Este 23 de septiembre se conmemoró en Bolivia el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas y las cifras evidencian una realidad desgarradora: la trata y tráfico de personas viola de manera sistemática derechos fundamentales como la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica y sexual. El rostro de esta problemática social es femenino, pues la mayoría de las víctimas niñas y mujeres.
Según datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, citados en un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, en 2024 se registraron 836 denuncias de trata de personas, mientras que en 2025 la cifra alcanzó las 582 denuncias. Y en el primer trimestre de 2026 ya se reportan 39 casos, haciendo un total de 1.457 víctimas.
En los dos primeros años, los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba registraron el mayor volumen de denuncias.
Mujeres y niñez, los más vulnerables
El desglose de datos expone un sesgo de género y edad alarmante. Solo en 2025, de las 582 denuncias presentadas, 354 correspondieron a mujeres y 173 a niñas y adolescentes. Esto significa que más del 90% de las víctimas contabilizadas ese año pertenecen a estos grupos.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado de alerta sobre los nuevos métodos de captación. «El uso intensivo de redes sociales, plataformas digitales y nuevas tecnologías ha transformado las dinámicas de captación y explotación, exponiendo especialmente a adolescentes y jóvenes a entornos de alto riesgo sin los filtros ni el acompañamiento adecuado».
Demandas pendientes al Estado
Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo instó al Ejecutivo a asumir acciones concretas, entre ellas destacan la reactivación del Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas.
Asimismo, el diseño e impulso de una nueva política pública sustentada en los enfoques de derechos humanos, género e interseccionalidad.
Y la garantía de atención especializada, gratuita y oportuna para víctimas y sobrevivientes.
«La lucha contra la trata requiere un compromiso articulado entre el Estado, las familias, el sistema educativo, los medios de comunicación y la sociedad civil para desmantelar las redes de captación y garantizar el derecho a un proyecto de vida con dignidad e igualdad», dice la entidad defensorial
