Instalaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional
/ TCP
La sociedad civil organizada, mediante un pronunciamiento, advirtió que en Bolivia existe «una crisis sin precedentes» debido a las acefalías que podrían producirse desde el 1 de enero en el Órgano Judicial debido a que el sistema político no ha podido realizar la preselección de postulantes a las altas cortes del país por falta de consensos y debido a que el proyecto de ley se encuentra, por segunda vez, en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Ante la imposibilidad de llevar adelante las elecciones este año, es un hecho que a partir del 2 de enero de 2024 estaremos en un escenario de acefalía de los cargos de las autoridades de las altas magistraturas del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, por lo que esta situación ya ha generado un grave daño al Estado de Derecho, a la estabilidad del país y a los derechos de toda la población boliviana”, dice el pronunciamiento.
Los firmantes lamentan que, a pesar de los riesgos que esta demora implica para el Estado de Derecho, no existan respuestas oportunas, voluntad política y la priorización debida.
Asimismo, recuerdan que la Constitución Política del Estado, en sus artículos 182.I, 194.I y 198, contempla a la elección judicial, por voto popular, como la única vía para la selección de las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental y el TCP, por lo tanto, no existe posibilidad de prórroga en su mandato o designación de otras autoridades por alguno de los Órganos del Estado ya que ambas posibilidades son inconstitucionales.
“La sociedad civil organizada exige a las autoridades cumplir con el deber de resguardar el Estado de Derecho y responder a esta crisis sin precedentes, garantizando certidumbre sobre los comicios judiciales, protegiendo los derechos de la población frente al acceso a una justicia independiente e imparcial”, agrega el texto.
Las organizaciones exigen al TCP priorizar y reducir plazos en el tratamiento del “Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2023”, y que el fallo sea emitido en los próximos días para que la Asamblea Legislativa apruebe la norma dentro del periodo legislativo y se preseleccionen a los postulantes.
La norma fue aprobada por la Senado, pero una vez que llegó a Diputados, esa instancia la remitió en consulta a diversas entidades estatales, entre ellas al Tribunal Supremo de Justicia, que, a su vez, la envió al Tribunal Constitucional para consulta.
Sin embargo, el tema reviste urgencia porque los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental terminan sus funciones este 31 de diciembre, por lo que el 1 de enero ya tendrían que posesionarse a sus reemplazantes.
Al respecto, el director asociado de la División de las Américas, Human Rights Watch, César Muñoz, refirió que Bolivia sufre una grave crisis constitucional. “Bolivia: La sociedad civil alerta de la gravísima crisis constitucional que se avecina por el retraso en la selección de altas autoridades judiciales. El Tribunal Constitucional y la Asamblea deben colocar como prioridad destrabar el proceso. Está en juego el Estado de derecho”, posteó en su cuenta X y adjuntó el pronunciamiento de las organizaciones sociales.
Similar postura expuso el abogado y expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien reposteó la publicación de Muñoz con el texto: “Crisis que compromete el respeto a los Derechos Humanos de la población”.
También puede leer:
