Alex Villca y Fátima Monasterio, durante el programa Sumando Voces en Directo. Foto: Captura
El norte de La Paz, donde se encuentra el Parque Nacional Madidi, se ha convertido en una región asediada por la minería ilegal, los incendios forestales y los proyectos de infraestructura, en el marco de la denominada “marcha al norte”, según advierte el vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP), Alex Villca, quien participó del programa Sumando Voces en Directo el jueves pasado, junto a la investigadora de la Fundación Solón, Fátima Monasterio.
La marcha al norte es un plan de aprovechamiento del potencial productivo del norte de La Paz y áreas aledañas, impulsado por el Estado y el sector privado, que contempla la construcción de carreteras y la instalación de proyectos industriales.
Villca recordó que el 2016 marcó un hito porque 18 comunidades de la Mancomunidad de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey ofrecieron resistencia a la instalación de las represas de El Bala y El Chepete, hasta lograr la paralización de los proyectos, sin embargo, en ese contexto, según explica, se produjo la división de los pueblos indígenas de la zona.
Señaló que, además de las represas, existe un proyecto carretero que pretende atravesar el Madidi, comenzando en Apolobamba, pasando por Pelechuco, Apolo, San José de Uchupiamonas, Tumupasa, Iximas y Puerto Chivé.
En paralelo a esta resistencia a los proyectos hidroeléctricos, el 2014 se produjo la aprobación de la Ley Minera que, según explica Villca, dio paso a la efervescencia de la minería ilegal en la zona, siendo el pueblo Leco uno de los más afectados.
Y, el 2023, empezaron los incendios forestales, en un área donde tradicionalmente no existía este problema, por tratarse de una selva tropical. “Esto jamás había ocurrido en la historia. Jamás la selva tropical lluviosa había ardido tanto y destruido tanto el territorio indígena, los medios tradicionales de vida de los pueblos indígenas”, señaló.
“Son muchos los elementos que están llevando a agravar la situación de paz, tranquilidad, entendimiento, confraternidad, hermandad que tenemos los pueblos indígenas. Son estos proyectos de gran impacto los que nos están poniendo en este nivel de violencia”, dice Villca, haciendo referencia al asesinato del indígena leco Francisco Marupa, ocurrida hace más de dos semanas y que se suma a otros hechos de presión y hostigamiento a los pueblos indígenas de norte del país.
Explica que estos problemas ocurren en el marco de la denominada “marcha al norte, que engloba grandes intereses”.
Fátima Monasterio coincidió en que el norte de La Paz “desde hace tiempo se ha convertido en un enclave de la expansión de la de la minería aurífera, tanto ilegal como legalizada”. Explicó que, desde el Estado se promueven estos asentamientos “que son no solamente extractivistas, sino que llegan a los territorios indígenas, a los parques nacionales generando múltiples formas de violencia dentro de las comunidades y rompiendo con las estructuras orgánicas, los modos de vida y generando divisiones, y que se entrelazan con otro tipo de violencias y de mafias, no solamente ligadas a la minería del oro”.
Tanto Villca como Monasterio lanzaron estas alertas en el marco de la muerte de Marupa, sobre cuyo caso exigieron una investigación profunda y transparente.
En ese marco, Monasterio indicó que la sociedad civil debe exigir al Estado que cumpla con su obligación internacional de garantizar un entorno seguro y propicio a los defensores ambientales en el marco del Acuerdo de Escazú.
Villca, por su parte, exigió que las autoridades transparenten quiénes se encuentran lucrando con la minería ilegal, porque actualmente únicamente se conocen nombres genéricos de las cooperativas, pero no así la lista de socios y menos los nombres de las empresas privadas extranjeras que operan detrás y que hasta donde se sabe son chinas y colombianas.
El Pueblo Leco culpó de la muerte de Marupa a las mafias de la minería ilegal y a los traficantes de tierras, mientras que el Gobierno sostuvo que los móviles del crimen fueron personales.
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