Diputada Cecilia Requena. Foto: Brújula Digital
La diputada Cecilia Requena salió al paso de informaciones difundidas en los últimos días sobre el tratamiento del proyecto de ley de tierras durante la anterior gestión legislativa y dio a conocer cuáles fueron las razones técnicas y políticas que impidieron su aprobación en la Comisión del Senado.
En un comunicado, Requena, que fue senadora durante la gestión anterior, desmintió que exista un informe aprobado del entonces Proyecto de Ley 157/2023-2024, que buscaba la «conversión de la clasificación de pequeña propiedad agraria a mediana o empresarial» y que derivó en la actual Ley 1720/2026.
La legisladora explicó que durante la gestión pasada circularon videos, publicaciones y fragmentos de documentación referidos al tratamiento de esa norma, pero aclaró que dichos materiales corresponden únicamente a borradores o avances que nunca fueron aprobados por la Comisión.
Requena ha sido mencionada como responsable, en su rol de senadora hasta 2025, como la que frenó que se analizara esa ley.
«Los documentos de avance que están usando de modo incorrecto no tienen validez de informe oficial de la Comisión, al rechazarse las versiones preliminares y aplazarse el tratamiento del proyecto», señala el comunicado.
Requena recordó que el Senado de la anterior legislatura nunca llegó a votar el PL 157 en pleno porque la Comisión no elevó un informe aprobatorio, precisamente por la falta de acuerdo y los votos mínimos necesarios (al menos dos de tres). Por lo tanto, no fue su responsabilidad.
Según el documento, una de las razones principales para la imposibilidad de alcanzar los votos necesarios fue el desacuerdo con los «sustanciales cambios» al proyecto original propuestos por la entonces senadora Centa Rek, miembro del Comité de Hoja de Coca.
Ante esa propuesta, la Secretaría Técnica de la comisión elaboró un proyecto de informe aprobatorio solo si se aceptaban modificaciones en tres puntos críticos: La inviabilidad de que la conversión de pequeña a mediana propiedad se realice únicamente mediante solicitud, sin verificación técnica ni cumplimiento de requisitos formales; la postergación de la verificación de la Función Económica Social (FES), lo que contraviene la Constitución Política del Estado; y la necesidad de incorporar un parágrafo que proteja las tierras colectivas.
Requena enfatizó que los fragmentos difundidos en redes sociales y mencionados por algunos senadores omiten aspectos fundamentales, como todas las sugerencias modificatorias y el análisis técnico-jurídico realizado por el equipo de la Comisión.
La diputada advirtió que las modificaciones que intentaron introducir sin éxito el año pasado fueron retomadas en esta Legislatura (por parte de Branko Marinkovic) y esta vez sí fueron aprobadas en Comisión y en sesión de pleno del Senado y de Diputados, pero «sin la socialización y la consulta previa».
Esa situación, agregó, ha ocasionado los conflictos sociales actuales.
La Ley 1720, promulgada el 10 de abril de 2026, fue una norma que generó una de las crisis políticas y sociales más agudas de los primeros seis meses del gobierno de Rodrigo Paz. Este miércoles fue abrogada por el presidente tras intensas protestas campesinas e indígenas que incluyeron una marcha de 27 días desde la Amazonía hasta La Paz . La ley
El miércoles 13 de mayo, la Cámara de Diputados sancionó la abrogación y el presidente Paz la promulgó, anunciando que se trabajará en una nueva ley de tierras «con consensos y socialización» en un plazo de 60 días
Aquí puede leer el comunicado:
