Los trabajos de dos empresas transnacionales por ahora quedan paralizados en el salar de Uyuni. Foto: ABI
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, lamentó que un juez haya ordenado frenar el curso administrativo y cualquier obra relacionada a los contratos para la explotación litio con empresas extranjeras en Uyuni; según la autoridad, la decisión judicial provoca un retroceso en el desarrollo de Oruro y Potosí.
La jornada pasada, el juez Edson Villarroel Herrera concedió la tutela a los campesinos de Nor Lípez, Potosí, para que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el Ministerio de Hidrocarburos suspendan cualquier acción relacionada a los convenios que firmaron con Uranium One Group y Hong Kong CBC para la explotación de litio en el Salar de Uyuni.
Los campesinos de Nor Lípez presentaron una acción popular pidiendo la tutela de los derechos de las comunidades indígenas a la libre determinación, a la consulta previa e informada, al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente sano.
“Lamentamos, como gobierno nacional, porque estos contratos al final del día, para la prestación de servicios de estas empresas, porque estas empresas no están haciendo inversión, sino van a prestar servicios para la extracción del litio, retrasan el progreso tanto de Oruro como de Potosí”, aseguró Montenegro.
La resolución judicial mantiene la medida hasta que no exista un estudio integral de impacto socioambiental. El juez también ordenó notificar con el documento a la Asamblea Legislativa para que tenga conocimiento de la medida cautelar.
“Quedará en la evaluación y también en las responsabilidades de aquellos que están retrasando este tema, porque además la Asamblea no le ha tomado la importancia debida a esto. Entonces, hay corresponsabilidad por no haber ayudado e impulsado desde estos lugares el desarrollo regional. El gobierno nacional descarga su responsabilidad al haber mandado estos contratos y al haber hecho lo que tenía que ser, gestionar la normativa para que la Asamblea lo apruebe. Hacemos un retroceso con este fallo judicial”, dijo el ministro.
En febrero de este año, el presidente de YLB, Omar Alarcón, afirmó que el estudio de impacto ambiental se desarrollará después que los contratos para la explotación de litio en el Salar de Uyuni sean aprobados en la Asamblea Legislativa.
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