Sumando Voces
Debido a los avasallamientos y la vulneración de los derechos del pueblo indígena Tsimane, las organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento en el que exigen a las autoridades gubernamentales y al Estado que respeten y restituyan el derecho al territorio ancestral tsimane, ubicado en la región de Yacuma, Beni.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por la situación que viven las comunidades del pueblo Tsimane al noreste de la carretera Yacuma – Rurrenabaque, organizadas en torno al Subconsejo Tsimane Regional Yacuma, debido a la falta de reconocimiento por parte del Estado a su territorio ancestral y a una respuesta oportuna de la justicia para tutelar sus derechos colectivos”, señala el pronunciamiento de las organizaciones articuladas al Foro Social Panamazónico (Fospa).
Esta población amazónica está en una situación de alta vulnerabilidad y su existencia y sobrevivencia física y cultural está “gravemente amenazada” por los constantes avasallamientos de terceros ajenos a su territorio ancestral, la deforestación, los cambios en el uso de suelo y los impactos que estos provocan al bosque y los ríos.
“Hacemos hincapié en que la negociación del derecho al territorio profundiza las condiciones de vulnerabilidad del pueblo Tsimane y genera la vulneración de todos sus derechos fundamentales y colectivos como el derecho al trabajo, la vivienda, la alimentación, la cultura y la dignidad, entre otros”, agregan las organizaciones.
Acción popular
El 13 de julio, el Subconsejo Tsimane Regional Yacuma presentó una acción popular contra los directores, nacional y departamental, del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y contra la directora departamental de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) – Beni, con el fin de que se garantice el derecho constitucional de reconocimiento, dotación y titulación de su territorio ancestral.
No obstante, en tres oportunidades la audiencia de resolución de este caso fue postergada, ignorando que este mecanismo legal, por su naturaleza, debe ser atendido de manera pronta, oportuna y efectiva.
Rechazo de los productores agroecológicos
Por otro lado, la Federación de Productores Agropecuarios (Fepay), colonizadores y asentados de la región de Yucumo, mediante la resolución 006/2023, rechazaron la acción popular presentada por los indígenas tsimanes, así como las denuncias por desmonte ilegal presentadas ante la ABT de San Borja y el INRA.
Pronunciamientos
Frente a esta situación, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), emitió un pronunciamiento por la “flagrante vulneración de los derechos del pueblo indígena tsimane, que ha estado abandonado a su suerte, en su condición de contacto inicial con la sociedad actual, vulnerable, en peligro latente de extinción, y de su derecho a defender sus derechos”.
La Contiocap recuerda que sus hermanos indígenas sufren la vulneración a sus derechos establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado y el Convenio 169, que refiere que tienen el derecho ancestral a su territorio.
Enfatizan en que el INRA cometió errores con los pueblos indígenas y provocó conflictos; pero, además, se ha convertido en una institución estatal que facilita el despojo de los territorios indígenas ancestrales.
En ese sentido, piden ayuda a la población para denunciar esta vulneración de derechos ante los organismos internacionales, pues este caso no es aislado, sino una realidad constante que viven los pueblos indígenas bolivianos.
Finamente, la Red Eclesial Panamazónica (Repam) recordó que los tsimanes han enfrentado innumerables obstáculos en la búsqueda del reconomiento de su Tierra Comunitaria de Origen (TCO). Lucharon contra las trabas burocráticas y las desigualdades sistémicas que favorecen a los campesinos en detrimento de los pueblos indígenas.
En ese sentido, exigen que se respeten los derechos territoriales y culturales de los Tsimanes y de todas las comunidades indígenas.
«Recordamos la importancia de respetar y cumplir los tratados y convenios internacionales en los que nuestro Estado se ha comprometido con la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Acuerdos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007, establecen claramente los principios fundamentales de autodeterminación, tierras y territorios, cultura y participación de los pueblos indígenas en decisiones que les conciernen», indica el comunicado.
Asimismo, hacen un llamado a las autoridades competentes para rectificar su error y restablecer los derechos legítimos de los tsimanes y de todas las comunidades indígenas que han sido afectadas por decisiones similares en el pasado.
