Inspección en el río Madre de Dios. Foto: Opinión
El Centro de Estudios Jurídicos de Investigación Social (CEJIS) denunció que la cooperativa minera aurífera Asobal, tras enterarse de una inspección ocular del Tribunal Agroambiental (TA), instruyó a sus afiliados la paralización de toda actividad minera en el río Madre de Dios.
«El 2 de febrero, la Asobal declaró ‘estado de emergencia’ y emitió el comunicado: ‘Se instruye de manera inmediata permanecer dentro de nuestras ATE (Autorizaciones Transitorias Especiales) autorizadas y la paralización de toda actividad en el río Madre de Dios'».
El Territorio Indígena Multiétnico II (TIM) presentó una demanda ante el TA por las posibles afectaciones al río Madre de Dios y su entorno. En el documento expuso que en 172 kilómetros del Madre de Dios se identificaron dos autorizaciones transitorias especiales a favor de la cooperativa Asobal, con 125 hectáreas cada una. De las 180 balsas que extraen oro, solo 14 (7,7%) realizaban actividades dentro de las dos zonas autorizadas; 166 balsas (92,3%) operaban fuera de las zonas permitidas.
En ese marco, esta semana el Tribunal Agroambiental llevó adelante la inspección in situ en el río Madre de Dios, con el propósito de evaluar posibles daños al medio ambiente, la biodiversidad y la salud de las poblaciones locales.
La diligencia judicial se realizó los días 4 y 5 de febrero en las comunidades de Genechiquia y Miraflores, e involucró un recorrido por distintas zonas del departamento de Pando, con alcance interdepartamental. La inspección fue encabezada por la presidenta del Tribunal Agroambiental, Roxana Chávez Rodas, junto al decano Víctor Hugo Claure Hinojoza y la magistrada Rocío Vásquez Noza.
Según informó la presidenta del TA, la verificación en territorio forma parte de una acción ambiental preventiva que busca sustentar, con criterios técnicos y jurídicos, la posible aplicación de medidas cautelares. La presencia directa de las autoridades judiciales permitió constatar los elementos denunciados y recoger información relevante para el análisis del caso.
Durante la inspección participaron instituciones públicas y actores locales, en un trabajo coordinado que se desarrolló bajo los principios del debido proceso. El recorrido permitió una evaluación integral de las zonas afectadas y de los impactos que podrían estar generándose fuera de los espacios autorizados para la actividad minera.
En la comunidad de Miraflores, las autoridades visitaron un sistema agroforestal del cacao a la orilla del río. Según los lugareños, la parcela productiva se achica cada vez más porque las balsas mineras, que trabajan cerca de las riberas, carcomen constantemente las parcelas que desde tiempos antiguos estuvieron ubicadas en el bajío.
Sin embargo, esta inspección puede estar viciada ya que previamente la cooperativa observada tomó sus recaudos para paralizar las actividades. «Balsas arrinconadas y paralizadas a la altura de las comunidades de Genechiquía y Miraflores, y en general escasa actividad minera fue el panorama visible», expuso el CEJIS.
A pesa de ello, agrega el CEJIS, las autoridades judiciales encontraron desechos de la minería, como decenas de turriles oxidados cerca del río y de la comunidad, algunos camuflados en la selva.
Desde el Tribunal explicaron que los resultados de la inspección, así como los informes técnicos adicionales serán analizados para emitir medidas cautelares si corresponde. Entre estas figuran la paralización de actividades mineras irregulares y la disposición de protección para defensores ambientales.
También le puede interesar:
