Roberto Méndez, Claudia Terán y Carlos Zárate, durante el programa Sumando Voces en Directo.
Una coalición de 300 organizaciones de la sociedad civil elaboró informes alternativos sobre los derechos humanos en Bolivia para presentarlos en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y estableció que la mayoría de las recomendaciones realizadas en 2019 no fueron cumplidas por el Estado boliviano.
El nuevo examen será en enero, pero la sociedad civil entregará esta semana en Ginebra sus observaciones y sus nuevas recomendaciones. Sumando Voces en Directo abordó este tema en su más reciente programa, con la participación de la coordinadora del programa Defensores y Defensoras de UNITAS, Claudia Terán; con el representante de la Comunidad de Derechos Humanos, Carlos Zárate; y con el periodista y docente universitario, Roberto Méndez.
En el caso de las libertades fundamentales que fueron reportadas por la red UNITAS, los países le hicieron 15 recomendaciones al Estado boliviano en 2019, pero no se cumplió ninguna, indicó Terán.
“De las 15 recomendaciones que ha recibido el Estado boliviano en el anterior ciclo para los temas del informe de libertades fundamentales, principalmente sobre el derecho a defender derechos, nosotros consideramos que ninguna (se ha cumplido), o sea y que prácticamente no hay avances”, dijo Terán, quien considera que esa situación debería “preocuparnos porque al final nosotros somos los titulares de estos derechos y nos toca también de forma responsable asumir un rol de exigibilidad en el marco de respeto a las normas”.
Entre esas libertades y derechos se encuentran la libertad de prensa, la libertad de asociación, el derecho a defender derechos, el acceso a la información, el acceso a la justicia, entre otras.
Una percepción parecida tiene Carlos Zárate, integrante de la Comunidad de Derechos Humanos, quien dice que luego de recoger la percepción de la población sobre el avance desde el EPU del tercer ciclo (2019), “la gran mayoría de las recomendaciones no las ha cumplido el Estado a cabalidad y si hacemos una especie de puntuación, sería de medio para abajo, es decir, en algunas no se ha avanzado nada, en algunas muy poco, pero no hay un avance en implementación de las recomendaciones”.
Incluso, señala Zárate, “hay serios y peligrosos retrocesos”, refiriéndose particularmente al intento de los legisladores oficialistas de modificar la Ley 348, para restar derechos a las mujeres que sufren violencia.
Algunos datos de los informes alternativos
Libertad de prensa:
En libertad de prensa, el Estado recibió tres recomendaciones, referidas a la protección de periodistas frente a la intimidación y vigilancia, garantía de libertad de expresión e independencia de los medios.
Sin embargo, entre 2021 y 2023, hubo 412 vulneraciones a periodistas, principalmente agresiones, amenazas y falta de protección. La impunidad prevalece en al menos 30 casos de falta de protección e investigación a periodistas, mientras que los medios independientes enfrentan asfixia económica, presión política y malas condiciones laborales.
En ese marco, la sociedad civil recomienda implementar un mecanismo integral de protección para periodistas que involucre a la sociedad civil, garantizar el acceso equitativo a la publicidad oficial para los medios de comunicación, además de investigar y sancionar efectivamente las agresiones contra periodistas.
Al respecto, el periodista y docente universitario, Roberto Méndez, expuso las vulneraciones que sufren los periodistas, entre ellas, el caso Las Londras, como un ejemplo de impunidad porque luego de tres años de que un grupo de periodistas fueran tomados como rehenes por avasalladores de tierras, la justicia no avanza.
Méndez también habló de las constantes agresiones que sufrieron los periodistas durante el bloqueo evista, donde, según dijo, había una intencionalidad porque la frase que se repetía era: les vamos a prender fuego.
Libertad de asociación:
Se realizaron tres recomendacionesreferidas a reformar las leyes que limitan el derecho a la asociación, eliminando las presiones tributarias o de otra índole. Sin embargo, sólo en 2023, se reportaron 61 vulneraciones a la libertad de asociación, principalmente por obstrucción burocrática y división de organizaciones.
Según el reporte de las organizaciones de la sociedad civil, la Ley 351 impone causales desproporcionadas para revocar personerías jurídicas, exigiendo alinearse con políticas nacionales. Pese a recomendaciones internacionales, esta norma no se modifica y se siguen generando restricciones arbitrarias, mientras que los trámites vinculados a ONG son burocráticos y poco claros.
En ese marco, las organizaciones sugieren modificar la Ley No. 351 y la normativa vinculada, en concordancia con los estándares internacionales y simplificar los procedimientos de otorgación y renovación de personalidades jurídicas.
Acceso a la información:
Se realizaron tres recomendaciones referidas a la aprobación de legislación sobre acceso a la información, pero en la actualidad Bolivia carece de una ley que garantice el acceso a la información conforme a estándares de derechos humanos, pese a que una norma se aprobó en el Senado, pero queda pendiente su tratamiento en Diputados.
Frente a eso, las organizaciones recomiendan aprobar legislación que garantice el acceso a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos que faciliten la rendición de cuentas.
Acceso a la justica
En el anterior ciclo del EPU se realizaron 13 recomendaciones referidas a asegurar recursos suficientes (financieros, jurídicos y de otra índole), fortalecer la independencia del poder judicial y mejorar el acceso a la justicia, pero no se cumplieron.
El reporte de la sociedad civil indica que, aunque el 97% de jueces y el 48% de fiscales han sido institucionalizados, la falta de evaluación permanente y de sistemas claros para denunciar injerencias compromete la independencia judicial. Y agrega que el hacinamiento en cárceles bolivianas alcanzó el 274% en 2023, con un 62,7% de la población carcelaria en detención preventiva, agravando la crisis penitenciaria.
Para el EPU 2020, las organizaciones recomiendan fortalecer el presupuesto, adoptar un plan estructural de reforma y transformación de la justicia, atender con prioridad la situación de derechos humanos en las cárceles, entre otros aspectos.
Violencia hacia la mujer
En el anterior ciclo se realizaron 26 recomendaciones referidas al fortalecimiento del sistema de justicia, asignación de recursos financieros, intensificar las políticas y las medidas para prevenir y sancionar la violencia de género y la violencia sexual.
En la actualidad hay más de 50 mil denuncias al año. A pesar de contar con la ley 348 vigente hace más de 11 años, ella presenta muchas brechas de implementación. Las denuncias por delitos de violencia sexual se han duplicado en el último quinquenio. La legislación penal contempla delitos de violencia sexual que son incompatibles con los estándares internacionales, entre otros aspectos.
Puedes ver el programa Sumando Voces en Directo sobre esta temática en el siguiente link:
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