Familiares de Uría, Aramayo y Añez exigen liberación de «presos políticos», no creen en la justicia

Derechos Humanos

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Reunión de familiares de los presos políticos. Foto: Luisa Nayar

ANF 

“No existe una justicia imparcial e independiente en Bolivia, tampoco un estado de derecho”, coincidieron los familiares del cocalero encarcelado Raúl Uría, de la hija de la expresidenta Jeanine Añez y del hijo de Marco Antonio Aramayo, quienes exigieron la liberación de los más de 200 presos políticos en Bolivia.

Los parientes de Raúl Uría, Marco Antonio Aramayo y Jeanine Añez, tres casos emblemáticos, estuvieron presentes en el Foro Ciudadano organizado por la diputada Luisa Nayar para denunciar la situación de cada uno de ellos. 

Carolina Ribera, hija de la expresidenta Añez, recordó que su mamá es una presa política desde hace más de tres años, tras un “juicio político” orquestado por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Exigió su inmediata liberación.

“No existe una justicia imparcial e independiente, no existe estado de derecho. Jueces y fiscales se someten al gobierno de turno de manera grosera. Siendo mi madre una exmandataria le corresponde juicio de responsabilidades, pero le han llevado por la vía ordinaria”, cuestionó Ribera. 

A más de tres años de reclusión, Ribera dijo que su madre aún está firme, con mucha fe y confianza en Dios porque está segura que llegará la hora en que se respeten sus derechos humanos y salga libre de la cárcel. Sin embargo, lamentó que en el país no exista otras instancias a dónde acudir, por eso extendieron la queja a nivel internacional. 

De acuerdo a la oposición tradicional, en Bolivia existe más de 200 presos políticos guardando detención en recintos penitenciarios de diferentes departamentos, principalmente por los hechos ocurrido después de la crisis del 2019. 

Entre algunos casos “emblemáticos” están la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; de la expresidenta Añez; de los dirigentes cocaleros de los Yungas Raúl Uría y César Apaza; y del exdirigente cívico, Marco Pumari.

Además, está el trágico caso de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, que murió en una cárcel con más de 200 procesos penales en su contra y torturado. Esa entidad interpuso cuatro nuevas denuncias en su contra, pese a que ya está muerto.

Entre tanto, en una intención de mantener el discurso de que en Bolivia hubo un “golpe de Estado en 2019”, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) insiste en que en Bolivia “no existe presos políticos, sino políticos presos”.

El hijo de Marco Aramayo, que tiene el mismo nombre de su padre fallecido, lamentó que el gobierno niegue la existencia de presos políticos en el país, cuando las pruebas dicen todo lo contrario.

“Hay presos políticos (…), las pruebas están, no hay por donde negar. Hay persecución, hay personas que son encarceladas injustamente”, declaró a la ANF, al recordar que el caso de su padre fue “emblemático” porque murió en la cárcel sólo por denunciar un hecho de corrupción en el Fondo Indígena.

Cuestionó que a 26 meses del fallecimiento todavía no se haya limpiado el nombre de su papá. “Pedimos justicia, que se aclare el caso y se limpie el nombre de (mi padre). (…) Fue el único que sacó a la luz el desfalco que hubo en su momento (en el Fondo Indígena)”, añadió Aramayo, hijo.

Iván Uría, hermano del cocalero Raúl Uría, también exigió la liberación de los presos políticos porque uno de los casos es el de su hermano que aún está preso, pese a que no hay pruebas del delito que se le acusa que es tráfico de armas. “Como hermano me siento incapaz y sólo esperamos que la justicia llegue, sabemos que llegará tarde o temprano”, finalizó.

Las tres personas participaron del foro ciudadano “La situación de los presos políticos en Bolivia” organizado por la diputada de  Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar, en el salón Multipropósito de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

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