Un hombre apuntó contra los periodistas en Las Londras. Autor: Captura de video ATB
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales denuncian la impunidad que rodea el caso de secuestro y tortura de seis periodistas en Las Londras, y exigen justicia para las víctimas a tres años de los hechos. La ANPB alerta sobre el riesgo de extinción del proceso judicial y la falta de avances en las investigaciones, situación que consideran un “peligro para la libertad de prensa en Bolivia”.
El 28 de octubre de 2021, seis periodistas fueron emboscados, detenidos y amenazados de muerte mientras cubrían avasallamientos de tierras en Las Londras, provincia Guarayos, Santa Cruz. Encapuchados armados retuvieron a los reporteros durante más de siete horas, marcando “uno de los peores agravios contra la prensa en democracia”, según la ANPB. “Es inaceptable que tres años después de estos actos violentos no haya justicia ni garantías”, denuncia la organización, resaltando la gravedad del atentado contra los derechos de los periodistas y la libertad de expresión.
Las irregularidades en el proceso judicial han sido constantes: la ANPB cuestiona la falta de celeridad estatal, recordando que las fuerzas del orden ingresaron al lugar de los hechos 48 horas después, y que se ha cambiado varias veces a los investigadores y fiscales asignados al caso. Según la ANPB, “se ha dejado en libertad a los principales acusados”, algunos de los cuales continuaron participando en nuevos avasallamientos con el mismo “modus operandi”.
La mañana de este 28 de octubre, el periodista Percy Suárez, una de las víctimas en este caso, entre lágrimas anunció que se aislará del proceso, pues ya no confía en la justicia boliviana.
«Levanto las manos, pero al país y a los colegas les digo: no se olviden de Las Londras, por favor. Me estoy yendo enfermo, levanto las manos porque no aguanto más la injusticia en este caso», dijo en el programa radial de Erbol.
Suárez relató que, además del desgaste emocional, hay un desgaste económico que es difícil sostener, porque, para realizar los trámites implica gastos de pasaje de buses, transporte local, fotocopias, y otros papeleos, lo que sumó a tomar la decisión de dejar el caso.
A tres años de la agresión, el juicio oral aún no se ha iniciado, bajo el argumento de que los imputados no han sido notificados. En un caso extremo, las autoridades han pedido a las víctimas realizar las notificaciones, desestimando la peligrosidad de los acusados, denuncia la ANPB, que cuestiona por qué no se emplean otros medios, como notificaciones digitales, para avanzar en el proceso.
«Me voy adolorido, con lágrimas en los ojos, porque no avanzó este caso. Nos dicen que yo tengo que notificar a mis agresores, eso ya fue el colmo. Me voy solo, triste y decepcionado, pero aclaro que mi fe se perdió en la justicia de acá, pero la justicia de Dios no la voy a perder nunca, pero acá, en este caso Las Londras, nunca va a haber justicia», dijo entre lágrimas.
Ante esta situación, la ANPB exige al Gobierno “cumplir con su deber de garantizar justicia” y llama a la Fiscalía General a asumir un rol activo en la persecución de los responsables. “Las Londras es una herida abierta que no solo vulnera la libertad de prensa, sino también el derecho de la ciudadanía a estar bien informada”, concluye la organización.
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