De izq. a der: Claudia Terán, Yerko Ilijic y Fabiola Chambi.
“Esta suerte de corporación monopólica de la política, de la verdad y de la justicia es lo que ha hecho que el 2024 sea un año de pesadilla para los derechos humanos”. Con esas palabras, el analista político Yerko Ilijic resume su análisis respecto al Informe sobre libertades fundamentales e institucionalidad democrática de UNITAS, que fue presentado la semana pasada en La Paz y que fue analizado en el programa Sumando Voces en Directo.
Además de Ilijic, participaron del programa la periodista Fabiola Chambi, quien también es editora de Connectas, y la coordinadora del Programa Defensores y defensoras de UNITAS, Claudia Terán, quien tiene a su cargo el Observatorio que produce año tras año el citado informe.
Chambi expuso el contexto de violencia en el que los periodistas tuvieron que desempeñar su trabajo, principalmente durante los conflictos internos del MAS, mientras que Terán puso énfasis en el incremento de casos de vulneraciones a la institucionalidad y la criminalización de defensores y defensoras en Bolivia.
Según el informe, en 2024 se registraron 915 vulneraciones a la institucionalidad democrática y las libertades fundamentales, lo que representa un incremento del 19% respecto a 2023, cuando hubo 743 vulneraciones.
Los datos, señala Terán, “demuestran una profundización de la falta de garantías para el ejercicio de las libertades y de la institucionalidad”.
Fragilidad institucional
La institucionalidad democrática es la categoría que más registros contiene en el Informe y de hecho es la que más ha crecido en cuanto a vulneraciones en comparación a 2023. En 2023 hubo 379 vulneraciones y en 2024 se registraron 525 violaciones a la institucionalidad, entre las que se cuentan acoso político, corrupción, falta de independencia de poderes, entre otros aspectos.
En concordancia con los datos, Yerko Ilijic dice que “hay una enorme fragilidad institucional en el país” y la estatalidad, para mostrarse fuerte, en primera instancia procede a una “acción”, que es detener personas y, acto seguido, incurre en una “omisión”, que es la negación de la presunción de inocencia, aspectos que son registrados en el informe como los más recurrentes.
El segundo elemento que menciona como “preocupante” es el empeño de esta estatalidad por desprestigiar la prensa. Y, el tercer elemento, según Ilijic, es “el uso desproporcionado de la fuerza pública”.
El paraguas de estas vulneraciones es la ausencia de independencia del Órgano Judicial, que ha sido desmontada por esta estatalidad, según el analista.
En ese contexto, la institucionalidad es reemplazada por organizaciones coercitivas que, según el estudio, son las vulneradoras de los derechos de las personas, entre ellas la Policía, el Ministerio de Gobierno, el Órgano Judicial.
Periodistas en contexto de violencia
El Informe muestra un incremento de casos de vulneración a la libertad de prensa de 143 a 150. Al respecto, Fabiola Chambi señala que si bien el aumento no es grande, recuerda que el año pasado ha sido particularmente violento para los periodistas, en el marco de un bloqueo carretero del evismo contra el arcismo. Incluso, ella misma recuerda que fue víctima de la violencia en esa protesta.
Chambi dice que antes de este hito, la prensa tenía un valor simbólico y que la credencial servía para generar respeto, pero “lo que ha ocurrido en este caso específico es que esa credencial se pisoteó y no valió absolutamente nada”.
Frente a estos hechos, señala, no se hace nada y los propios periodistas ni siquiera presentan denuncias porque consideran que “hay cierto nivel de complicidad de estos actores”, lo que le lleva a afirmar que los periodistas ejercen su función en un “estado de indefensión y de vulnerabilidad”.
Esta situación ha llevado a muchos periodistas, según relata Chambi, a alejarse del oficio porque encuentran que ya no es una opción segura. Ella cree que esto se debe también a que el periodismo es una especie de utopía de querer cambiar algo, pero “cuando el periodista se da cuenta que está frente a un muro tan grande, ya no puede hacer más y dice ‘hasta aquí llegué.»
Este abandono del oficio ocurre, además, en el marco de una severa precarización laboral. “Hay casos muy concretos en este último año, sobre todo de medios que han suspendido totalmente los contratos para periodistas, están funcionando simplemente con consultores sin ningún tipo de seguro y al mismo tiempo hay coberturas de riesgo”, lamenta.
Y, el debilitamiento del periodismo repercute en la calidad de la democracia.
Defensores criminalizados
Según el informe, las vulneraciones a los defensores han aumentado de 51 a 93, lo que fue calificado por Terán como preocupante. “En nuestro país la tipología más frecuente es la criminalización y es muy efectiva porque el defensor o la defensora comienza a ser perseguido penalmente, principalmente a través de tipos penales ambiguos”, señala. Agrega que esta situación “desgasta emocional, económicamente, familiarmente a los defensores con mucho más énfasis que las mujeres”.
Hace notar que, por recomendación de organismos internacionales, el Estado debería crear mecanismos específicos para proteger a las y los defensores, algo que no ha sucedido todavía.
Apagón ciudadano
Y ¿por qué la sociedad civil no se preocupa por estas vulneraciones? Yerko Ilijic sostiene que se debe a que la mayoría votó “por este modelo en el cual se desalojaba la posibilidad de la institucionalidad”.
Menciona que el informe destaca que a inicios y a finales de año se producen los mayores quiebres porque se produce una especie de “apagón ciudadano masivo”.
“El apagón ciudadano masivo no es como una especie de justificativo de lo que está ocurriendo. Es una alarma”, señala.
Recomendaciones
El Informe sobre libertades, por primera vez, incluye recomendaciones al Estado como garante de derechos y a la sociedad civil en la lógica de la corresponsabilidad.
Entre las recomendaciones se incluyen reformas legales, como “la necesidad de reformar la ley 351 de otorgación de personería jurídica por haber sido considerada ya restrictiva para el ejercicio de la libertad de asociación hace más de 10 años”, señala Terán.
También recomienda la “aprobación urgente de protocolos claros sobre el uso de la fuerza y protocolos de para investigar vulneraciones de derechos hacia defensores, hacia periodistas”. Además de la “prohibición de exposición pública de personas sin sentencia” y “la urgencia de establecer de manera participativa un mecanismo de protección integral para periodistas y para defensores”.
Claudia Terán precisa que el informe no registra vulneraciones a los derechos humanos en general, sino las libertades fundamentales y, en ese marco, “hemos visto la necesidad de monitorear la institucionalidad democrática como un paraguas para el ejercicio de los derechos individuales y de estas libertades”.
Puedes ver el programa completo aquí:
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