Integrantes del Comité del FOSPA reunidos en Santa Cruz. Foto: Programa NINA
El Comité Internacional del Foro Social Panamazónico (FOSPA), que se reunió durante tres días en Santa Cruz, emitió una declaración en la que denuncia la falta de acciones de los gobiernos para proteger la Amazonía, lo que, según dijeron, agrava la crisis en esa parte del planeta.
“En el caso de Bolivia, se observa que el Gobierno acaba de dar 10 concesiones a los empresarios privados del agro, la minería y las finanzas sin poner ninguna condición para que dejen de provocar incendios forestales ilegales en las propiedades empresariales y medianas que son responsables de un tercio de las cicatrices de quema en todo el país”, indica el pronunciamiento suscrito por representantes de ocho de los nueve países que integran la articulación del FOSPA.
En junio de este año Bolivia será sede del XI FOSPA, una articulación de organizaciones, instituciones y líderes de la sociedad civil, que busca generar acciones en favor de la vida y los derechos humanos en la Amazonía. Como una de las actividades previas, el Comité Internacional que organiza el gran evento, se reunió en Santa Cruz del 22 al 24 de febrero de 2024, donde emitieron el pronunciamiento que alude a Bolivia.
El documento se refiere al acuerdo suscrito recientemente entre el gobierno de Luis Arce y los principales gremios empresariales, que permite la liberación de las exportaciones, la devolución de los Certificados de Devolución de Impuestos (CEDEIMs), la emisión de bonos en dólares por parte del Banco Central de Bolivia, la subasta de diésel con grandes compradores, la agilización de la importación de diésel, la promoción de la inversión privada en plantas de biodiésel, entre otros aspectos.
El director de la fundación Solón, Pablo Solón, quien participa del Comité Internacional del FOSPA, rechazó que el Estado “tenga que entregar dólares más baratos a empresas que a su vez son responsables de la quema de bosques”.
El documento del FOSPA indica, además, que “los combustibles subvencionados por todo el pueblo boliviano y los escasos dólares que tiene el país deben ir únicamente a las empresas que no contaminan los ríos ni deforestan la Amazonía” y piden “un alto a la subvención de la minería ilegal del oro. Toda empresa que destruye la Amazonía no debe ser sujeta de crédito y su propiedad debe ser revertida por incumplimiento de la Función Económica Social”.
Al respecto, Solón indicó que las subastas de diésel no deberían beneficiar a mineros cooperativistas del oro que contaminan los ríos y encima no pagan impuestos.
El Comité del FOSPA, en esencia, critica que los gobiernos no hayan cumplido con los compromisos asumidos en la cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), realizada en agosto del año pasado.
“En agosto del año pasado, la Cumbre de Presidentes de la Amazonía aprobó una declaración de 113 puntos para relanzar a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) como instancia articuladora de acciones para hacer frente a la deforestación, la minería ilegal del oro y evitar el punto de no retorno de la Amazonía. Sin embargo, en la actualidad la OTCA se encuentra descabezada, sin Secretaría General y sin acciones efectivas contra los flagelos de la Amazonía”, señala el pronunciamiento.
Agrega que la acefalía se debe al veto del gobierno peruano de Dina Boluarte “que bloquea el consenso para la designación de la candidatura propuesta por Colombia; mientras que en su país fomenta leyes y proyectos de inversión que alientan la deforestación, el despojo de tierras, las economías ilegales y vulneran los derechos de los pueblos indígenas”.
Agregan que “a seis meses de la Cumbre de Presidentes de la Amazonía, salvo en Brasil y en Colombia, no se ven acciones efectivas de los gobiernos para prevenir los incendios y la deforestación. La mayoría de las medidas gubernamentales son reactivas frente a los incendios y permisivas con la ampliación asesina de la frontera agropecuaria”. Y, como mal ejemplo de esta situación, se cita a Bolivia.
