A cinco años del caso Las Londras, el proceso judicial sigue sin sentencia y vuelve a Sucre

Derechos Humanos

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Yenny Escalante

Percy Suarez, periodista víctima en el caso Las Londras. Foto: Captura de pantalla Revista de Erbol

A cinco años de los hechos ocurridos en Las Londras, en el departamento de Santa Cruz, el proceso judicial por el secuestro, las amenazas y las agresiones contra periodistas y policías continúa sin una resolución de fondo. Ayer, cuando se cumplía un nuevo aniversario del caso, una audiencia terminó con otro incidente que vuelve a poner en suspenso el avance de la causa.

En una entrevista con Erbol, el periodista Percy Suárez, una de las víctimas de los hechos registrados en octubre de 2021, informó que tres personas declaradas en rebeldía y que, según denunció, permanecen en la clandestinidad presentaron un incidente para que el caso sea remitido nuevamente a la jurisdicción indígena originaria campesina.

La solicitud deberá ser revisada en Sucre, lo que podría prolongar aún más el proceso. Según Suárez, una situación similar ya había provocado que el expediente permaneciera aproximadamente un año en esa instancia, antes de que se determinara que el juicio debía continuar en la jurisdicción ordinaria.

El periodista cuestionó que, después de cinco años, todavía no exista una sentencia y atribuyó la demora a incidentes procesales, suspensiones de audiencias y la falta de comparecencia de algunos de los involucrados.

“Cinco años y no hay ningún resultado”, lamentó Suárez, al expresar su preocupación por el rumbo de un proceso que, en su criterio, necesita una respuesta judicial que permita esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

Una cobertura periodística que terminó en secuestro

Los hechos de Las Londras se produjeron el 28 de octubre de 2021, cuando un grupo de periodistas, representantes del sector productivo y policías se trasladó hasta una zona rural de Santa Cruz para cubrir una denuncia relacionada con la ocupación de predios privados.

Suárez relató que siete medios de comunicación participaron en la cobertura y que, después de realizar un sobrevuelo por las propiedades denunciadas como avasalladas, un grupo de periodistas y otras personas decidió trasladarse por tierra hasta el lugar para buscar la versión de quienes se encontraban allí.

En el trayecto, los efectivos policiales que estaban en la zona recomendaron al grupo que esperara mientras se intentaba gestionar un acercamiento con las personas asentadas en el predio. Sin embargo, mientras aguardaban, hombres armados salieron de entre la vegetación y comenzaron a disparar.

Según el testimonio de Suárez, algunos vehículos lograron escapar, pero otros quedaron en poder de los agresores. El periodista recordó que fue encañonado, golpeado y despojado de su cámara, que posteriormente fue destruida a disparos.

Los periodistas y policías que permanecieron en el lugar fueron reducidos, obligados a tenderse en el suelo, golpeados e interrogados sobre los motivos de su presencia. Suárez afirmó que los agresores también les quitaron equipos de trabajo y las armas reglamentarias a los efectivos policiales.

El grupo permaneció retenido durante aproximadamente siete horas. Finalmente, fue liberado después de una negociación, aunque, según el relato del periodista, las víctimas fueron obligadas a firmar un documento en el que se comprometían a no regresar al lugar. Para Suárez, ese documento y un registro audiovisual constituyen elementos que respaldan la denuncia sobre lo ocurrido.

Denuncia que los implicados siguen en la clandestinidad

Uno de los principales cuestionamientos del periodista es que algunas de las personas procesadas no habrían sido aprehendidas, pese a existir mandamientos en su contra. Según explicó, estas personas fueron declaradas rebeldes, pero continúan presentando incidentes a través de sus abogados, lo que provoca nuevas interrupciones en el proceso.

Suárez señaló que, mientras algunos acusados se someten al procedimiento judicial, otros que permanecen en la clandestinidad buscan que la causa sea trasladada a la jurisdicción indígena.

El periodista también cuestionó las reiteradas suspensiones de audiencias por diferentes motivos y los costos que implica trasladarse desde Santa Cruz hasta Concepción, donde se desarrolla el proceso. Cada viaje, explicó, supone aproximadamente seis horas de ida y otras seis de retorno, además de gastos de alimentación y alojamiento.

La nueva remisión del caso a Sucre representa, a su juicio, otro obstáculo para alcanzar una resolución. Suárez estimó que la revisión podría demorar varios meses y expresó su temor de que la causa vuelva a quedar paralizada.

Otro aspecto que lamentó es la escasa participación de las víctimas en el proceso. De los siete periodistas que participaron en la cobertura, aseguró que es el único que continúa asistiendo a las audiencias para brindar su testimonio.

También mencionó que un policía que resultó gravemente herido durante los hechos sigue impulsando el caso. De acuerdo con su relato, el efectivo sufrió la fractura de varias costillas como consecuencia de las agresiones.

Suárez expresó su decepción porque otros colegas no se presentaron ante el tribunal para relatar lo sucedido, pese a que sus testimonios podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos.

“Me he quedado solo”, manifestó, al señalar que continúa adelante con el acompañamiento de su abogada, Raquel Guerrero, pese al desgaste personal y económico que representa mantener activa la causa.

Cinco años después, las víctimas siguen esperando justicia

Para el periodista, el objetivo de continuar con el proceso no es obtener una compensación económica, sino conseguir una sentencia que establezca responsabilidades y siente un precedente para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Suárez insistió en que los ataques contra trabajadores de la prensa no deben quedar impunes y pidió que se establezcan mecanismos que eviten el uso de incidentes procesales para prolongar indefinidamente las causas judiciales.

A cinco años de lo ocurrido en Las Londras, el caso vuelve a quedar pendiente de una definición judicial, mientras las víctimas siguen esperando una respuesta. La nueva controversia sobre la jurisdicción competente añade otro capítulo a un proceso que, según la denuncia de Suárez, todavía no ha logrado traducirse en una sentencia.

El periodista aseguró que continuará asistiendo a las audiencias y defendiendo su testimonio, con la expectativa de que la justicia determine finalmente qué ocurrió en Las Londras y quiénes deben responder por el secuestro y las agresiones denunciadas.

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