Human Rights Watch (HRW), en su informe mundial sobre el estado de los derechos humanos, indicó que la Constitución boliviana “no prevé nombramientos temporales ni prórroga de los mandatos en caso de que las elecciones judiciales no se celebren oportunamente”, a propósito de la decisión de los magistrados del Tribunal Constitucional de alargar el mandato de los integrantes de las altas cortes indefinidamente.
El reporte señala que “los bolivianos tenían previsto votar el 2023 para elegir, a partir de listas creadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los jueces de los tribunales superiores y a los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de nombrar y destituir jueces. En el pasado, el oficialismo de turno llenó las listas con personas vinculadas al gobierno”.
Agrega que las “las elecciones se retrasaron porque, por primera vez, el oficialismo carece de mayoría de dos tercios necesaria para seleccionar a los candidatos”.
Los mandatos concluyeron el 31 de diciembre y actualmente los magistrados continúan en funciones, tomando decisiones como el nombramiento de vocales y la posesión de un nuevo presidente del TSJ, actos que, según el jurista Eduardo Rodríguez Veltzé, son nulos.
El informe de HRW, que además se pronunció sobre los casos de Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez y César Apaza, hace notar el “uso excesivo de la detención preventiva, incluyendo a líderes de la oposición”. A diciembre de 2022, 66% de los detenidos estaban a la espera de un juicio, indica citando a la Fundación Construir.
Respecto a los sucesos de 2019, cuando Evo Morales renunció a la Presidencia, HRW indica que “a octubre de 2023 nadie había sido juzgado por las 37 muertes en el contexto de las protestas por las elecciones de octubre de 2019, así como por las presuntas torturas y otros abusos cometidos en ese contexto por las fuerzas de seguridad”.
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