Sumando Voces/ Foto: UCA
La decisión del régimen de Daniel Ortega de confiscar la Universidad Jesuita Centroamericana, más conocida como UCA, ha provocado una ola de rechazo internacional y ha despertado la solidaridad con los jóvenes que han quedado sin acceso a educación superior.
La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONGs, en un pronunciamiento conjunto, que fue compartido con Sumando Voces, ha expresado su condena “por la confiscación de la UCA, sus bienes y activos, por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo” y ha calificado este acto como “un golpe a los principios democráticos y la cúspide del plan del régimen por aniquilar el espacio cívico en Nicaragua, pues la UCA representa un emblema para la academia libre y crítica”.
Esta semana, el régimen de Ortega ordenó la incautación de la UCA bajo acusaciones falsas de terrorismo, las que han sido rechazadas por la Compañía de Jesús, mediante un comunicado. “Son totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones en contra de la Universidad Jesuita de Nicaragua contenidas en el oficio emitido por el Décimo Distrito Penal de Audiencias, Circunscripción Managua, el 15 de agosto del 2023, en el que se le califica como “centro de terrorismo”, y se le imputa de haber “traicionado la confianza del pueblo nicaragüense” y de “haber transgredido el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las Instituciones de la Educación Superior del país”, señala la Compañía de Jesús.
La UCA no es la primera universidad cerrada en Nicaragua. Según la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONGs, “la UCA se suma a otras 27 instituciones universitarias que han sido clausuradas y confiscadas arbitrariamente, violando diversos marcos normativos internacionales suscritos por Nicaragua, referidos a los derechos a la educación”. Agrega que, del total de 27 universidades cerradas, 20 son nacionales y siete internacionales, haciendo un total de 3.467 organizaciones sin fines de lucro las cerradas en Nicaragua.
La Plataforma destaca el rol de la UCA en la formación de profesionales que ahora aportan a la articulación y fortalecimiento de la sociedad civil nicaragüense y se solidariza con la comunidad universitaria “quienes sufren afectaciones directas, al ver deteriorada su estabilidad emocional, laboral y social, debido a la situación de incertidumbre y desesperanza en estos momentos”.
La red de ONGs considera que esta situación “desencadenará un aumento en el desplazamiento forzoso de la población nicaragüense, especialmente de la juventud que busca de resguardo, con el deseo de continuar su formación académica y de un mejor futuro para sus familias”.
Llamado-internacional-a-la-identificacion-de-mecanismos-de-apoyo-a-la-comunidad-universitaria-nicaraguenseLa Compañía de Jesús
La Compañía de Jesús destacó que la UCA, durante sus 63 años de existencia, ha sido reconocida nacional e internacionalmente, pero que, a partir de abril de 2018, “como consecuencia de su postura en defensa de la vida de las personas que estaban siendo reprimidas por fuerzas estatales y parapoliciales, la UCA ha venido siendo objeto de constante asedio, acoso y hostigamiento de parte de las instituciones gubernamentales nicaragüenses”.
La institución católica exige que “inmediatamente revertida y corregida la drástica, inesperada e injusta medida adoptada por el órgano judicial” y que cese la agresión gubernamental contra la Universidad y sus integrantes.
CAM-.-Comunicado-UCA-NICRed Subregional de Defensa del Espacio Cívico
Por su lado, la Red Subregional de Defensa del Espacio Cívico, integrada por organizaciones sociales de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua califica de “indignante abuso” la incautación de la UCA, además expresa el temor de un posible efecto contagio.
Por eso, comparte con sus miembros todas las muestras de repudio y las expresiones de solidaridad que se han generado a nivel internacional en los últimos días, entre ellas el del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha condenado la confiscación de la UCA y su calificación como “centro de terrorismo para organizar grupos delincuenciales”.
El organismo internacional asegura que “el alto impacto de esta medida con suspensión de las clases afecta gravemente al derecho a la educación, indispensable para la realización de otros derechos humanos”.
