un recuento consolidado de Acobol y la Defensoría del Pueblo, se presentaron 600 casos de acoso y violencia contra mujeres concejalas desde 2018 hasta junio del año pasado.
Según Velásquez, esto se debe a que “los alcaldes no permiten llevar adelante la fiscalización” y, por otro lado, las concejalas enfrentan esa tarea con pocos recursos, por lo que ven limitadas sus funciones.
“Gestión compartida”
Los casos de acoso y violencia política por la supuesta “gestión compartida”, según Velásquez, están siendo confundidos con la alternancia, que obliga a tener listas paritarias entre hombres y mujeres a la hora de inscribir candidaturas, pero en ningún caso a entregar el cargo a un suplente.
En todo caso, la ley establece la nulidad de los actos ejercidos por las mujeres concejalas bajo presión, como fue el caso de las concejalas de Sipe Sipe.
Velásquez lamentó que en algunos casos las propias concejalas acepten estos tratos asegurando que hay “un compromiso de palabra o por usos y costumbres”.
La concejala considera que “persiste la violencia en contra de las mujeres porque estamos dentro de una sociedad machista, una sociedad patriarcal. Es un problema ya estructural, sin embargo, hay que cambiar esta mentalidad”.
Velásquez instó a las concejalas a no callar, a denunciar el acoso y la violencia política, más aún luego de la jurisprudencia sentada por el caso de Juana Quispe, que se ha convertido en un proceso emblemático de búsqueda de justicia.
Sentencias emitidas en el marco de la Ley 243
El 12 de febrero de 2021, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz sentenció con dos años de privación de libertad a Rafael “Tata” Quispe en el proceso iniciado por Felipa Huanca por el delito de acoso político.
El 26 de octubre de 2022, el Juzgado de Sentencia Segundo de Quillacollo dictaminó sentencia de tres años de cárcel en contra del exasambleísta departamental de Cochabamba, Arturo Vegamonte, por acosar políticamente a la asambleísta María Patzi.
El 2 de junio de 2023, el juez Jorge Alcoba dictó tres años de prisión para el concejal de Villamontes, Marco Antonio Espíndola, por el delito de violencia política en contra de la concejala Norma Hidalgo.
29 de agosto de 2023, el Juzgado de Sentencia Penal Primera de Riberalta emitió la sentencia condenatoria en el caso de acoso y violencia política, del cual fue víctima la concejala Soraya Destre, ocasionados por el exdirigente cívico Katriel Muller.
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