En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebró el 3 de diciembre, este sector en situación de vulnerabilidad marchó por las calles de La Paz y emitió un pronunciamiento con una serie de demandas para el Gobierno, entre ellas, la modificación de la Ley 977 para aumentar el monto del bono que reciben. Piden que dicho beneficio esté equiparado al salario nacional que crece año tras año.
«El bono de Bs 250, ganado mediante luchas y conquistas del 2016, no se adecua a la actual situación del país ni a la inflación que vivimos. ¡El Estado no garantiza condiciones para una vida independiente y digna»! (…) Se debe ajustar la Ley 977, cambiando el monto que se cancela por el bono a uno que crezca de forma relativa al salario nacional», refiere parte del pronunciamiento.
Sin embargo, no es el único pedido, pues este grupo de la sociedad sufre de una serie de carencias, discriminaciones, necesidades y vulneración a sus derechos.
«La personas con discapacidad de Bolivia vivimos en situación de pobreza, limitados en el acceso a salud, excluidos de las oportunidades y discriminados por las autoridades y la sociedad. Como muestra de ello, la tercera parte de nuestra población sólo cursó la primaria, sin tener oportunidades de concluir nuestros estudios secundarios, y la otra tercera parte de nosotros no se escolarizó jamás. Nuestra marginalidad es tal que actualmente somos la población con mayor nivel de analfabetismo», acotan.
Asimismo, recuerdan que la «Ley 977 de Inserción laboral y de ayuda económica para personas con discapacidad», tras más de 6 años de promulgación, no se cumple a cabalidad.
Recuerdan al Gobierno que debe garantizar el acceso a fuentes de empleo dignas, de acuerdo a lo establecido por ley, incorporando medidas de seguimiento al cumplimiento de la norma, así como la realización de ajustes razonables a los puestos de trabajo y evaluación.
Sobre este último punto, la Defensoría del Pueblo anunció que presentará ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley de inclusión laboral para las personas con discapacidad.
“El objetivo de este proyecto de Ley es presentar una serie de medidas de equiparación de oportunidades, igualdad de condiciones laborales, apoyo de autoempleo y emprendimientos productivos”, explicó el defensor del pueblo, Pedro Callisaya.
El proyecto de ley, compuesto por seis capítulos y treinta y cinco artículos, también plantea mecanismos de monitoreo y multas por el incumplimiento de las medidas establecidas, según esta institución.
“También se evidenció que las medidas establecidas por la Ley N° 977, no están siendo cumplidas por las instituciones públicas y privadas y no existe flexibilización de requisitos ni jornadas de trabajo diferenciadas para las personas con discapacidad”, añadió a tiempo de señalar que este proyecto normativo es producto de las reuniones sostenidas con las organizaciones de este sector.
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