Rocío San Miguel en su foto de perfil de X.
La directora de la ONG venezolana Control Ciudadano, Rocío San Miguel, fue detenida el viernes 9 de febrero, cuando intentaba abordar un vuelo a Miami junto a su hija. Frente a ese hecho, en los últimos días se ha generado una ola de repudio y pedidos de libertad de parte de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades, que denuncian abuso de poder y acciones para criminalizar a las ONGs.
Además de Rocío San Miguel, han sido detenidos sus familiares, entre ellos sus dos hermanos, su exesposo y hasta su hija, aunque la mayoría de ellos han sido liberados bajo condicionamientos, excepto ella y su exesposo. El gobierno de Nicolás Maduro acusa a San Miguel de estar involucrada en un plan de magnicidio, algo que han rechazado las organizaciones que exigen su libertad.
La detención se produjo el viernes y sólo hasta el domingo la Fiscalía dio a conocer que estaba bajo arresto y luego informó que está siendo acusada por el supuesto plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Los delitos por los que se le acusa con traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros.
Entre las reacciones por la detención se cuentan las de Estados Unidos, la misión de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y cientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
“No se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se percibe como opositores”, dijo en un comunicado la presidenta de la misión de la ONU en Venezuela, Marta Valiñas.
Amnistía Internacional pidió la libertad “inmediata e incondicional” de San Miguel. Mientras que Estados Unidos indicó que está “profundamente preocupado” por la detención de Rocío San Miguel.
Este miércoles, al menos una decena de organizaciones protagonizaron una concentración en Caracas para exigir la liberación de San Miguel. «A Rocío San Miguel la detienen en una política del Estado venezolano de criminalizar las organizaciones de la sociedad civil y a sus miembros (…). Vemos una escalada en la profundización de la criminalización y la represión», dijo a la AFP la abogada Andrea Santacruz, de la ONG Civilis.
«Estamos seguros de que ella no está implicada en ningún hecho ilícito», comentó la activista.
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