Por Rodolfo Huallpa. Foto: AEVivienda.
¿Cuántas viviendas hay en Bolivia y cuántas personas tienen una? De acuerdo con datos del Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “El nuevo rostro de Bolivia”, la cantidad de viviendas aumentó en el país de 1.444.142 unidades en 1992 a 2.803.982 en 2012. En cambio, la población creció, en ese mismo lapso, de 6.421.963 a 10.059.856 habitantes. Si se mide la velocidad de crecimiento, la población estuvo creciendo a 2,3% promedio año y las viviendas a una velocidad mayor de 3,4%.
“De esto se puede inferir que la situación de la vivienda tiene un comportamiento deseable, en la medida en que crecen más rápido las viviendas que la población”, se lee en el “Análisis de Situación de las políticas sobre hábitat urbano y vivienda en Bolivia”, escrito por René Pereira y Daniel López, el cual aboga porque en Bolivia no sólo se tenga el derecho a una vivienda, sino a la ciudad.
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Estas cifras no representan que todos los bolivianos cuentan con una vivienda. Si se desglosan, el 63,8% de las viviendas están en las ciudades y el 36.1% en el campo. Además, el déficit de vivienda en el país sigue vigente. De acuerdo con los censos, en 1992 el déficit llegaba a 43,8%, en 2001 a 9,8% y en 2012 a 13,5%.
¿Y qué clase de viviendas se tienen? Según la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), citado en el estudio, más del 17,7% de la población en Bolivia no tiene energía eléctrica, de éstos el 42% está en el campo y el 4,4% en las ciudades. Más del 8% de las viviendas acceden al agua por pileta pública, en el campo es el 12% y en las ciudades un poco más del 6%. El 30% de las viviendas carece de un baño, el 62,5% está en el campo y el 12,38% en las ciudades. La carencia de desagüe a través de alcantarillado es más del 59%, en el campo 96,2% y en las ciudades el 40%.
“En las regiones metropolitanas es posible afirmar que existen 61.526 hogares con estos problemas, siendo mayor el déficit en la región metropolitana de Santa Cruz (27.666), seguido de La Paz (19.598) y finalmente la región metropolitana de Cochabamba, con el menor déficit (14.409)”, se lee en el estudio.
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Además, es necesario diferenciar qué caracteriza a una vivienda. El estudio hace una diferenciación entre lo que es una casa y una vivienda. Una casa es vista como una mercancía material ofertable en el mercado; en cambio una vivienda debe ser concebida como la ocupación del espacio destinado para la habitabilidad, que además debe cumplir una función social.
Actualmente el país vive una realidad en la que “las ciudades siguen creciendo con procesos de urbanización acelerados que no van acompañados de una política de ordenamiento territorial y procesos de planificación urbana”. De ahí la necesidad de una política urbana adecuada, que no esté bajo el paraguas del nivel central, sino de los municipios, principalmente, al ser ellos los que viven la realidad de cada una de sus poblaciones, sin embargo el nivel central debe continuar con la promoción y producción de viviendas, pero enmarcado en una política urbana no centralista y que no vea el territorio de manera utilitaria y mercantilista.
“El papel del Estado de ser descentralizado en función a este rol, no obstante, paradójicamente a escala nacional, departamental y municipal, se mantiene el centralismo… Esta función es concurrente con los municipios, sin embargo, el gobierno ejecuta y produce viviendas de una forma que no es la más adecuada”, cita el estudio.
Pero además, al problema se suma que la producción de viviendas no emplea recursos estatales, sino aportes patronales y fondos propios. “A partir de esto se debería fiscalizar los recursos mediante el seguimiento y el control social”, se destaca en el texto, a través del cual se apunta a los municipios como los llamados a hacer este control al estar estrechamente relacionados con la gente.
¿Quién debería producir la vivienda?, de acuerdo con la conferencia Diálogos Urbanos (2018), que abordó esta cuestión, es la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil quienes deben asumir este rol, con el reconocimiento del Estado, que debería respaldar con asistencia técnica y financiamiento.
Si bien actualmente hay un financiamiento para la vivienda social, “el Estado no destina recursos de los impuestos de los hidrocarburos en el sector vivienda y solo se financia éste con los aportes patronales”, destaca el texto.
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Es así que el estudio aboga por que el Estado se enmarque en generar políticas irrestrictas de acceso a la vivienda social a través de políticas de crédito que contemple la gestión del suelo, derechos reales, servicios, créditos, impuestos, sistemas catastrales, sistemas de información y otros.
