Contaminación en Macha y Pocoata. Foto: Radio Pio XII
Radio Pio XII
«Estamos llegando al punto de no creer más en sus promesas ni documentos para curar al río contaminado en Macha y Pocoata, en el norte Potosí», dice la carta que entregaron los regantes de estas regiones al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Minería ayer jueves en La Paz. Hay más de 4 mil regantes afectados por las aguas ácidas de mina que atraviesan sus sembradíos, es por ello que consideran que sólo los bloqueos y las movilizaciones les permitirán encontrar una solución.
La correspondencia está firmada por Felipe Guzmán y otros representantes de los regantes de esa región y enumera que, en los dos últimos años, los ministerios de Minería, Medio Ambiente, Comibol y la Gobernación de Potosí anunciaron, incluso con documentos firmados, al menos cinco documentos en el que se comprometen a concluir la construcción y funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas ácidas a instalarse en Colquechaca.
Las mediciones hechas por la unidad Madre Tierra de la Gobernación y por el propio Ministerio de Medio Ambiente, hace más de 8 años, señalan que la acidez de esas aguas es de 3 y 4, y no son aptas para el riego. La contaminación de las aguas nace de la mina Gallofa de Colquechaca. Este problema data desde más de 30 años, y los regantes se movilizan desde hace 12 años sin resultado alguno.
El Ministro de Minería, Alejandro Santos, prometió anteriormente que se resolvería la contaminación, pero hasta la fecha no se ha hecho nada. Los regantes destacan que solucionar este problema les permitiría recuperar la producción agrícola y mejorar sus ingresos, reduciendo así la migración hacia las ciudades.
Ayer se firmó un nuevo acuerdo denominado Convenio Marco de Cooperación Institucional, por el Ministerio de Medio Ambiente, la Gobernación de Potosí y la Alcaldía de Colquechaca. Este convenio establece que la Alcaldía se encargará del saneamiento de los terrenos para la planta de tratamiento y el Ministerio de Medio Ambiente buscará financiamiento en un plazo máximo de seis meses. La Gobernación colaborará en el diseño y la implementación del proyecto, y en la coordinación con las organizaciones sociales.
Este nuevo acuerdo no menciona el desembolso de 2 millones de bolivianos al Gobierno Departamental de Potosí, como se había previsto en documentos anteriores, y se enfoca en asegurar el financiamiento necesario para la planta piloto.
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