Bolivia atraviesa, en términos políticos, un momento particularmente complejo. Los distintos actores políticos y sociales deben tomar decisiones importantes para encontrar una salida a la encrucijada en la que se encuentra el país. Pero ¿qué está sucediendo, en términos políticos en Bolivia? Una pérdida progresiva de legitimidad y un proceso de debilitamiento del gobierno de Rodrigo Paz desde el día de su asunción como presidente por los interminables hechos de corrupción como el caso de las narcomaletas y el narcoavión; la denominada “gasolina basura”; la escasez de carburantes; las irregularidades en YPFB; la escasez de divisas; la devaluación del boliviano; el incremento del precio de la canasta familiar; las renuncias e interpelaciones de los principales ministros de gobierno; y, finalmente, el caso Nadia Beller, que involucra al entorno más cercano del mandatario y presuntos hechos de corrupción y negociados con el Estado.
Lo paradójico fue que frente al caso Nadia Beller, el presidente optó inicialmente por guardar silencio. Posteriormente, recurrió a minimizar y negar sus vínculos con Fernando Cerimedo. Mientras tanto, comenzaron a salir a la luz fotografías que evidencian la relación entre el mandatario y su asesor: por ejemplo, su presencia en la cumbre internacional “Escudo de las Américas”; en el palco principal de la toma de posesión del gabinete de Paz, en noviembre de 2025; en la reunión realizada en Washington D. C. el 9 de marzo de 2026; y en una serie de fotografías tomadas en la Casa Grande del Pueblo el 23 de mayo de 2026 y publicadas por el reconocido fotógrafo Manuel Seoane.
Esta situación, sumada a las denuncias de corrupción en las que estarían involucrados Fernando Cerimedo y personas vinculadas al Gobierno, debería llevar a la posibilidad de que la Asamblea Legislativa Plurinacional active un juicio de responsabilidades contra el presidente, a partir de las graves acusaciones sobre corrupción y tráfico de influencias, así como por la presunta influencia y el acceso al poder que se habría otorgado a un asesor extranjero. Todo ello pone a prueba la institucionalidad del Estado frente a la opinión pública nacional e internacional.
En este contexto, parece que el pedido de renuncia de Rodrigo Paz, expresado durante el paro de 53 días por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), tenía razón.
Frente a esta situación, cobra fuerza entre distintos analistas políticos la idea de que una de las posibles salidas a la crisis podría ser la convocatoria a nuevas elecciones generales a partir de un gran acuerdo político donde el vicepresidente Edmand Lara tendría que ser uno de los primeros en dar un paso al costado. La cuestión fundamental, sin embargo, es cómo llegar a ese escenario sin repetir los acontecimientos luctuosos de febrero negro y octubre negro de 2003, que condujeron a la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, la asunción de Carlos Mesa, su posterior renuncia y, finalmente, a la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales con la llegada de Eduardo Rodríguez Veltzé a la Presidencia. Proceso que culminó en los comicios generales de diciembre de 2005. Quizás sea necesario recordar cómo se llegó entonces a aquella salida institucional.
El proceso que llevó a la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada a la Presidencia de la República el 17 de octubre de 2003 comenzó con la denominada “Guerra del Gas”, una masiva e intensa movilización social, principalmente en La Paz y El Alto, detonada por el rechazo popular al proyecto de exportar gas natural boliviano a través de puertos chilenos. La violenta represión militar y policial ordenada por su gobierno provocó más de 60 muertos y cientos de heridos. Al perder el respaldo de sus principales aliados políticos, “Goni” envió su carta de renuncia por fax al Congreso desde Santa Cruz de la Sierra y huyó esa misma noche en avión hacia Estados Unidos.
Carlos Diego de Mesa Gisbert asumió inmediatamente la Presidencia de Bolivia la noche del 17 de octubre de 2003. En ese momento ejercía como vicepresidente de la República, aunque días antes de la caída del gobierno se había distanciado públicamente de Sánchez de Lozada debido a la brutalidad de la represión. Mesa asumió el mando mediante sucesión constitucional, acompañado de un fuerte respaldo y de grandes expectativas populares. Prometió encabezar un gobierno de transición, garantizar justicia para las víctimas de la denominada “masacre de octubre” y convocar a un referéndum sobre los hidrocarburos.
Sin embargo, gobernó en un escenario de extrema debilidad política, sin una bancada parlamentaria propia y bajo el asedio permanente de protestas y bloqueos de caminos. Después de varios amagos de renuncia, comunicó su dimisión irrevocable la noche del 6 de junio de 2005, y el Congreso Nacional aceptó formalmente su renuncia el 9 de junio. La situación se había agravado debido a las movilizaciones encabezadas por movimientos sociales, vecinales e indígenas, que exigían la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria inmediata a una Asamblea Constituyente.
Ante el cerco a la ciudad de La Paz y su negativa rotunda a utilizar la fuerza militar para desbloquear las vías, Mesa decidió finalmente dar un paso al costado. Según la línea de sucesión constitucional vigente en aquella época, ante la ausencia de un vicepresidente, la Presidencia debía recaer en el presidente de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Díez, y, en su defecto, en el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío.
Sin embargo, ninguno de los dos llegó a asumir la Presidencia debido al veto y a la enorme presión popular. Los sectores sociales movilizados, particularmente los movimientos indígenas y populares, los identificaban como representantes del modelo político tradicional y de los partidos que habían sido aliados de “Goni”. Existía el temor de que, si Vaca Díez asumía el poder, el país pudiera desembocar en una guerra civil. Para viabilizar una salida pacífica, el Congreso tuvo que sesionar de emergencia en la ciudad de Sucre. Bajo una fuerte vigilia popular protagonizada por mineros y campesinos, tanto Vaca Díez como Mario Cossío se vieron obligados a declinar formalmente su derecho a la sucesión presidencial.
Al declinar los principales representantes del Poder Legislativo, la sucesión constitucional llegó al cuarto hombre en la línea de mando: Eduardo Rodríguez Veltzé, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Rodríguez Veltzé juró al cargo la noche del 9 de junio de 2005 en Sucre, generando un respiro de neutralidad institucional que contribuyó a desactivar los bloqueos de caminos en diferentes regiones del país. Como presidente interino e institucional, el mandato explícito de Rodríguez Veltzé era pacificar la nación y organizar la transición democrática. En cumplimiento de ese mandato excepcional, promulgó el marco legal correspondiente y convocó a elecciones generales adelantadas, que finalmente se realizaron en diciembre de 2005.
Sin embargo, la historia tiene sus paradojas y los acontecimientos no siempre se repiten de la misma manera. Quizás resulte pertinente recordar aquella conocida frase atribuida a Karl Marx: “la historia ocurre dos veces: la primera vez como tragedia y la segunda como comedia”.
Observemos, por ejemplo, las diferencias entre lo ocurrido en 2003, con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, y lo sucedido en 2019, con la renuncia de Evo Morales, más allá de los contextos constitucionales y de las respectivas correlaciones de fuerzas políticas y sociales.
En 2003, tras la crisis provocada por la “Guerra del Gas”, que dejó más de 60 muertos como consecuencia de la represión, Gonzalo Sánchez de Lozada perdió prácticamente todo respaldo político y social. El 17 de octubre de 2003 presentó su carta de renuncia ante el Congreso Nacional y posteriormente huyó a Estados Unidos. El Congreso se reunió, aceptó su renuncia y, de inmediato, posesionó a Carlos Mesa como nuevo presidente constitucional de la República, dado que este se encontraba en la línea directa de sucesión y contaba con el respaldo de las principales fuerzas políticas.
En 2019, en cambio, después de las elecciones de octubre, estallaron masivas protestas a raíz de las denuncias de fraude electoral. La crisis escaló posteriormente con un motín policial y la denominada “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que el presidente dimitiera. El 10 de noviembre de 2019, Evo Morales anunció públicamente su renuncia y posteriormente se trasladó a México. Junto con Morales renunciaron quienes lo seguían en la línea de sucesión: el vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. El 12 de noviembre, la Asamblea Legislativa no pudo sesionar formalmente debido a la ausencia de la bancada mayoritaria del MAS, lo que impedía alcanzar el quórum necesario. Sin embargo, Jeanine Áñez, entonces segunda vicepresidenta del Senado, asumió la Presidencia del país en una breve sesión, invocando el principio de “vacancia institucional”, posteriormente respaldado por un comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional que justificaba la sucesión para evitar un vacío de poder y una situación de anarquía.
Más allá de las interpretaciones jurídicas y políticas sobre aquellos acontecimientos, lo cierto es que ambos procesos muestran que las salidas institucionales a las crisis políticas no dependen únicamente de las normas constitucionales. También están condicionadas por la correlación de fuerzas, la movilización social, la legitimidad política y la capacidad de los distintos actores para construir acuerdos. En relación con los hechos ocurridos en octubre y noviembre de 2019, en marzo de 2021 escribí un artículo de opinión titulado “Golpe y fraude: dos relatos excluyentes y simplificadores de octubre y noviembre de 2019”, que fue publicado en La Razón, Página Siete y la Agencia de Noticias Fides (ANF).
Supongamos que, finalmente, Rodrigo Paz renuncia a la Presidencia de la República debido a la pérdida constante de legitimidad y al progresivo debilitamiento de su gobierno. La pregunta central vuelve a ser: ¿cómo se podría llegar a la convocatoria de nuevas elecciones generales? Sin duda, esto requeriría alcanzar un gran acuerdo político entre las diferentes fuerzas representadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para ello, sería fundamental que el vicepresidente Edmand Lara y los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados coincidieran en una salida política que permita encauzar la crisis, preservar la institucionalidad democrática y evitar una confrontación nacional que pueda derivar en un mayor derramamiento de sangre en el país.
Sin embargo, considero difícil que un escenario de estas características pueda concretarse sin una fuerte presión por parte de las organizaciones sociales en las calles y sin que avance paralelamente un eventual juicio de responsabilidades desde la Asamblea Legislativa Plurinacional contra el presidente Rodrigo Paz, a medida que avanza la investigación del Ministerio Público sobre el caso Cerimedo y otros hechos de corrupción del actual gobierno.
Pero existe otro factor que no debería ignorarse: el papel de los poderes fácticos que respaldan políticamente a Rodrigo Paz. En el ámbito internacional, destacan la influencia de Estados Unidos y del sionismo político; en el plano nacional, el poder de sectores como la minería, la banca y la agroindustria. Si estos actores concluyeran que Paz se ha convertido en un costo político demasiado alto, podrían retirarle su apoyo, aislarlo y buscar un nuevo aliado dispuesto a seguir sus intereses.
La historia reciente de Bolivia demuestra que las grandes crisis políticas no se resuelven únicamente dentro de las instituciones. En determinados momentos, la presión de la sociedad civil y de los movimientos sociales termina modificando los escenarios políticos y obligando a los actores institucionales a construir acuerdos que, en condiciones normales, parecían imposibles. Pero, precisamente para evitar un escenario de esa naturaleza, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa parecen apostar por ofrecerle un último salvavidas a Rodrigo Paz: la posibilidad de impulsar una reforma de la Constitución.
Existe, sin embargo, una pregunta mucho más importante que la eventual convocatoria a nuevas elecciones: ¿existe hoy un proyecto político capaz de representar los intereses de los sectores populares y de las grandes mayorías del país? Un proyecto que defienda la soberanía nacional, los recursos naturales, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, pero que también enfrente el modelo extractivista y las estructuras económicas que concentran la riqueza y una parte significativa de las divisas nacionales. En particular, que sea capaz de cuestionar el poder de sectores como la minería, la banca y la agroindustria, cuyas enormes ganancias contrastan, según diversos cuestionamientos, con sus reducidos aportes tributarios. Esta es, en última instancia, la cuestión central que debe responder cualquier proyecto político que aspire a representar a las mayorías populares del país.
El último proceso electoral dejó una señal política que no debería ser ignorada: la gente quería un cambio. Existía un profundo cansancio frente a “más de lo mismo”. Por ello, en una primera instancia, una parte importante del electorado optó por Edmand Lara y, posteriormente, por Rodrigo Paz. En alguna ocasión, durante una reunión entre amigos, sostuve que, si hubiera sido candidato a la presidencia en las elecciones generales de 2025, habría ganado. Mi argumento era sencillo: el electorado nacional demandaba una alternativa nueva, capaz de enfrentar las políticas neoliberales y, al mismo tiempo, de ofrecer una opción distinta al MAS.
Pero actualmente cuáles son los proyectos políticos existentes y quiénes son sus principales liderazgos.
Por un lado, aparecen figuras como Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Jaime Dunn y Manfred Reyes Villa. Por otro, están Evo Morales y, eventualmente, Andrónico Rodríguez y quizás Milton Condori. Por ahora, no parecen existir muchas más alternativas con suficiente visibilidad nacional.
La solución de los problemas de Bolivia no debería reducirse a la búsqueda de un nuevo líder o caudillo. Bolivia necesita articular una gran agenda nacional. Una agenda capaz de articular a los diferentes sectores populares del país y de colocar en el centro de la discusión nacional temas como la distribución de la riqueza, la justicia tributaria, el desarrollo productivo, la industrialización, la defensa del medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas, la soberanía sobre nuestros recursos naturales y la construcción de un Estado verdaderamente democrático e inclusivo.
Una agenda que, además, defienda los avances normativos y políticos alcanzados por el Estado Plurinacional y sea capaz de traducir esos principios en políticas públicas concretas y efectivas. El desafío no consiste simplemente en encontrar quién será el próximo presidente. El verdadero desafío es construir un proyecto político y social capaz de trascender los liderazgos individuales. Bolivia no necesita un líder o un caudillo; necesita, ante todo, una propuesta de país y un equipo capaz de llevarla adelante. El país requiere una nueva agenda nacional-popular que pueda convertirse en un punto de encuentro entre trabajadores, campesinos, pueblos indígenas, sectores populares urbanos, pequeños productores, jóvenes, profesionales y todos aquellos sectores que hoy demandan una transformación profunda de la política y de la economía nacional. Una agenda que no se limite a responder a la coyuntura, sino que sea capaz de proyectar un nuevo horizonte de país.
La actual crisis puede convertirse nuevamente en una oportunidad perdida o, por el contrario, en el punto de partida para construir una alternativa histórica desde el campo de lo nacional-popular. La decisión, en última instancia, no dependerá solamente de los políticos o intelectuales. También dependerá de la capacidad de la sociedad civil boliviana, de sus organizaciones y de sus movimientos sociales para organizarse, debatir y construir, en términos narrativos y políticos, el país que quiere. El verdadero desafío, por tanto, no es únicamente quién podría reemplazar a Rodrigo Paz. La cuestión de fondo es qué proyecto de país surgirá de esta crisis y quiénes tendrán la capacidad política y social para construirlo y representarlo.
Juan Pablo Marca es politólogo a investigador social.
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