Editorial Sumando Voces
La subida de precios, la escasez de dólares y las filas para conseguir combustible configuran en Bolivia un escenario de crisis inocultable, que ha sido reflejado en la reciente encuesta “What Worries the World” (qué le preocupa al mundo) de Ipsos, que analiza la opinión pública en 26 países.
La citada encuesta, al segundo trimestre del 2024, indica que en Bolivia la principal preocupación es el desempleo (55%) y la corrupción política y financiera (48%), mientras que en el resto del mundo la preocupación promedio es por el crimen y la violencia, además de la pobreza y la desigualdad.
El estudio también revela que apenas 1 de cada 10 bolivianos considera que el país avanza en la dirección correcta, mientras que solamente dos de cada 10 califican la situación económica como buena, descendiendo 6 puntos en comparación al dato del trimestre pasado (25%) y 13 puntos frente al indicador del año pasado (32%).
Los datos vienen a corroborar una realidad que la gente palpa día a día en la pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos, frente a la subida de los precios de los productos básicos en el mercado.
Para enfrentar la situación, el presidente Luis Arce puso en debate la subvención a los hidrocarburos que, en versión del ministro de Justicia, Iván Lima, este año rondará los 4 mil millones de dólares. Este debate, según el Gobierno, debería ser zanjado en un referéndum a realizarse junto a las elecciones judiciales el 1 de diciembre, aunque diversos líderes de opinión y políticos de oposición consideran que esta responsabilidad es del propio gobierno, y que no tendría por qué transferirla a la ciudadanía.
Además de la subvención a los combustibles, en Bolivia existen otros subsidios, por ejemplo, a los alimentos, a los grupos en situación de vulnerabilidad (bonos) y hasta a los productos de exportación, como la soya. Este tema fue abordado en el programa Sumando Voces en Directo del jueves pasado, donde el economista Julio Prudencio propuso mantener la subvención a los alimentos e incluso mejorarla, mientras que el analista de la fundación Jubileo, Raúl Velásquez, recomendó levantar el subsidio a los carburantes, pero sin transferir esa responsabilidad a la gente, luego de reducir el gasto público.
El razonamiento es lógico, toda vez que, en situación de crisis como la que enfrenta el país, el derecho a la alimentación se pone en riesgo. Los precios de los alimentos escalan día a día y para la gente de escasos recursos se hace difícil mantener su ingesta diaria de calorías, por lo que acceder a productos subvencionados es una alternativa para paliar la situación. Según un estudio realizado por Prudencio, los bonos, que son otra forma de subsidio, también son destinados a la alimentación, sobre todo en el área rural.
En ese marco, Prudencio afirma que no amerita mantener la millonaria subvención a la producción de soya a través del diésel porque provoca serios daños al medio ambiente por la deforestación y la ampliación de la frontera agrícola.
En todo caso, si se levanta la subvención a los combustibles, también este beneficio sería cortado para los agroindustriales y otros sectores que no son grupos vulnerables pero que reciben combustible barato, tal como lo hacen las cooperativas mineras y otros gremios empresariales.
También queda claro que cualquier subvención, así sea de bonos o de alimentos, es un paliativo a la crisis estructural por la que atraviesa el país y no permitirá alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 ni lograr las metas del Plan de Desarrollo Económico del propio gobierno, que se había propuesto garantizar la seguridad alimentaria para el 2025. De esta manera, el derecho a la alimentación queda, una vez más, en entredicho.
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