Diputados plantean priorizar la carretera Cochabamba-Beni sin definir si el trazo pasará por el TIPNIS

Desarrollo

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Patricia Cusicanqui, Yenny Escalante

Proyecto carretero en el TIPNIS. Foto archivo CENDA

Proyecto carretero en el TIPNIS. Foto archivo CENDA

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados por más de 20 legisladores plantea declarar de prioridad nacional e interés estratégico del Estado la integración vial entre Cochabamba y Beni. Sin embargo, el documento no define el trazo de la carretera ni precisa si el recorrido contemplará alguna ruta por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), donde en el pasado fue cuestionada y prohibida la construcción de una carretera.

«Se declara prioridad nacional la consolidación del proyecto caminero de infraestructura vial que une los departamentos de Cochabamba y el Beni», señala el documento.

La propuesta normativa dispone que se cumplan y respeten todas las disposiciones de la Constitución Política del Estado (CPE), como la consulta previa, el estudio de impacto ambiental y la licencia ambiental, entre otros. En ese sentido, establece que se desarrollen procesos de información, diálogo, coordinación y concertación con las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Pero también cita de manera textual a las comunidades campesinas e interculturales, además de gobiernos departamentales y municipales, organizaciones sociales y sectores productivos del área de influencia.

La propuesta, identificada como PL-622/2025-2026, señala que la planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de las obras deberán sujetarse a criterios de desarrollo sostenible, protección de la Madre Tierra, conservación de la biodiversidad, transparencia y responsabilidad ambiental.

La diputada Cecilia Requena, en contacto con Sumando Voces, advirtió que, independientemente de la alternativa que se defina, cualquier trazo deberá respetar la Constitución y el objeto de creación del TIPNIS. Recordó que el artículo 385 de la Constitución Política del Estado establece que las áreas protegidas son un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país.

“Cualquier trazo que se esté pensando no puede irrespetar el objeto de creación del TIPNIS y eso se tiene que tener muy claro”, sostuvo Requena, al señalar que el área protegida cumple funciones relacionadas con la protección de bosques, biodiversidad, cuencas y cabeceras de cuenca, además de contribuir al régimen hídrico de la región.

El proyecto establece que el Estado deberá realizar estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para identificar las alternativas de menor impacto sobre los ecosistemas, la biodiversidad y los sistemas de vida. También prevé medidas de prevención, mitigación, restauración y compensación ambiental cuando correspondan.

Una información extraoficial a la que accedió Sumando Voces da cuenta que la norma sería analizada con motivo de la efeméride departamental de Cochabamba que se conmemora cada 14 de septiembre.

Se prevé que con el proyecto se abrogue la ley de 2006

La iniciativa contempla la abrogación de la Ley 3477, de septiembre de 2006, promulgada por Evo Morales, que declaró como prioridad nacional y departamental la elaboración del estudio a diseño final y la construcción del tramo Villa Tunari–San Ignacio de Moxos, correspondiente a la carretera de integración entre Cochabamba y Beni.

Según la exposición de motivos, la nueva propuesta busca reemplazar ese marco legal y adecuarlo a la Constitución de 2009, incorporando disposiciones sobre protección ambiental, desarrollo sostenible, participación social y derechos colectivos.

La propuesta sostiene que la integración vial permitiría reducir tiempos y costos de transporte, facilitar el acceso de la producción agropecuaria y ganadera a los mercados y mejorar el acceso a servicios como salud, educación y atención de emergencias.

El artículo 5 establece que el Órgano Ejecutivo, mediante las entidades competentes y en coordinación con los diferentes niveles de gobierno, deberá gestionar la planificación, financiamiento, ejecución y seguimiento de las obras, de acuerdo con la disponibilidad de recursos y la normativa vigente. También contempla la posibilidad de recurrir a alianzas público-privadas para obtener financiamiento.

Aunque el proyecto declara prioritaria la conexión vial entre ambos departamentos, el texto no determina un trazo específico. La definición de las alternativas y su eventual ejecución quedaría sujeta a estudios y a los procedimientos establecidos por la normativa ambiental y los procesos de coordinación con los pueblos y comunidades del área de influencia.

En 2011, cuando indígenas de tierras bajas iniciaron la VIII Marcha Indígena en rechazo al proyecto vial que pretendía atravesar el TIPNIS. La movilización partió de Trinidad y avanzó hacia La Paz durante más de un mes, hasta que el 25 de septiembre de ese año la Policía reprimió la marcha en la localidad de Chaparina, en Beni. La intervención derivó en la detención y traslado de marchistas y fue denunciada por organizaciones de derechos humanos como un operativo represivo. El episodio generó una fuerte reacción social y política y marcó el debate sobre la construcción de la carretera y la protección del TIPNIS.

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