VISIÓN 360
Con 100 de 158 votos de los legisladores presentes, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la madrugada de este jueves la ampliación del estado de excepción por 90 días, hasta la segunda semana de diciembre. La aprobación recibió 21 votos más de los que, según normativa, eran necesarios.
La medida fue planteada inicialmente mediante el Decreto Supremo 5707, aprobado por el Ejecutivo el lunes 14 de septiembre, con el argumento de que es necesario mantener las restricciones que implica un estado de excepción para evitar que se reactiven los focos de desestabilización del sistema democrático.
En representación del Gobierno, los ministros de Defesa y Gobierno, Ernesto Justiniano y Marco Antonio Oviedo, respectivamente, defendieron en el pleno los argumentos para sostener por tres meses más la medida excepcional aprobada por el Ejecutivo el 20 de junio, para neutralizar los bloqueos que demandaban la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.
Durante la sesión, los legisladores insistieron en conocer si la ampliación del estado de excepción servirá para neutralizar de raíz a estos movimientos desestabilizadores, a lo que los ministros respondieron de manera afirmativa, aunque aclarando que ello no implicará el innecesario uso de la fuerza.
Oviedo se refirió al sustento técnico de la solicitud, basado en 12 informes, de los cuales ocho fueron remitidos por el Comando General de la Policía, dos por el Ministerio de Gobierno, uno por las Fuerzas Armadas y uno por el Ministerio de Defensa, los cuales identifican factores de riesgo vigentes en contra de la tranquilidad en el país.
Entre ellos, mencionó las amenazas públicas, declaratorias de estados de emergencia, bloqueos focalizados e investigaciones sobre la delincuencia organizada en el Chapare, en Cochabamba, y San Matías, en Santa Cruz.
Precisó que otra causa que obligó a pedir la ampliación de esa medida es que se identificaron limitaciones de la Policía Boliviana en la cantidad de personal, equipamiento y logística para atender conflictos sociales simultáneos.
Dijo que, a pesar de la vigencia del estado de excepción, se mantienen focos diferenciados de conflictos en La Paz, El Alto, San José, San Julián, Potosí, Tarija, Oruro y Chuquisaca, los cuales permanecen bajo seguimiento.
Advirtió que se tienen amenazas identificadas y que se detectó una eventual rearticulación de bloqueos, paros, marchas e irrupción de carreteras, que pueden impedir la llegada de medicamentos, alimentos, combustibles, entre otros insumos, a las ciudades.
El ministro de Gobierno sostuvo que lo que se busca con la ampliación es proteger los derechos de la gente, evitar que los bloqueos causen un daño y dolor, y neutralizar las amenazas de “octubres negros”.
Se refirió al informe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que realizó un seguimiento a la crisis política que enfrentó el país y que advirtió del peligro de bloqueos violentos para la democracia e intentos de grupos para provocar la renuncia del presidente.
El ministro Justiniano, por su parte, sostuvo que, a partir de haberse dictado la medida de excepción, hubo una reducción paulatina de los bloqueos, aunque advirtió que eso no quiere decir que las causas que los provocaron hayan desaparecido.
Mencionó que, en los pasados días, la Defensoría del Pueblo reportó 20 conflictos ligados con temas económicos, además que se registraron bloqueos en el puente de San Pablo, San Julián, Los Troncos y Cuatro Cañadas. Dijo que, si bien la modalidad de bloqueo disminuyó considerablemente, no desapareció, y que el deber del Gobierno es evitar que se vuelva a llegar a extremos.
Según Justiniano, el territorio nacional enfrenta diferentes niveles de riesgo; de acuerdo con la evaluación técnica, hay niveles altos en Santa Cruz, La Paz y El Alto; muy altos en Potosí y Oruro, y poco en Pando.
