El Tribunal Supremo Electoral ha convocado a elecciones y después de comprobar que la Asamblea Legislativa no tiene interés en aprobar el paquete de leyes completo, acordado en el último encuentro multipartidario, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas señaló que buscarán “blindaje ciudadano” y apoyo internacional para fortalecer y proteger el proceso electoral.
De las 5 leyes propuestas al Legislativo, sólo dos (la de la transmisión rápida de resultados preliminares y la del debate obligatorio) han sido aprobadas en la Cámara de Diputados. Las normas más críticas, como la que garantiza el principio de preclusión y la que asegura el financiamiento para el voto en el exterior aún no han sido tratadas o se han rechazado, como el caso de $us 100 millones otorgados por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), generando susceptibilidad respecto a la independencia del Órgano Electoral y al apoyo real del Legislativo y de los actores políticos que no parecen incomodarse con la posibilidad de que, en algún momento, el proceso sea intervenido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), o que no cuente con financiamiento o dólares para organizar la elección en el exterior.
El lanzamiento de la convocatoria -en medio de este escenario de incertidumbre- muestra un importante nivel de decisión del TSE que, sin embargo, resulta débil y podría verse afectado por cualquiera de los muchos riesgos que este proceso electoral enfrenta. La pregunta ahora es cómo las autoridades electorales piensan enfrentar estos riesgos que, aunque fueron identificados oportunamente, requieren no solo del apoyo de las organizaciones políticas, del Ejecutivo o del Legislativo, sino de la ciudadanía porque es la única que puede dotar de legitimidad a sus acciones.
En enero de este año, la Fundación Jubileo y la Alianza OCD entregaron un documento con recomendaciones técnicas al Tribunal Supremo Electoral; una de ellas señala claramente la necesidad de que la sociedad civil y las organizaciones políticas acompañen, por ejemplo, los procesos de delimitación de circunscripciones uninominales o la verificación del padrón electoral.
La nueva cartografía electoral fue presentada hace una semana por los nueve Tribunales Electorales, sin considerar en el proceso la participación de organizaciones políticas ni a la sociedad civil o instituciones como las universidades. Esto afecta directamente a la transparencia de este trabajo. Departamentos como Santa Cruz, Chuquisaca y La Paz señalaron no estar de acuerdo con el nuevo mapa; en el caso de Santa Cruz el problema fue resuelto satisfactoriamente, en los otros casos aún no.
En cuanto al padrón, otro ejemplo, hace pocos días el TSE anunció que trabajará con representantes de las universidades privadas de Santa Cruz para coordinar la verificación del padrón electoral biométrico, faltando sólo 2 meses para la publicación de ciudadanos habilitados y dejando de lado la propuesta del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, presentada en febrero (cuando probablemente se podían haber corregido algunas fallas identificadas), porque «el acompañamiento propuesto era de largo aliento» y no se alcanzaría a cumplir con este trabajo antes de las elecciones. ¿No se podría haber acordado un avance gradual y priorizado, de modo que lo más importante o factible se logre antes de agosto?
Ahora bien, si los representantes de las universidades privadas tienen acceso a la información del padrón -otro problema es el acceso a la totalidad de la información del padrón y no sólo a lo que el SERECI define- y encuentran fallas en la verificación de información, ¿habrá el tiempo necesario para resolverlas? ¿El verdadero problema es el tiempo o el acceso a la información del padrón?
Entonces, ¿se trata de contar con un acompañamiento serio que permita encontrar dificultades y solucionarlas, o sólo se quiere “mostrar” que se está trabajando con transparencia? ¿Se trata de considerar seriamente las recomendaciones ciudadanas o sólo de dar respuestas amables que den la sensación de que han comprendido la necesidad de ser más eficaces y transparentes?
La sociedad civil y la academia tienen la capacidad de aportar en varios temas y, aunque la temática electoral sea especializada, hay muchos profesionales con el conocimiento necesario en procesos electorales o tecnológicos utilizados también en otras disciplinas. Pero, sobre todo, la sociedad civil tiene la capacidad de hacer conocer las necesidades de los electores para que los equipos técnicos del organismo electoral puedan mejorar y lograr eficiencia en sus procesos
El “blindaje ciudadano” no es difícil de conseguir, es más, se lo ha propuesto al TSE desde enero a través de recomendaciones. Y no es necesario recurrir a él cuando «las papas queman», sino cuando, con sinceridad, se acepta que recobrar la confianza y credibilidad de la población es fundamental en este momento de desconfianza generalizada en las instituciones.
Todavía hay tiempo de mirar hacia las instituciones u organizaciones civiles para buscar acompañamiento a procesos informáticos que tienen que ver con la limpieza del padrón, con el sorteo de jurados o con el diseño del sistema de transmisión rápida de resultados preliminares con el fin de dotar de transparencia a la organización de las elecciones y fomentar una necesaria corresponsabilidad ciudadana.
Son tiempos complejos que requieren apertura para construir soluciones colectivas, ya que la necesidad que tiene el OEP de demostrar a más de siete millones de ciudadanos que es capaz de llevar adelante unas elecciones íntegras es mucho mayor. El blindaje ciudadano está disponible; solo es necesario avanzar en una lógica de transparencia y considerar que la participación ciudadana es muy importante para fortalecer la imagen del OEP.
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Sandra Verduguez es Comunicadora social, integrante de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD).
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