En canciller Aramayo durante su participación. Foto: Captura de video
Visión 360
El gobierno del presidente Rodrigo Paz denunció este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se amenaza el orden democrático en Bolivia y los derechos fundamentales de la población, en el contexto de las movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien lleva seis meses en el poder.
“El Estado Plurinacional de Bolivia desea alertar con profunda preocupación sobre una serie de hechos que amenazan gravemente el orden democrático, la institucionalidad y los derechos fundamentales de nuestro pueblo”, expresó el canciller Fernando Aramayo.
El jefe de la diplomacia, que estuvo presente en la sesión de manera virtual, solicitó el respaldo del Consejo Permanente y de los Estados miembros de la OEA “para reafirmar el compromiso hemisférico con la preservación del orden democrático y constitucional en Bolivia; condenar toda forma de violencia política, coerción organizada y acciones destinadas a alterar el normal funcionamiento institucional del Estado”.
Desde hace más de dos semanas, Bolivia atraviesa una escalada de movilizaciones protagonizadas por sectores campesinos, afines al evismo y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB). Desde el lunes, las protestas se trasladaron a la ciudad de La Paz, donde se registró una jornada marcada por hechos de violencia.
Un grupo de manifestantes intentó ingresar por la fuerza a plaza Murillo, mientras que otros protagonizaron saqueos a entidades públicas y privadas, además de agresiones contra efectivos policiales y personas particulares.
Aramayo, esta jornada, también solicitó a la OEA “respaldar los esfuerzos del gobierno boliviano orientados al diálogo, la pacificación y la solución democrática y constitucional de las controversias”.
“Preocupantes indicios”
El canciller expresó que hay “preocupantes indicios” sobre la articulación de ciertos actores con estructuras que operan al margen de la legalidad y que pretenden instrumentalizar el conflicto social mediante mecanismos de presión incompatibles con los principios democráticos y el Estado de derecho.
Aramayo también indicó que el Gobierno reconoce y respeta de forma plena el derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión y la participación política. Sin embargo, remarcó que ninguna reivindicación política o sectorial “puede justificar el uso de la violencia, la intimidación, la coerción colectiva, ni la vulneración deliberada de los derechos fundamentales de la población”.
No al camino de la confrontación
El jefe de la diplomacia boliviana subrayó que el Gobierno “no acudirá jamás al camino de la confrontación como respuesta política” y recordó que el Ejecutivo, durante el conflicto, actuó con “prudencia, contención y apego al Estado de derecho, manteniendo abiertos todos los canales de diálogo”.
En ese marco, Aramayo solicitó el “acompañamiento político” y el “seguimiento atento” del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en el marco de sus atribuciones y de los principios de la Carta de la OEA, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del diálogo democrático, la preservación de la institucionalidad y la paz social en Bolivia.
