Desastre en Andavilque. Foto El Potosí
Ha pasado un mes desde la mazamorra que devastó la comunidad de Andavilque, en el municipio de Llallagua, Potosí. Recién ahora, el Ministerio Público admitió una denuncia penal para investigar el hecho. La diputada potosina de Comunidad Ciudadana, Lissa Claros, presentó la denuncia por homicidio culposo, incumplimiento de deberes y delitos medioambientales contra la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
«Hemos solicitado al fiscal general (Roger Mariaca) que se conforme una comisión de fiscales para realizar una investigación, hasta el día de hoy no ha movido ni un solo dedo para iniciar las diligencias a pesar de que hay personas fallecidas y más de 500 animales que también perdieron la vida», denunció la diputada en conferencia de prensa.
La legisladora recordó que en La Paz se produjo recientemente una mazamorra sin víctimas humanas ni animales, y ya hay personas aprehendidas e incluso “un alcalde perseguido”, mientras que en Andavilque no se ha avanzado en ninguna diligencia. A su criterio, esto se debe a que el responsable es el propio Estado, a través de Comibol.
“No puede ser que por una mazamorra en la ciudad de La Paz exista una investigación, y que por el derrame de desechos minerales tóxicos, con una cantidad interminable de hectáreas contaminadas de manera irreversible, no se actúe. Necesitamos que el Estado boliviano responda. Que Comibol y quienes están detrás de la minería ilegal, las coimas y la corrupción, también asuman su responsabilidad”, sostuvo la diputada, y exigió que el caso no quede en la impunidad.
La mazamorra en Andavilque
La madrugada del 16 de marzo, tras intensas lluvias, colapsó un dique de colas de Comibol en la comunidad de Andavilque. La mazamorra, cargada de lodo y residuos tóxicos provenientes de la actividad minera, provocó la muerte de dos personas y de más de 500 animales, también destruyó varias viviendas. La población exige justicia y que los responsables reparen los daños causados.
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