Dragas mineras. Foto: CPILAP
Una reciente investigación advierte que la minería ilegal ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una amenaza estructural que compromete la economía, el ecosistema y la seguridad nacional. El estudio «Presencia e incidencia de la minería ilegal en Bolivia», del investigador Alfredo Zaconeta, revela un complejo entramado de impunidad que abarca desde las cuencas del norte amazónico hasta los socavones del occidente andino.
En la última década, los departamentos de La Paz, Beni y Pando se han consolidado como el epicentro de la minería aurífera ilegal. Bajo la fachada de cooperativas, cientos de dragas y balsas operan sin control ambiental en ríos críticos como el Madre de Dios y dentro de áreas protegidas como el Parque Nacional Madidi.
El costo ambiental es devastador, ya que el uso indiscriminado de mercurio para la amalgamación del oro está contaminando irreversiblemente las fuentes de agua, afectando la salud de las comunidades indígenas ribereñas con niveles de toxicidad que superan ampliamente los límites sanitarios. Según el documento, esta actividad es alimentada por capitales extranjeros —de origen chino, colombiano y peruano— que suministran tecnología y financiamiento, evadiendo sistemáticamente los marcos regulatorios.
El «Jukeo» y el drama social en el Occidente
Mientras el norte brilla por el oro, en los distritos mineros tradicionales de Oruro y Potosí la ilegalidad tiene el rostro del estaño y el zinc. El fenómeno del «jukeo» (robo sistemático de mineral) ha golpeado duramente a empresas estatales como Huanuni y Colquiri, generando pérdidas que solo en Huanuni se estiman en 20 millones de dólares anuales.
Sin embargo, el impacto más alarmante es el humano. El informe documenta la persistencia del trabajo infantil y adolescente en las cooperativas mineras. Esta situación ya ha tenido repercusiones internacionales: en 2018, la gigante tecnológica Apple excluyó a la Metalúrgica Vinto de su lista de proveedores ante la sospecha de uso de mano de obra infantil en su cadena de suministro.
A pesar de que el sector minero representó el 52,4% del total de las exportaciones del país en 2024, su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) ha caído del 7,6% en 2009 al 5,1% en 2023. Esta paradoja se explica, en parte, por la evasión masiva de regalías y tributos que fomenta el mercado ilegal.
La investigación apunta a la debilidad institucional de entidades como la AJAM y el Senarecom como un factor clave. La falta de capacidad logística, la corrupción y el peso político de los sectores cooperativistas han frenado intentos legislativos para endurecer la lucha contra la minería ilegal.
El desafío: Más allá de lo punitivo
La conclusión de Zaconeta es contundente: el combate a la ilegalidad requiere una voluntad política real que trascienda la represión. El informe sugiere que la minería ilegal es, en gran medida, un síntoma de la incapacidad del Estado para generar empleo digno en las zonas mineras, convirtiendo al «jukeo» en una estrategia de supervivencia ante la pobreza.
Para frenar este modelo extractivo que «hipoteca el patrimonio natural y social», se propone la implementación urgente de un sistema robusto de trazabilidad del mineral, la simplificación de la formalización para pequeños mineros y una reforma normativa profunda que devuelva el Estado de Derecho a los territorios afectados.
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