Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
ANF
Tras el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que lamenta que la dilación de las elecciones judiciales durante todo el año no permita tener nuevas autoridades en el Órgano Judicial y provoque la prórroga de mandato de los actuales magistrados.
La jornada pasada, René Espada, magistrado relator del TCP, dio a conocer la resolución de la máxima instancia constitucional e informó que decidieron prorrogarse en sus cargos hasta que nuevas autoridades sean electas en comicios judiciales. El argumento que esgrimió fue que no se puede dejar sin “justicia” al pueblo boliviano a partir del 2 de enero; además, los funcionarios de bajo rango no pueden asumir los altos cargos del Órgano Judicial.
Las elecciones judiciales deberían realizarse en septiembre de este año, pero el proceso comenzó a ser obstaculizado en varias oportunidades, principalmente con recursos constitucionales, y los plazos comenzaron a recorrerse sin que hasta la fecha exista la emisión de la convocatoria.
“Todos esos actuados que han generado dilaciones y que afectan el derecho de los ciudadanos de elegir a sus autoridades (art. 26 vinculado con los arts. 182, 183, 188, 194 y 200 de la Constitución Política del Estado) terminaron en la emisión de la DCP Nº 0049/2023 que, conforme se señaló líneas arriba, prorrogó el mandato del Tribunal Constitucional Plurinacional (quien emitió la misma DCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (consultante). Es decir, el consultante y quien resolvió la consulta, finalmente resultaron prorrogados en sus funciones mediante la DCP Nº 0049/2023”, dice el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo.
Desde mediados de año, diferentes actores políticos advirtieron que el Gobierno no quiere soltar el aparente control que tiene sobre la justicia y por eso buscarían dilatar el proceso para que los actuales magistrados continúen en funciones. Es más, tras conocerse el fallo, todos los sectores comenzaron a lanzar fuertes críticas a la autoprórroga de mandato, menos el bloque “arcista”.
De momento, legisladores analizan la posibilidad de procesar a los magistrados del TCP por conseguir beneficios en razón del cargo, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
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