Área minera «El Dorado», en cercanías de Misicuni. Foto: AJAM
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) inició el proceso de reversión del derecho minero del área El Dorado, ubicada en el municipio de Quillacollo, Cochabamba, tras identificar actividades de explotación aurífera informal e ilegal y posibles afectaciones ambientales. La institución anunció también la suspensión de operaciones, una denuncia penal y la coordinación de una intervención con la Policía Boliviana para frenar estas actividades.
En conferencia de prensa, el director de la AJAM, Jaime José Sanabria, explicó que el derecho minero comprende 13 cuadrículas y fue otorgado el 15 de noviembre de 2005, durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), a favor del actor productivo minero José Luis Eulogio Mir Franco. Sin embargo, el titular dejó de pagar las patentes mineras desde 2014 y tampoco inició el proceso de adecuación establecido por la normativa vigente.
La autoridad precisó que estos incumplimientos dieron lugar al inicio del proceso administrativo de reversión, cuyo trámite podría concluir en aproximadamente una semana. Asimismo, informó que se emitió una resolución administrativa para suspender las actividades mineras en el área y que se establecerá el monto adeudado por concepto de patentes, correspondiente a casi 12 años de incumplimiento, para iniciar el cobro coactivo.
Sanabria aclaró que la actual administración de la AJAM no otorgó el derecho minero, en respuesta a las declaraciones del gobernador de Cochabamba, quien atribuyó a la gestión actual la concesión del área. “La AJAM actual no ha otorgado ningún derecho minero, sino que ha sido la AJAM del gobierno del MAS. La competencia en cuanto al derecho minero es de la AJAM, efectivamente”, puntualizó.
También respondió a las declaraciones del exdirector departamental de la AJAM Cochabamba, quien señaló que el caso era conocido desde 2023. Al respecto, el director nacional sostuvo que la situación se arrastraba desde anteriores gestiones, sin que se hubieran ejecutado intervenciones ni inspecciones para verificar las actividades en el sector. “Ellos han estado en funciones hasta hace pocos meses y durante todos estos años no han hecho ninguna intervención, no han hecho ninguna inspección, ninguna verificación”, cuestionó.
Explotación fuera del área autorizada
De acuerdo con Sanabria, las verificaciones realizadas por la institución permitieron identificar actividades mineras informales dentro del perímetro del derecho preconstituido, así como explotación fuera de sus límites, hecho que constituye minería ilegal.
“Ha estado haciendo actividad informal dentro del perímetro de la concesión, pero también ha estado haciendo actividad fuera del perímetro del área minera, lo que constituye minería ilegal”, manifestó.
Ante estos hechos, la AJAM presentó de oficio una denuncia penal ante el Ministerio Público y se constituyó en denunciante para coadyuvar en las investigaciones y establecer las responsabilidades correspondientes.
Como parte de las acciones para frenar las operaciones, la institución coordinará una intervención con el Ministerio Público y la Policía Boliviana. El operativo contempla el decomiso y, cuando corresponda conforme a ley, la destrucción de maquinaria, equipos y otros elementos utilizados en la explotación ilegal.
Sanabria explicó que en un primer intento no fue posible ingresar al sector debido a la presencia de trancas y otras estructuras que impedían el acceso. Esta situación imposibilitó establecer la cantidad de maquinaria que se encuentra en el lugar, por lo que se prevé realizar nuevas actuaciones para identificar los equipos y a las personas involucradas.
Posibles daños ambientales en el Parque Nacional Tunari
En relación con las posibles afectaciones ambientales, Sanabria expresó su preocupación por los indicios registrados mediante fotografías y recordó que el área minera se encuentra dentro del Parque Nacional Tunari, declarado área protegida mediante normativa nacional.
No obstante, aclaró que la AJAM no tiene competencia para otorgar licencias ambientales y que la responsabilidad de fiscalizar estos aspectos corresponde a la autoridad ambiental competente, en este caso la Secretaría Departamental de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba.
Por ello, señaló que corresponde a esa instancia realizar las inspecciones necesarias, evaluar los posibles impactos y determinar las medidas que correspondan. “Nosotros nunca hemos autorizado ninguna actividad minera y no hemos otorgado ninguna licencia ambiental”, enfatizó.
