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Bladimir Iraizos, exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), denunció este jueves presuntas irregularidades en al menos ocho proyectos de agua y saneamiento que habrían generado un daño económico al Estado que ascendería a Bs 17 millones.
Según el exfuncionario, cuando salió de la empresa, producto de una denuncia de presunta coima, dejó varios proyectos para ser ejecutados en las ciudades de La Paz y El Alto, pero al poco tiempo todos fueron paralizados por intervención de un “pequeño grupo delincuencial”.
Iraizos identificó como presuntos autores a Napoleón Yahuasi Mamani, presidente de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de La Paz; Jaime Gutiérrez Quevedo, actual Interventor de EPSAS y “militante” de Unidad Nacional; Jhon Leytón Calenzani, aparente funcionario en la Cámara de Diputados; y Karina Ordoñez, funcionaria de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS).
“El daño económico debe ascender a casi 17 millones de bolivianos en un solo proyecto, son varios proyectos de importación que se tiene, habrá que hacer una contabilización. La investigación la tienen que hacer el ministro de Justicia, (el ministro) de Medio Ambiente, de la que es parte EPSAS. (La denuncia) también vamos a presentar a la Contraloría para que puedan tomar acciones”, declaró Iraizos.
Entre los proyectos que fueron paralizados al poco tiempo de su salida están: el proyecto de Kallapa que tendría un financiamiento de Bs 30 millones; el purificador de agua en Achachicala, con inversión de Bs 4 millones; perforaciones de pozos en El Alto y La Paz, con un costo de Bs 9 millones; el cambio de tuberías antiguas para El Alto y La Paz que tendría otro costo millonario.
El exinterventor dijo que existen pruebas, como conversaciones de chats, documentación de las obras paralizadas y que fueron remitidas a los ministerios correspondientes para que se investigue el caso por presunto enriquecimiento ilícito.
En mayo, Quevedo fue posesionado como nuevo interventor de la EPSAS, en reemplazo de Iraizos, quien fue denunciado por un dirigente de la comunidad de Hampaturi por supuestamente intentar sobornarlo con Bs 20 mil a cambio de suspender las movilizaciones que pedían su renuncia. Iraizos dijo que la justicia desestimó el caso por falta de pruebas.
Por último, Iraizos dijo que el “pequeño grupo delincuencial” responde al expresidente Evo Morales y por eso intentan hacer daño a la gestión del presidente Luis Arce.
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