Conferencia de prensa de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP) sobre la Ley 157. Foto: Fundación Tierra.
Organizaciones campesinas e indígenas de todo el país comenzaron a articular medidas de presión para exigir la anulación de la Ley 157, que habilita la conversión voluntaria y expedita de la pequeña propiedad agraria a mediana, al considerar que dicha norma viola tres artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) y sienta las bases para la reconcentración de tierras y el retorno del latifundio, figuras prohibidas por ley.
De acuerdo con un reporte de la Fundación Tierra, el representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Severo Marca, rechazó la aprobación de la normativa y exigió el cierre del parlamento. “Han aprobado el Proyecto de Ley 157. Así nuestros terrenos pueden ser hipotecados, con préstamos, pero cuando no podamos pagar, esto va a beneficiar a la banca y a empresarios. Repudiamos este accionar”, afirmó. En ese marco, sostuvo que su sector participará de un cabildo, el 11 de abril, en el que se pedirá la reducción de salarios de los parlamentarios.
Desde la Amazonía hasta el Chaco
Por su lado, el Bloque de Organizaciones Campesinas Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), emitió un pronunciamiento de rechazo contundente al Proyecto de Ley 157 y a los proyectos denominados «antibloqueos», argumentando que ambos vulneran derechos constitucionales y criminalizan la protesta social de los pueblos indígenas y campesinos. El pronunciamiento exige que cualquier norma que afecte a pueblos indígenas sea sometida a consulta previa, libre e informada, conforme a la Constitución y al Convenio 169 de la OIT, requisito que no se cumplió en ninguno de los dos casos.
Entre las organizaciones que componen el BOCINAB está la Federación de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP), la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Pando – Bartolina Sisa (FDMCIOP – BS), la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Vaca Díez (FSUTCRVD), la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Regional Vaca Díez – Bartolina Sisa (FMCIORVD – BS), la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios, Pando (FSUTCRMD – P), la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), la Central Indígena de Mujeres Amazónicas de Pando (CIMAP), la Central de Pueblos Indígenas La Paz (CPILAP), la Central de Mujeres Indígenas de La Paz (CMILAP) y las capitanías, centrales y subcentrales de la Amazonía Boliviana.
Similar posición expresó el presidente de la Confederación de Naciones y Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB), Lino Illimuri, quien cuestionó que se aprueben normas a espaldas del pueblo. “Hay leyes más importantes que pueden beneficiar el desarrollo de nuestros pueblos como la Ley Integral de la Amazonía que está en la Asamblea más de 15 años. Pero cuando hay grandes intereses, cualquier momento aceleran la aprobación de ciertas normativas”, cuestionó.
De forma paralela, diversas organizaciones se pronunciaron a través de conferencias de prensa en las que reclamaron la falta de socialización del proyecto y la falta de voluntad para ser escuchados.
En Chuquisaca, el ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH), Julián Romero, calificó la norma de inconstitucional y denunció que pretende «mercantilizar las tierras indígenas bajo el camuflaje de créditos». Romero advirtió que los parlamentarios deben tener «mucho cuidado con querer aprobar o consolidar este proyecto de ley que va atentando contra los derechos con la sagrada tierra». La FUTPOCH se declaró en estado de alerta permanente y adelantó que en los próximos días se anunciarán medidas conjuntas.
En Pando, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP) convocó a una reunión de emergencia con la participación de Centrales, Subcentrales y bases. Con el apoyo de las provincias Nicolás Suárez, Manuripi, Abuná y General Federico Román se aprobó una resolución para exigir la anulación de la norma en un plazo de 24 horas, y anunciaron la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a través de representantes legislativos del departamento. Advirtieron que, de no ser atendidas sus demandas, iniciarán una «Marcha por la Tierra y Defensa de los Bosques de la Amazonía» el lunes 6 de abril, desde Pando hacia la sede de gobierno.
Por su parte, la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP) también se declaró en estado de emergencia y advirtió posibles sanciones a las autoridades indígenas que respaldaron la normativa, señalando que esas acciones contravienen sus normas, usos y costumbres. Su presidente, Javier Fernández, advirtió que de el momento en que se identifique qué parlamentarios de su región aprobaron la normativa, serán declarados enemigos de los pueblos indígenas. “Bajaremos a nuestros territorios para tomar decisiones”, apuntó.
En Beni, la asambleísta por los pueblos indígenas Bertha Bejarano, junto a organizaciones del departamento del Beni, declararon estado de alerta y anunciaron una marcha nacional. “Si esta ley se llega a promulgar, los pueblos indígenas estaremos nuevamente sacudiendo nuestras abarcas, para que el gobierno nos escuche, a través de marchas. Es la palabra que han mencionado los dirigentes de las cinco regionales del Beni (…). El movimiento indígena del Beni queremos pedir que se respete los derechos indígenas y que se respete primero la consulta”, señaló.
De igual manera, Viviam Palomeque, a nombre de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Vaca Díez expresó su rechazo al proyecto de Ley, señalando que la normativa, promovería la mercantilización de los predios campesinos y pondría en riesgo su permanencia en el tiempo. “Queremos pedir al presidente que no promulgue la ley. Desde hace días atrás nos hemos declarado en emergencia y ahora más que nunca queremos pedir que la Constitución no sea violada. Nunca nos han hecho la consulta ni han socializado”, afirmó.
En Cochabamba, el ejecutivo Central Provincial Esteban Arze, José Meneces, señaló que el proyecto pone en riesgo las pequeñas tierras agrícolas y llamó a mantener una alerta permanente.
En La Paz, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupak Katari (FDUTCLP-TK) aprobó una resolución en la que se declara estado de emergencia en todo el departamento hasta lograr la reversión y anulación de la norma, y rechazó expresamente el Proyecto de Ley 157. El evento se realizó con la participación de más de 400 autoridades originarias y sindicales.
En el mismo acto, el comité ejecutivo del Suyu Ingavi de Markas, Ayllus y Comunidades Originarias (Simaco) SIMACO emitió un voto resolutivo rechazando el proyecto «en su totalidad» por atentar contra la integridad de la pequeña propiedad campesina, vulnerar el derecho a la consulta previa libre e informada reconocido en el Artículo 30 de la Constitución, y contradecir los principios del Suma Qamaña de la Nación Aymara.
Las Markas, Ayllus y Comunidades Originarias de San Andrés de Machaca Aransaya (MACOSAMA) también aprobaron su propio voto resolutivo durante su Segundo Cabildo Ordinario, exigiendo la suspensión inmediata del tratamiento legislativo del proyecto.
Asimismo, la Federación Única de Trabajadores Campesinos Originarios de la Provincia Manco Kapac «Túpac Katari» aprovechó la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) para protestar también por la normativa aprobada en la Cámara Alta.
La Defensoría pide facilitar un diálogo
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, lamentó que el proyecto no haya seguido un proceso deliberativo adecuado, pese a que la institución remitió el 12 de marzo una nota oficial exhortando a la Asamblea Legislativa Plurinacional a realizar un debate amplio, responsable y técnicamente fundamentado.
«Se trata de una temática estructural que incide directamente en el modelo agrario del país; por tanto, su entrada en vigencia no puede limitarse a una aprobación formal, sino que debe sustentarse en criterios técnicos, diálogo social y evaluación integral de impactos», señaló el Defensor.
Callizaya convocó a las autoridades del Órgano Ejecutivo a facilitar espacios de diálogo amplios, inclusivos y técnicamente fundamentados que permitan prevenir conflictos sociales y fortalecer consensos en torno al modelo agrario del país.
El Proyecto de Ley 157, que fue aprobado en medio de cuestionamientos por la falta de socialización y debate, vulnera artículos específicos de la Constitución Política del Estado (CPE) y sienta las bases para una reconcentración de la propiedad de la tierra en el país, según denunciaron en un comunicado conjunto al menos 13 instituciones de la sociedad civil, advirtiendo además que el Proyecto de Ley 157 no es una norma aislada, sino parte de un paquete de leyes orientadas a fragmentar tierras comunitarias y territorios indígenas, con consecuencias sobre la identidad, la cultura y los modos de vida de los pueblos originarios.
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