Los magistrados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y René Yván Espada Navía fallaron a favor de Marinkovic. Foto: TCP
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), poco antes de su autoprórroga de mandato, el 28 de diciembre de 2023, falló a favor de la familia Marinkovic, concediéndole la tutela de 21 mil hectáreas de la Empresa Agropecuaria Laguna Corazón. Y, poco antes, en abril de 2023, el mismo TCP emitió otro fallo a favor de la misma familia sobre la propiedad denominada Tierras Bajas del Norte, en la Chiquitania, haciendo entre ambas un total de 33 mil hectáreas, según la denuncia presentada por el gobierno de Luis Arce y por la Fundación Tierra.
El ministro de Desarrollo Rural, Santos Condori; el viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero; y el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, rechazaron los fallos del TCP en conferencia de prensa y abrieron la posibilidad de iniciar acciones legales a los dos magistrados que firmaron las sentencias, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y René Yván Espada Navía. Éste último está postulando para optar por el cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y fue habilitado para ese fin.
“Estamos evaluando la posibilidad de un proceso penal contra estos dos magistrados por prevaricato. Hemos analizado ambas sentencias y realmente es una aberración jurídica lo que han hecho estos señores, vamos a evaluar la posibilidad de iniciarles un proceso por prevaricato”, dijo Guerrero.
“Estas sentencias van en contra de otras sentencias, estos magistrados del Tribunal no respetaron ni sus propias sentencias, ni la jurisprudencia que emitieron ellos mismos, se van a reconocer derechos más allá de lo que solicitan los accionantes, es, como decimos los abogados, ultra petita, que va mucho más allá de lo solicitado”, agregó.
La Fundación Tierra, mediante un comunicado, explicó que la sentencia de diciembre ordena a poner en vigencia la resolución del INRA que fue emitida durante el gobierno de Jeanine Añez en favor de Marinkovic, que era ministro del Gobierno de transición. Luego, el gobierno de Luis Arce revirtió esa resolución y ordenó acciones legales en contra de la familia Marinkovic.
“La resolución del gobierno de Añez que ahora hace valer el TCP es, además, resultado del uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo, acciones tipificadas en el Código Penal”, indica Tierra.
Agrega que “la actuación de ambos magistrados (Hurtado y Espada) despierta razonables dudas y objeciones. No se limitaron a ordenar la vigencia de la resolución cuestionada, sino que además determinaron no “invocar nuevas nulidades”. Prácticamente, están obligando a titular las 21.000 hectáreas. También despierta susceptibilidades porque la sentencia salió en tiempo récord desde que llegó a manos de los mencionados magistrados el 4 de mayo del 2023 hasta su emisión el 28 de diciembre del mismo año”.
La Fundación Tierra hace notar que ese no es el único fallo cuestionado del TCP en el último tiempo y cita el de la autoprórroga de mandato, el que paraliza las funciones del Senado y el que ordena al vicegobernador cruceño a reemplazar al gobernador Luis Fernando Camacho.
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