MONGABAY
El ministro de Producción Sostenible y Medio Ambiente y Agua, Óscar Justiniano, pidió a todo el personal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), incluido los guardaparques, que pongan “sus cargos a disposición” mientras el organismo define su nueva estructura. Este instructivo, emitido el 28 de agosto a través de una carta enviada a la directora del Sernap, Cecilia Miranda, provocó el rechazo de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac), organización que se declaró en “emergencia” y que insiste en una reunión con el presidente Rodrigo Paz.
Justiniano afirmó que una vez definida la nueva estructura organizacional, se procedería con las designaciones o ratificaciones “que correspondan”, según el documento al que accedió Mongabay Latam.
Este medio se contactó con Miranda para conocer la posición del Sernap, pero desde esa instancia se informó que la medida fue elaborada por el Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua. A su vez, en el organismo confirmaron la instructiva. Mongabay Latam también se contactó con el Ministerio, pero no dieron respuesta.
El presidente de Abolac, Marcos Uzquiano, también confirmó a Mongabay Latam la veracidad del instructivo y dijo que los guardaparques se enteraron de la noticia el mismo 28 de agosto. Ese día, Abolac sostuvo una reunión con Miranda para comunicarle sus observaciones ante la decisión gubernamental. Este medio también tuvo acceso al acta de esa reunión.
“La dirección ejecutiva hace énfasis sobre la situación compleja que las áreas protegidas vienen afrontando con relación al proceso de transición que se viene aplicando en el marco del Decreto Supremo 5675, por lo cual, en cumplimiento del mismo se realizarán las desvinculaciones laborales de todo el personal TGN -en relación de dependencia con el Estado- de la Unidad Central y de las áreas protegidas”, dice parte del acta. En Bolivia, ese personal es el que recibe salario público a través del Tesoro General de la Nación (TGN) y que recibe los beneficios establecidos por ley, como el pago de aguinaldo, seguro médico y aportes para la jubilación.
Esa acta también establece, en caso de que haya renuncias voluntarias, “compromisos de buena fe asumidos con el Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua” para que se pueda lograr una reincorporación en el lapso de diez días. Sin embargo, se establecía que el personal desvinculado podía recibir sus salarios hasta el 25 de agosto por “corte de transición”.
El decreto 5675 da vida al Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua luego de que el presidente Paz haya eliminado el Ministerio de Medio Ambiente y Agua ni bien juró a la Presidencia de Bolivia. Entonces, las políticas ambientales fueron mudadas al ahora extinto Ministerio de Planificación del Desarrollo y las tareas de agua pasaron al Ministerio de Desarrollo Productivo. En ambos casos se crearon viceministerios, lo que provocó críticas de pueblos indígenas, legisladores y ambientalistas.
El 3 de agosto, el mandatario boliviano volvió a modificar la estructura de la cartera ambiental: eliminó el ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente y creó el de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua. Esta cartera está a cargo de Óscar Justiniano, empresario agroindustrial y quien antes de jurar al cargo era parte de organizaciones empresariales del departamento de Santa Cruz.
La reacción de los guardaparques
Uzquiano calificó la medida de “preocupante” y explicó que primero, antes del 28 de agosto, el ministro Justiniano le pidió a Miranda desvincular a todos los guardaparques que están bajo el ala del Sernap con la “excusa” de que serían nuevamente recontratados. Esa medida, según el presidente de Abolac, fue desestimada y por eso se emitió la solicitud de pedidos de renuncia a los guardaparques.
“[Miranda] nos pidió, como directores [de áreas del Servicio], que emitamos una carta también pidiendo la renuncia de todos los guardaparques. Nosotros hemos rechazado hacer esa nota y ahora estamos en alerta máxima debido a esta situación”, afirmó Uzquiano a Mongabay Latam.
El líder de los guardaparques de Bolivia también informó que enviaron una “denuncia de vulneración de derechos laborales” al Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. En la nota, a la que Mongabay Latam tuvo acceso, Abolac explica la situación del caso y detalla las reuniones con Miranda y las cartas enviadas por el ministro Justiniano.
“Esta exigencia de ‘poner el cargo a disposición’ constituye, en la práctica, una forma encubierta y coercitiva de desvinculación masiva, que genera inseguridad jurídica laboral, amenaza la continuidad del servicio público esencial de protección a las áreas protegidas y vulnera de manera flagrante los derechos constitucionales de los guardaparques, quienes en su mayoría son servidores públicos de carrera”, dice parte de la denuncia que fue enviada el 31 de agosto.
En esa misma carta, Abolac pide a la Defensoría del Pueblo de Bolivia que se realice una “investigación defensorial” respecto a la medida asumida por el Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, y que pida a esa instancia un informe sobre el alcance del pedido de renuncia a los guardaparques. Además, se solicita que esa instancia que solicite al ministerio dejar sin efecto el instructivo.
Custodios de los bosques bolivianos
Existen alrededor de 300 guardaparques en Bolivia, pero solo 143 están bajo contratos con beneficios sociales. El resto tiene modalidades de contratación más laxas y sin muchos de los beneficios que da la contratación bajo relación de dependencia del Estado. La mayoría de los guardaparques trabaja con contratos temporales y sin beneficios laborales, según Uzquiano.
Los guardaparques bolivianos custodian 23 áreas protegidas nacionales, protegen el 15.5 % de todo el territorio del país y su función es alertar ante amenazas como la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de fauna silvestre, narcotráfico, incendios forestales y avasallamientos o invasiones de las áreas bajo su cuidado.
Abolac planteó una nivelación salarial para el sector, argumentando que los ingresos de los guardaparques perdieron poder adquisitivo debido al incremento del costo de vida y la crisis económica que atraviesa Bolivia. Uzquiano dijo que se trata de uno de los sectores con menores remuneraciones dentro de la Administración pública, pese a las responsabilidades que asumen en la protección de la biodiversidad.
Es por eso que pidieron una reunión al presidente Rodrigo Paz para llevarle sus demandas. El encuentro debía ser el 31 de julio, Día Internacional del Guardaparque, pero el mandatario no los recibió. Uzquiano afirmó que antes de esa solicitud hubo otra, que tampoco tuvo respuesta. Abolac seguirá intentando concretar una reunión con Paz.
Bolivia es uno de los más de 190 países que se comprometieron en 2024 con la tercera meta del Marco Global para la Diversidad Biológica (MGDB) denominada 30×30. Para lograr este resultado se le exige al país dar una eficiente protección a las áreas protegidas -nacionales y subnacionales-, sitios Ramsar y ecosistemas estratégicos para garantizar la conservación de al menos el 30 % de su superficie a 2030.
Las áreas protegidas ofrecen funciones ecosistémicas vitales, que van desde la conservación de la biodiversidad y especies hasta la protección de hábitats. Además, son parte fundamental para la regulación del clima y del ciclo hidrológico. Bolivia es el segundo país con mayor pérdida de bosque tropicales en el mundo, de acuerdo con el último reporte del laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland, de Global Forest Watch y Global Nature Watch, del World Resources Institute (WRI).
La importancia de la conservación de las áreas protegidas está respaldada por un poderoso marco legal, que va desde la Constitución Política del Estado hasta más de 25 leyes y decretos supremos. Sin embargo, en los hechos, la protección de estos espacios naturales parece no ser una prioridad para el Estado boliviano, afirmó Uzquiano.
*Imagen principal: el presidente Rodrigo Paz junto a su ministro Óscar Justiniano en un evento de empresarios ganaderos. Foto: cortesía Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua
