Encuentro indígena denuncia violencia y discriminación contra mujeres defensoras y exige protección al Estado

Derechos Humanos

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En el marco del Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas y Originarios, los representantes indígenas emitieron un pronunciamiento en el que denuncian violencia y discriminación contra mujeres defensoras de derechos y exigen al Estado que les brinde garantías y protección a su trabajo.

“Reconocemos la importante labor que realizan las defensoras de derechos humanos de los pueblos indígenas, la tierra y el territorio y la naturaleza en Bolivia, y expresamos nuestra preocupación por los crecientes riesgos que enfrentan”, indica el pronunciamiento refiriéndose a las lideresas de las comunidades que luchan por el agua, el bosque, las autonomías, la justicia indígena, entre otros.

Los participantes del evento agregan que “las políticas extractivas, el cierre de espacios democráticos, la discriminación y estigmatización y la intromisión de intereses particulares en los asuntos que deberían ser de interés público han generado una situación de sistemática vulneración a los derechos de las mujeres defensoras, contexto en que la violencia y discriminación contra las mujeres siguen siendo usadas como mecanismo de amedrentamiento y desmovilización”.

Indican que “los impactos de esta sistemática vulneración son graves, pues aumentan los riesgos que enfrentan las mujeres en el desempeño de su rol de defensa, afectan su salud, su vida, sus relaciones familiares y en la comunidad”.

En ese marco, exigen al Estado “evitar y combatir toda forma de vulneración en contra de las mujeres defensoras y desarrollar políticas de prevención y de protección integral para asegurar un entorno seguro para el trabajo que desarrollan”.

Durante el encuentro, se escucharon testimonios de mujeres que sufren el amedrentamiento y agresiones de parte de grupos contrarios a los derechos indígenas, como los mineros, los interculturales, entre otros.

Entre las mujeres que expusieron las agresiones que sufren en sus comunidades estuvieron las representantes de Zongo (La Paz), las autoridades de la autonomía de Huacaya (Chuquisaca) y varias otras.

El pronunciamiento emergió de la mesa 4, que analizó los derechos colectivos, como el autogobierno, la justicia y la consulta previa.

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