Asumo la responsabilidad de mis palabras y me hago cargo de las reacciones que producen. Se trata, simplemente, de ratificar un principio constitucional ordenador de nuestra vida en sociedad.
Y aunque soy consciente que las pruebas que debemos superar como sociedad no son sencillas, no sería maduro partir en el análisis de la crisis de una línea de base que no exprese el resultado de un consenso previo establecido en la Constitución, así no me guste lo que está ocurriendo.
Esta afirmación la vengo realizando reiteradamente el último tiempo, mientras veo aparecer argumentos en contrario que apelan a razones que, en la emergencia, adquirirían la calidad de sentencia con calidad de cosa juzgada. Hay quienes parten de recursos constitucionales existentes que habría que activar, hasta los que están definiendo el mes de octubre para empezar una movilización que concluya con el gobierno Paz-Lara.
Frente a la gravedad de la situación, con un gobierno que a veces cumple perfectamente con las condiciones necesarias para profundizar los problemas y padece de una otitis indolora de efectos múltiples, prefiero ocupar la energía de mi análisis en un espacio de racionalidad y equilibrio que todavía podemos utilizar. Para el deporte nacional de la conspireta y la elucubración perversa, hay otros con los méritos suficientes.
Existen condiciones básicas necesarias para buscar una solución que no sea por el desastre. Bastaría que el gobierno acepte que el escenario actual no es el de noviembre del 2025, que todos los demócratas habíamos recibido entusiasmados; que la correlación de gobernabilidad y gobernanza se han modificado, que se ha producido una diáspora de intereses personales que frente a la ausencia de cuadros orgánicos están buscando dónde ofrecer sus “modestos servicios” para servir a la patria; que el entorno del presidente Paz tiene una particular habilidad por mostrarlo como diletante a pesar de los esfuerzos narrativos que él realiza para darle contendido a un gobierno en crisis. Si admitiera que esta realidad, reflexionada hasta el cansancio por ciudadanos de buena voluntad y compromiso comprobado con Bolivia, debe ser tomada en cuenta, ayer tendría que haber convocado a Samuel, Tuto, Manfred y Andrónico, a reflexionar y actuar de manera distinta desde el parlamento y en el Ejecutivo. La Agenda Política agrede por su sencillez, la Ruta Crítica no tiene la posibilidad de un Plan B y los plazos se acortan.
Sin embargo, a esos argumentos, tengo dos de naturaleza infantilmente elemental. Nuestra madurez democrática no tendría que cansarse de buscar soluciones democráticas en Democracia, dejando de lado la pulsión de rebeldía juvenil que al no tener lo que pretende busca el atajo que nos devuelve a la niñez de niño malcriado y bochinchero, y estoy pensando en el Chapare. Y la segunda, que esta situación bien podría ser el momento para dar un salto de consciencia colectivo en la construcción de Cohesión Social que superando el bloqueo autodestructivo, permita el ingreso de 3.500 millones de dólares por turismo, repartidos en todo el territorio nacional.
Amalaya estemos a tiempo, decimos la gente decente.
Carlos Hugo Molina es director de innovación del CEPAD.
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