Alianza Regional advierte “restricciones severas” al espacio cívico y al orden democrático en la región

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La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información ha publicado recientemente su informe denominado “Libertades en retroceso, entre el autoritarismo y la defensa de la democracia e América Latina”, en el que advierte sobre “restricciones severas al espacio cívico y el orden democrático, lo que a su vez hace mella en el disfrute de los derechos humanos”, en América Latina.

El informe analiza la situación de las libertades en 13 países. Si bien Bolivia no ha sido monitoreada, los resultados coinciden con el Informe de Situación 2022, presentado por la UNITAS a finales de junio en La Paz, donde se registran 768 vulneraciones a los derechos, incluyendo la libertad de prensa, derecho a la protesta, institucionalidad democrática, derechos de los defensores, libertad de asociación, libertad de expresión y libertad de reunión.

El informe de la Alianza Regional indica que “la restricción del espacio cívico es un preludio del agravamiento de la situación democrática y de derechos humanos a nivel regional”.

El estudio analiza los derechos a la libertad de expresión, derecho a asociación y protesta pacífica en Nicaragua, Cuba, Venezuela, Guatemala, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay y Uruguay.

El documento especifica que las regulaciones en la región están orientadas a “mayores controles de manifestaciones públicas con el aumento de sanciones civiles y penales; ampliación o modificación de conceptos para criminalizar la crítica legítima a través de presuntos delitos de odio o acusaciones de terrorismo; la incorporación de atribuciones discrecionales al poder ejecutivo o cuerpos de inteligencia; sobreregulaciones al derecho a asociación mientras se reducen los controles a la gestión pública de recursos”.

Otro rasgo mencionado por el informe regional hace referencia a “la tendencia a estigmatizar desde el discurso público a sectores críticos, periodistas, medios de comunicación u oposición partidista en los países consultados”. También hace notar que “a nivel de acceso a la información, en todos los países se identifican prácticas o regulaciones restrictivas, desde la negación sistemática de peticiones, hasta la falta de proactividad en la difusión o la invocación frecuente de excepciones.

De hecho, Venezuela y Bolivia son los dos únicos países de la región que carecen de una ley de acceso a la información.

Y, el informe repara en que en la mayoría de los países consultados se restringe los derechos con la persecución judicial por ejercer la libertad de expresión.

“Las prácticas autoritarias avanzaron en algunos países de la región al punto de consolidar regímenes que desnaturalizan las bases del Estado de Derecho, tales fueron los casos de Nicaragua y Venezuela. Por otra parte, en Guatemala la crisis estructural afectó gravemente los cimientos de la institucionalidad, mientras que en Cuba las dinámicas no democráticas se consolidaron a partir de nuevas olas de persecución hacia sectores críticos al gobierno”, concluye el reporte de Alianza Regional.

El informe fue presentado y comentado recientemente en una mesa redonda virtual, de la que participaron representantes de diversas organizaciones de la región que trabajan de las libertades de la sociedad civil.

Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Cívico, una entidad de Venezuela, quien lideró el estudio, dijo que asistimos a una “regresión de las garantías democráticas” y que vivimos una “emergencia de nuevos modelos autoritarios”, no solamente en los países ya conocidos por vulnerar derechos, sino en casi toda la región.

El boliviano Ramiro Orías, miembro del Comité Jurídico Interamericano y Oficial de Programa Sénior en DPLF, estuvo presente en la mesa, donde señaló que en el estudio faltan algunos casos críticos, pero “lo que dice (el informe) se aplica a varios de los que no están”.

Explicó que una de las causas del deterioro del espacio cívico tiene que ver con la polarización política, que ha normalizado los discursos radicales y violentistas en contra de los representantes de la sociedad civil, como periodistas o miembros de las ONGs y otros.

El caso de Bolivia

En el caso de Bolivia, la directora ejecutiva de UNITAS, Susana Eróstegui, hizo notar, durante la presentación del Informe de situación 2022, ocurrida en junio de este año, que “la libertad de asociación ha sido obstaculizada por restricciones legales y administrativas y por la suplantación o división de organizaciones”, siendo el caso de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia el más emblemático.

Por otro lado, indicó que “la vulneración a la libertad de reunión, con énfasis en el derecho a la protesta, se constituye en un indicador válido sobre el estado de situación de la democracia y la política boliviana”. 

Con relación al incremento de la vulneración a la libertad de prensa, “cabe mencionar que las agresiones a periodistas fueron las más recurrentes, seguidas del impedimento de acceso a la información, la estigmatización y el incumplimiento al deber de protección de periodistas”, indicó Eróstegui.

El informe global “Poder Ciudadano Bajo Ataque” señala que durante 2022, “la violación más común documentada por CIVICUS Monitor fue el acoso a activistas de la sociedad civil y periodistas”. Respecto a la evaluación integral de las condiciones en que se desarrollan las acciones de la sociedad civil en 197 países, el informe también muestra que en Bolivia el espacio cívico está en la categoría “Obstruido”.

Esta calificación se ratifica con los datos que el Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS monitorea, sistematiza, analiza y difunde de manera periódica sobre la situación de las libertades fundamentales, la institucionalidad democrática, el derecho a la protesta y el derecho a defender derechos.

La situación de Bolivia se refleja en las 768 violaciones a los derechos mencionados registradas en el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. “Los datos muestran el uso de la fuerza pública, agresiones contra periodistas y/o defensores de DDHH, represión en las protestas, acoso legal, censura, vigilancia, entre otros, que son señal del debilitamiento de la democracia y del Estado de derecho”, indicó la directora de UNITAS.

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