EPU: Una coalición de 300 organizaciones monitorea, reporta y vigila la situación de los derechos humanos en Bolivia en contrapeso al Estado

Derechos Humanos

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Yenny Escalante

Diversas organizaciones de la sociedad civil participaron en un encuentro preparatorio rumbo a la presentación del EPU. Foto: UNITAS

Un conglomerado de más de 300 organizaciones de la sociedad civil boliviana ha asumido un rol protagónico en el monitoreo, reporte y vigilancia de la situación de los derechos humanos en el país. Esta coalición, que opera como contrapeso al Estado, busca garantizar que el Examen Periódico Universal (EPU) refleje de manera integral las temáticas que, en muchas ocasiones, no reciben suficiente atención por parte de las instituciones gubernamentales.

La integrante de la comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá, destacó el rol fundamental de la sociedad civil en este proceso: «Muchas organizaciones del país se han articulado a través de un proceso que hemos impulsado como Comunidad de Derechos Humanos para la elaboración de informes alternativos que muestren aquellos temas, preocupaciones y desafíos que tiene Bolivia en materia de derechos humanos. (Participaron) más de 300 organizaciones en este ciclo del EPU».

Bayá destacó que a mediados de 2024 se enviaron los informes a la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como aporte para el Examen Periódico Universal (EPU), que tiene su punto culminante este martes 21 en Ginebra, donde el Estado defenderá su posición. En estos informes se detallan las medidas implementadas durante los cuatro años y medio transcurridos desde el ciclo anterior, así como los temas pendientes. Se hizo especial énfasis en las recomendaciones formuladas por las organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, las cuales fueron dirigidas a los miembros de la ONU, especialmente al Consejo de Derechos Humanos, con el objetivo de que sean tomadas en cuenta en el EPU de Bolivia y consideradas prioritarias.

Uno de los ejes más abordados en los informes tiene que ver con los derechos civiles y políticos, con énfasis en la independencia judicial, acceso a la justicia y situación penitenciaria; con relación a las libertades fundamentales, se destaca la libertad de expresión, libertad de asociación, criminalización de los defensores de derechos humanos, especialmente aquellos que trabajan en la defensa del medio ambiente. «En general, se aborda desde una mirada integral los diferentes derechos humanos», dijo Bayá, señalando también la preocupación sobre la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, la violencia de género, personas con discapacidad y el trabajo infantil, entre otros.

En este contexto, el abogado experto en derechos humanos, Franco Albarracín, resaltó la relevancia del Examen Periódico Universal (EPU) y destacó cómo la colaboración entre diversas organizaciones ha sido clave para documentar las deficiencias del Estado boliviano en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

«En este último periodo de sesiones del EPU, ha existido mayor coordinación y mayor participación de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, organizaciones gubernamentales, organizaciones y líderes indígenas, entre otros. Esta coordinación ha permitido la elaboración de mucha documentación que ha demostrado la falta de cumplimiento por parte del Estado boliviano de esos compromisos internacionales en materia de derechos humanos», dijo.

El especialista señaló que los Estados siempre afirman que han tenido un excelente despeño, es por ello que es fundamental la participación de la sociedad civil para que de su versión de la realidad. Enfatizó que los informes no necesariamente tienen que criticar las acciones del Estado, sino también pueden destacar sus logros y esfuerzos, no obstante, ese no es el caso de Bolivia, acotó.

El examen es crucial para determinar las recomendaciones que se traducirán en un conjunto de medidas que Bolivia deberá adoptar para mejorar su situación en materia de derechos humanos. Según Albarracín, uno de los temas más recurrentes en los informes es el de la justicia, la cual está relacionada a la criminalización de defensores ambientales, con la persecución política, con género, niño, niña adolescente, etc.

«El tema de la justicia es un eje central que está presente en el debate de todos los derechos humanos, y es sin duda es una temática donde se ha presentado mayores críticas, porque el Estado a pesar de haber tenido varias recomendaciones ha profundizado durante varios años la crisis de la justicia, quitando toda independencia a la administración de justicia, que involucra a jueces, fiscales, policías y abogados», puntualizó.

Albarracín también resaltó la persecución, los ataques y las amenazas dirigidas contra defensores de derechos humanos, así como el aumento de casos de criminalización. Además, mencionó la violencia contra las mujeres, no solo por las restricciones a sus derechos sexuales y reproductivos, sino también por las agresiones y ataques hacia mujeres defensoras en el contexto de actividades extractivas, como la minería ilegal y el narcotráfico. Por último, subrayó la importancia de abordar temas relacionados con el medio ambiente, los incendios forestales y la situación de los pueblos indígenas.

La coalición presentó sus informes a las representaciones diplomáticas en Ginebra, buscando contrastar la información proporcionada por el Estado boliviano con la situación real sobre el terreno. La participación activa de las organizaciones civiles y la preparación de estos informes alternativos es vista por las organizaciones de la sociedad civil como un paso vital para que el Estado boliviano asuma sus responsabilidades internacionales.

Albarracín señaló que el EPU es una herramienta útil para la sociedad civil, ya que permite ejercer presión sobre el Estado boliviano para la creación de leyes y políticas públicas, sirviendo como base para impulsar nuevas iniciativas. Explicó que, a través de las recomendaciones emitidas por otros Estados, se puede exigir su cumplimiento. Por ejemplo, si Canadá presenta una recomendación instando al Estado boliviano a cesar a las autoridades prorrogadas y convocar elecciones para los cargos acéfalos, la sociedad civil, así como diputados y senadores, pueden utilizar esa recomendación para insistir en su implementación y en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del país.

Las expectativas son altas, ya que las organizaciones de la sociedad civil esperan que las recomendaciones del EPU conduzcan a una agenda de derechos humanos que el Estado boliviano se comprometa a cumplir. «Esperamos que los temas que hemos planteado sean parte de esas recomendaciones y que el Estado boliviano las apoye, se comprometa a su cumplimiento y que eventualmente pueda asumir algunos compromisos voluntarios como lo ha hecho en otros ciclos», concluyó Bayá.

La coalición de más de 300 organizaciones sigue presionando para que las recomendaciones se conviertan en un compromiso real por parte del Estado, con el fin de lograr un cambio significativo en la protección de los derechos humanos en Bolivia.

Este martes, mientras en Ginebra, Suiza, el Estado boliviano defiende su posición, en La Paz se transmitirá la sesión del EPU con la participación del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos, la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil para los Derechos Humanos, la Unión Europea. Los comentarios estarán a cargo del expresidente de Bolivia, Eduardo Rodrígues Veltzé; el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya; y la integrante de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá.

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