Fotos: Red Muqui de Perú y Cenda de Bolivia.
Representantes de organizaciones sociales, pueblos indígenas y campesinos, así como organizaciones no gubernamentales (ONG) de diversos países de América Latina y Centroamérica iniciaron un proceso de articulación para consolidar una red regional de vigilancia y monitoreo ambiental comunitario en medio de un contexto de creciente presión extractiva sobre los ecosistemas y comunidades del continente. La iniciativa, que aún se encuentra en fase de construcción, busca responder desde la sociedad civil a la crisis ambiental que se agudiza en territorios andinos y amazónicos.
«Queremos construir un espacio latinoamericano que articule las experiencias locales, que visibilice lo que está ocurriendo en nuestros países y que permita impulsar acciones conjuntas ante organismos internacionales», explicó Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui en Perú, una red de 32 organizaciones que desde hace más de una década acompaña procesos de vigilancia ambiental comunitaria en zonas impactadas por actividades mineras.
El IV Encuentro Internacional y I Congreso Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios se realizó del 23 al 26 de mayo, en Lima, Perú. Participaron representantes de distintos países de Latinoamérica.
Al respecto, el director de la ONG Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (Cenda), Sergio Vásquez, dijo que la iniciativa surge como una respuesta urgente a la contaminación provocada por la minería en países como Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, entre otros.
El director de Cenda relató que, durante el encuentro, los participantes compartieron experiencias sobre las afectaciones en sus regiones. Se expusieron casos emblemáticos como el de San Agustín de Puñaca en Oruro, Bolivia, el cual se ha convertido en un símbolo de la resistencia y la exigencia de justicia ambiental.
Las cuatro comunidades que forman parte de ese ayllu conviven con aguas ácidas de mina y un suelo totalmente dañado, donde no se puede cultivar nada y la vida cada vez es más difícil, explicaron los comunarios. Sin embargo, ellos asumen acciones concretas para frenar esa contaminación ambiental generada por las empresas del mismo Estado, como Huanuni.
Además, Vásquez agregó que la minería está altamente cruzada con la comercialización global, sobre todo con la cadena de suministro europea. «Europa consume estos minerales, pero no existen mecanismos de control que garanticen que su extracción no viole derechos humanos de los pobladores y territorios donde se explota”, denunció Vásquez.
La preocupación compartida que une a estas comunidades es clara: la expansión del extractivismo.
En ese sentido, el secretario de la Red Muqui, Jaime Borda, enfatizó que, con la creciente demanda internacional de minerales estratégicos como el litio, el cobre, el níquel o el cobalto, los gobiernos de la región, sin importar su orientación política, priorizaron las inversiones mineras por encima de los derechos colectivos y ambientales. Esto implicó retrocesos en materia de institucionalidad ambiental y un aumento de los conflictos socioambientales.
Vigilar desde los territorios
Aunque aún no existe una «coordinadora» formal de monitores ambientales, se ha constituido un grupo impulsor, con el liderazgo técnico de redes como la Red Muqui en Perú y el acompañamiento de organizaciones como CENDA en Bolivia. Entre los países que participan en esta articulación se encuentran Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina, Guatemala, El Salvador y México. La expectativa es que más adelante se organice un segundo encuentro internacional, posiblemente en Colombia o Bolivia, para dar continuidad al proceso.
La vigilancia y monitoreo ambiental comunitario consiste en que miembros de comunidades organizadas –jóvenes, comuneros, mujeres lideresas– se capaciten y equipen para controlar la calidad del agua, registrar impactos de actividades económicas extractivas y proteger su entorno. En países como Perú, donde ya está consolidada una Coordinadora de Vigilantes y Monitores Ambientales, utilizan desde kits portátiles hasta metodologías científicas accesibles como el análisis con macroinvertebrados.
La red busca no solo fortalecer la vigilancia en los territorios, sino también incidir ante organismos supranacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o las relatorías de la ONU.
«Una de las principales tareas va a ser sistematizar la experiencia, las violaciones de derechos que sufren en cada país en torno a la salud, en torno a la generación hídrica, en torno a la contaminación de suelos. Esa sistematización se va a convertir en un informe latinoamericano que va a ser puesto en debate y en consideración no solo de la sociedad, sino también de instancias internacionales como la Corte Interamericana, la propia ONU y otras que puedan utilizar de insumo para tomar medidas de control de recomendación a los Estados y también de medidas precautorias a favor de los afectados», enfatizó el director de CENDA.
Intercambio de experiencias
El encuentro también permitió sembrar ideas concretas de sanación territorial que ya comienzan a germinar. “Ha sido un encuentro muy activo. He ganado mucho conocimiento, mucha experiencia”, resume Viviana Lima, representante de la Organización Territorial de Base de San Agustín de Puñaca. Su comunidad convive desde hace años con la contaminación de aguas ácidas producto del extractivismo minero. Pero en el encuentro regional conoció una posibilidad que antes parecía lejana: tratar el agua contaminada con apoyo técnico y saberes compartidos.
Viviana quedó particularmente impresionada con las experiencias de dos comunidades peruanas —una de ellas en Cajamarca— que lograron iniciar procesos de remediación ambiental. “Me dijeron que habían sembrado plantas, que habían hecho tratamiento de sus aguas contaminadas, y eso me dio una idea de esperanza para mi comunidad. Nosotros también podemos hacer monitoreo, podemos organizar pasantías, traer técnicos”.
En este espacio también aprendió sobre el monitoreo de macroinvertebrados, una técnica que consiste en recolectar pequeños organismos acuáticos (bichitos) para analizar la calidad del agua. “Ellos sacan los bichitos del agua, los comparan con una tabla, y así saben si el agua está buena o contaminada. Es un kit de unas diez unidades, no es muy caro. Cuesta unos 300 dólares, pero los reactivos sí son un poco más caros”, explicó. En su comunidad aún no se realiza este tipo de análisis, pero ahora lo ven como una posibilidad que les da la esperanza de recuperar las tierras sanas de antes.
El encuentro finalizó con una conferencia de prensa en Lima y la publicación de un pronunciamiento conjunto. Aunque aún no hay una sede definida para el próximo encuentro, el proceso avanza con el impulso de las propias comunidades, informó el ejecutivo de la Red Muqui.
El Director de Cenda hizo un llamado a más organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas a sumarse a este esfuerzo regional: “Es hora de aunar fuerzas y exigir a los Estados que respeten la Constitución y los derechos fundamentales que protegen la vida y el medio ambiente”.
Lea aquí el pronunciamiento:
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