Activistas en defensa del área protegida Tariquía, en Tarija. Foto: Colectivo plurales
Luego de que el Tribunal Agroambiental rechazó los recursos que buscaban frenar la exploración petrolera en el campamento Domo Oso-X3 —con lo que la continuidad del proyecto tiene luz verde—, las comunidades que defienden la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (Tarija) alistan una reunión para evaluar el fallo y las acciones que tomarán en defensa de su territorio, no se descarta recurrir a instancias internacionales de justicia.
Francisco Romero, asambleísta departamental representante de las comunidades de la zona de influencia del proyecto, afirmó a Sumando Voces que la resolución no tomó por sorpresa a los pobladores, quienes suponían que la Justicia favorecería a Petrobrás, empresa petrolera a cargo del proyecto, y al Gobierno.
«Ya sabíamos que eso se iba a dar, pues conocemos cómo está la justicia en Bolivia. Sabemos que de nuestro lado no hay grandes poderes económicos, solamente la conciencia de cuidar nuestra nuestras aguas, nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema, nuestra casa común», manifestó.
El representante adelantó que las comunidades organizan una reunión que se realizará en los próximos días para analizar la determinación judicial y definir una posición colectiva. Recordó que las comunidades ya se declararon en estado de emergencia y que, particularmente en Chiquiacá, no se descarta asumir una vigilia permanente.
Consultado acerca de las posibles acciones a ser asumidas, considerando que el fallo agota la búsqueda de justicia por la vía ordinaria en el país, Romero sostuvo: «Ya hemos agotado el tema nacional, entonces yo creo que tal vez una de las medidas sería recurrir a la justicia internacional, que tiene más de credibilidad».
El proyecto va más allá de un pozo
Uno de los aspectos que Romero considera importante aclarar ante la opinión pública es que la controversia no se reduce a la ubicación del pozo Domo Oso-X3. Si bien el Tribunal Agroambiental ratificó que el área de perforación está fuera de los límites de la reserva de Tariquía, el asambleísta alertó que el contrato con Petrobras corresponde al proyecto San Telmo Norte, que comprende un bloque de exploración mucho más amplio, que afecta a una de las cuencas hídricas más importantes de la región.
«El pozo el que se ha dado viabilidad está fuera de los límites de la reserva, pero está en la cabecera de la cuenca de los ríos de Chiquiacá. Entonces aguas abajo, afectará a las comunidades. Aquí se tiene que aclarar a la opinión pública que no se trata de un pozo, se trata del proyecto porque Petrobras no tiene contrato por un pozo, tiene un contrato por un proyecto, que es el bloque San Telmo Norte».

Francisco Romero, asambleísta departamental. Foto: El País.
Según Romero, el área de influencia del proyecto involucra a comunidades de Chiquiacá, Salinas y Tariquía. Entre las poblaciones de Chiquiacá mencionó a Challas, Loma Alta, Pampa Redonda, Chiquiacá Sur, Centro y Norte, además de Saicán. Advirtió que las actividades previstas podrían afectar a las poblaciones asentadas aguas abajo de la zona de exploración.
La principal preocupación de los comunarios es la posible contaminación de las fuentes de agua. Los ríos y quebradas de la zona abastecen a las familias, sirven para el consumo de los animales y permiten el riego de los cultivos, por lo que un derrame o cualquier incidente ambiental tendría consecuencias sobre sus medios de vida y la biodiversidad.
«Ellos toman de esas aguas que bajan de las quebradas del río Chiquiacá, de la zona de arriba donde están ubicados los pozos. Y de ahí beben también sus animales, esa agua la utilizan para regar sus cultivos (…). Una contaminación, un derrame, una contaminación de esas aguas sería fatal para la vida de toda la biodiversidad de esa zona», alertó.
Según el fallo se deberá hacer un monitoreo ambiental
La resolución del Tribunal Agroambiental rechazó la suspensión temporal de los trabajos de exploración y declaró infundados los recursos presentados. Sin embargo, también dispuso un plan de monitoreo ambiental reforzado y continuo, que deberá contemplar la calidad del agua de las cuencas de los ríos Chiquiacá y Soledad, la biodiversidad, los niveles de ruido y las emisiones atmosféricas durante todas las fases del proyecto. Asimismo, estableció la presentación de informes semestrales sobre el cumplimiento de estas medidas.
Pese a estas disposiciones, la preocupación de los habitantes de Tariquía se mantiene. La dirigente de la Subcentral de la Reserva, Paula Gareca, aseguró que las comunidades no permanecerán pasivas frente a la decisión judicial y cuestionó que las medidas de monitoreo representen garantías suficientes para evitar daños ambientales.
«No nos vamos a quedar de brazos cruzados (…) Vamos a tomar medidas de emergencia porque para nosotros no hay garantías de que vayan a poner monitores y de que la contaminación vaya a ser mínima», afirmó en declaraciones a la ANF.





