La transición energética busca reducir progresivamente el consumo de combustibles fósiles, promoviendo la electrificación de la economía a través de tecnologías como los paneles solares y las turbinas eólicas. Sin embargo, su desarrollo enfrenta importantes limitaciones debido a la alta dependencia de la explotación de tierras raras o minerales críticos —un grupo de al menos 17 elementos presentes en la corteza terrestre—. Estos recursos son estratégicos para las tecnologías modernas y fundamentales para la sociedad actual.
Aunque muchos países, especialmente en Europa, han acelerado la transición energética para cumplir con sus compromisos climáticos y responder a la crisis energética derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania, no todos disponen de reservas suficientes de estos minerales. El éxito de esta transición está estrechamente vinculado a la disponibilidad y suministro de estos recursos, lo que podría intensificar los modelos de desarrollo extractivista en los países que los poseen.
Según la Agencia Internacional de Energía, China es el principal productor y procesador de tierras raras en el mundo: concentra alrededor del 60 % de extracción y procesa cerca del 90 % de la producción global. El régimen de Xi Jinping ha comprendido que el valor de estos minerales no se limita a su comercialización, sino que reside también en su aprovechamiento estratégico para el desarrollo tecnológico. Esta situación ha generado una creciente dependencia de los países occidentales hacia China, lo que impacta directamente en el ritmo y la soberanía de la transición energética global. En América Latina, solo Brasil figura entre los diez países con mayores reservas, ubicándose en el tercer lugar con aproximadamente el 15 % del total mundial.
Tierras raras y minerales críticos en territorios indígenas
Paradójicamente, la transición energética basada en fuentes renovables ha aumentado la demanda de tierras raras y minerales críticos —recursos no renovables—, cuya extracción se concentra en ecosistemas estratégicos y frágiles, como los territorios indígenas. Un estudio global publicado en 2022, basado en la plataforma internacional sobre suministros de minerales para la transición energética, revela que más de la mitad de los proyectos extractivos vinculados con estos recursos están ubicados dentro de territorios indígenas o en sus cercanías.
En el caso de América Latina y el Caribe, se estima que el 73 % de estos proyectos impactan directa o indirectamente a territorios indígenas titulados formalmente. Además, muchos de ellos se superponen con zonas que presentan altos niveles de estrés hídrico, lo que incrementa su vulnerabilidad ambiental.
El aprovechamiento de tierras raras y minerales críticos no solo conlleva importantes impactos ambientales, sino también consecuencias sociales y culturales. Entre ellas destacan el riesgo de desplazamiento forzado de comunidades indígenas y la amenaza a su identidad cultural, debido a la migración, la fragmentación territorial y la transformación acelerada de sus modos de vida. También se observa una afectación en los mecanismos de toma de decisiones y el sistema de autoridades, especialmente por la decisión de las autoridades estatales de no respetar el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada.
Bolivia en el escenario de la explotación de tierras raras y minerales críticos
Bolivia atraviesa una profunda crisis económica y energética, resultado del colapso del modelo basado en la explotación de hidrocarburos. El aumento de los precios internacionales del petróleo, junto con la drástica disminución de las reservas de gas, ha provocado un severo desequilibrio fiscal. Esta situación repercute en los ámbitos social, político y judicial, y se agrava por la débil institucionalidad democrática y la falta de independencia de poderes del Estado.
En este contexto de crisis multidimensional, el gobierno nacional ha decidido profundizar el modelo de desarrollo extractivista, ampliando la frontera hidrocarburífera y minera en la Amazonía, junto con el interés por explotar tierras raras y minerales críticos. Si bien la atención internacional en relación a la transición energética se ha centrado en los proyectos de explotación de litio en el sudeste del país, resulta fundamental prestar atención a los proyectos de prospección y explotación de tierras raras y minerales críticos en regiones como la Amazonía, la Chiquitanía, el Chaco y Pantanal.
El gobierno nacional busca promover una “nueva minería no tradicional” para responder a la creciente demanda global en el contexto de la transición energética.
Como parte de la expansión del modelo extractivista, en 2022 se creó el Viceministerio de Minerales Tecnológicos y Tierras Raras. Dos años más tarde, en enero de 2024, el Ministerio de Minería y Metalurgia anunció el inicio de actividades de exploración de estos recursos. El gobierno nacional busca promover una “nueva minería no tradicional” para responder a la creciente demanda global en el contexto de la transición energética. La meta es diversificar la explotación de minerales tradicionales (plata, estaño, plomo, zinc y oro) hacia otros como níquel, cobalto y tierras raras. Para ello, dentro de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), la empresa estatal encargada de administrar la cadena productiva minera, se creó la Gerencia Nacional de Minerales Tecnológicos y Tierras Raras.
Además de la explotación de litio en Potosí, liderada por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), en el país se desarrollan dos proyectos de prospección de tierras raras: Cerro Manomó y Rincón del Tigre, ambos ubicados en el departamento de Santa Cruz, en las regiones de la Chiquitanía y el Pantanal. Estos proyectos tienen como objetivo identificar y cuantificar reservas de minerales como torio, niobio, níquel, cobalto, cromo, oro y tierras raras.
Por otra parte, en 2023 se realizaron actividades de prospección en San Javier (Chiquitanía), donde se recolectaron muestras de rubidio, cesio, wolframio, titanio, tántalo, lantano, praseodimio, europio, cerio, neodimio, samario y torio. Hasta el momento no se conocen los resultados de estos estudios y mucho menos se sabe qué actores estarían involucrados en la etapa de explotación.
Minerales tecnológicos y tierras raras en territorios indígenas
Actualmente, no existe una base de datos oficial sobre la presencia de minerales tecnológicos y tierras raras en territorios indígenas del Oriente, el Chaco y la Amazonía. Sin embargo, un ejercicio de traslape entre el Mapa de Minerales Tecnológicos y Tierras Raras en Bolivia y la superficie de los 58 territorios indígenas reconocidos formalmente por el Estado, realizado por el CEJIS, permite identificar que estos proyectos se concentran principalmente en las regiones de la Chiquitanía, el Pantanal y la Amazonía Norte del país.
En la Chiquitanía, las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) Guarayos, Monte Verde, Lomerío y Zapocó están amenazadas de forma directa por el proyecto Pico Suto, mientras que la TCO Bajo Paragua se ve afectada por el proyecto Cerro Manomó. En el Pantanal, el proyecto Rincón del Tigre impacta de manera directa a la TCO Pantanal y al territorio homónimo, propiedad del pueblo Ayoreo. En la Amazonía norte, el proyecto Madre de Dios para la explotación de oro afectará directamente al Territorio Multiétnico II.
Por otro lado, los proyectos implementados por COMIBOL en el departamento de Santa Cruz tendrán un impacto indirecto en cuatro territorios indígenas: Guarayos, Pantanal, Tobité y Turubó Este.
Pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial
Los proyectos de prospección también representan una amenaza para los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en el Pantanal y las zonas de transición hacia el Chaco. En particular, el proyecto Rincón del Tigre impacta directamente las zonas de tránsito de los últimos grupos ayoreos que permanecen en aislamiento voluntario.
No existe evidencia del desarrollo de salvaguardas que protejan la integridad de estos pueblos ni respeten su decisión de permanecer en aislamiento, tal como lo establece el Artículo 31 de la Constitución Política del Estado vigente desde 2009. Como una acción para fortalecer las salvaguardas internacionales a favor de estos pueblos a nivel internacional, durante el 24º periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas se abordó la situación de los derechos de los Pueblos Indígenas, incluidos aquellos que viven en aislamiento voluntario y contacto inicial, en el contexto de las extracción de minerales esenciales. En esta instancia, el Foro recomendó “prohibir cualquier actividad económica, especialmente de exploración, investigación, extracción y procesamiento de minerales esenciales para la transición energética en los territorios en los que se reconoce que existen pueblos en aislamiento voluntario”.
Lejos de atender esta recomendación, las autoridades nacionales apuestan por profundizar las actividades de prospección en regiones con presencia comprobada de pueblos en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial.
Ausencia de consulta previa e información ambiental
Si bien la Constitución establece la obligatoriedad de realizar procesos de Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos Indígenas ante cualquier actividad que pueda afectar su vida o sus derechos, la política nacional sobre la llamada “nueva minería no tradicional” —particularmente la explotación de tierras raras y minerales críticos— no ha sido sometida a consulta con los pueblos de las TCO de la Chiquitanía y el Pantanal.
Los proyectos Pico Suto, Cerro Manomó y Rincón del Tigre no fueron consultados con las autoridades de los pueblos Guarayo, Chiquitano y Ayoreo. La exclusión de las comunidades indígenas al proceso de consulta previa tiene su origen en la Ley de Minería y Metalurgia N.º 535, promulgada en mayo de 2014, que exime a los proyectos de prospección de esta obligación. Esta disposición es abiertamente inconstitucional, ya que contradice lo establecido en la Norma Fundamental y en los instrumentos internacionales de derechos indígenas.
La aplicación de esta normativa agrava la situación de vulnerabilidad de los Pueblos Indígenas, en particular del pueblo Ayoreo, que cuenta con segmentos en situación de aislamiento voluntario en la zona en la que se desarrolla el proyecto Rincón del Tigre. La ley permite el ingreso de actividades de prospección sin mecanismos de control ni participación, más allá de una simple autorización administrativa emitida por las autoridades mineras. A esto se suma la ausencia de información sobre los impactos ambientales, tanto en la fase de prospección como de la futura fase de explotación.
A manera de conclusión
La transición energética no puede construirse a costa de la vulneración de los derechos de los Pueblos Indígenas ni mediante la devastación de sus territorios y el medio ambiente. La situación que enfrentan las comunidades indígenas de las regiones de la Chiquitanía y el Pantanal evidencia que, lejos de representar una salida al modelo extractivista, la llegada de proyectos de prospección y explotación de tierras raras y minerales críticos tiende a profundizarlo. Esto genera mayores presiones sobre los territorios y nuevas violaciones a los derechos indígenas.
El silencioso avance de esta “nueva minería” en las tierras bajas de Bolivia ya muestra sus primeros impactos: proyectos de exploración y explotación implementados sin consulta ni consentimiento de los Pueblos Indígenas. Estas actividades implican una pérdida significativa del patrimonio natural —especialmente del bosque— y agravan los efectos del cambio climático, como el aumento del estrés hídrico.
Bolivia se encuentra en una encrucijada: persistir en un modelo extractivista o avanzar hacia formas de desarrollo que respeten la autodeterminación de los Pueblos Indígenas. En este contexto, resulta urgente restituir salvaguardas efectivas y garantizar la realización de procesos de Consulta Previa, Libre e Informada obligatorios en todas las etapas de los proyectos mineros, como condición mínima para avanzar hacia una transición energética verdaderamente justa.
Columna extraída de Debates Indígenas
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Miguel Vargas es director del CEJIS
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