Fue hace 40 años. Ahí estuve presente como reportero de la Red Universo-Canal 5. Llegamos en una avioneta contratada por los ejecutivos del medio, precisamente al segundo día del 5 de septiembre de 1986, fecha trágica y dolorosa para el país, las familias, la dignidad y la cruceñidad: los narcotraficantes asesinaron sin contemplaciones al Prof. Noel Kempff Mercado, al piloto Juan Cochamanidis y al guía Franklin Parada. Solo el científico español Vicente Castelló consiguió escapar y sobrevivir. Los acribillaron a balazos en las mesetas de Caparú, espléndidas en su belleza natural y en el misterio de tantas especies de flora y fauna que eran objeto de estudio del sabio cruceño.
Los autores materiales tenían órdenes específicas: disparar y no dejar acercar a nadie. Cumplieron con esas instrucciones de forma disciplinada y cruel, sin percatarse de las enormes consecuencias que provocaría este triple asesinato.
Es una herida que sigue abierta como una llaga sangrante: sin justicia, con impunidad y bajo la complicidad del Estado y sus tentáculos de poder. Mucho más cuando el entonces ministro del Interior, Fernando Barthelemy, en un contacto con los periodistas de Santa Cruz, admitió que tardaron mucho en ingresar a la fábrica de cocaína donde la expedición aterrizó por error, argumentando que no contaban con avionetas disponibles. Excusas que olieron a encubrimiento en aquellos años y que se han ido extendiendo a lo largo de estas cuatro décadas.
Llegamos al lugar y estuvimos a punto de ser acribillados por los policías que custodiaban la enorme factoría de producción de cocaína, un verdadero emporio instalado en medio de la selva. “Casi le disparamos desde la distancia; con su chamarra negra, gafas oscuras y parándose en el ala de la avioneta, parecía un narco más”, me confesó un capitán.
Observamos lo impresionante de Huanchaca: en medio de una belleza natural inaccesible —con cataratas, ríos, bosques inmensos, un clima saludable y animales de todas las especies como testigos—, contaban con una larga pista de aterrizaje, carpas bien instaladas, muebles, tractores y químicos para la elaboración del polvo blanco: galones de querosene, diésel, ácidos, coca, instrumentos de toda clase y un suculento cargamento en el suelo listo para ser trasladado en alguna avioneta.
En la noche que nos quedamos a pernoctar, se escuchaban gritos y disparos al aire no muy lejos del campamento que nos estremecían. Según la Policía, eran de los narcotraficantes que escapaban, a quienes los uniformados no hicieron intento alguno de seguir para lograr su aprehensión.
El piloto que luego llegó a rescatar los tres cuerpos, Mario Áñez, advirtió: “El crimen de un hombre tan importante es tan doloroso y triste porque se trata de un flagelo que nos azota desde décadas pasadas, y hoy estamos peor. Los narcos se van a adueñar de todo en Bolivia”.
También observamos —y así lo difundimos en un documental sobre Huanchaca y el asesinato de Noel— que durante la operación de desmantelamiento se reportó que oficiales de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) saquearon la instalación en lugar de asegurar las pruebas. Este acto de corrupción mostró la infiltración del narcotráfico en las instituciones del orden, debilitando la lucha contra el crimen organizado.
Una llamada al canal con voz ronca nos ofreció $us 20.000 para que el documental no fuera difundido. Los directores nos apoyaron y el trabajo periodístico provocó fuertes repercusiones, siendo tomado en cuenta por la comisión interparlamentaria encargada de las indagaciones.
Huanchaca fue mucho más que una enorme y moderna fábrica de cocaína: fue el refugio de grandes narcotraficantes que contaban con el respaldo y los tentáculos de las élites empresariales, del poder político y del sistema judicial. Como prueba de ello, a 40 años del suceso solo se detuvo y sentenció a dos ciudadanos brasileños como autores materiales de los tres asesinatos, quienes cumplieron condena en Palmasola.
Julio Kempff, sobrino del profesor Noel Kempff, relató en una publicación de El Deber al cumplirse 35 años del crimen que nunca se conoció a los autores intelectuales ni a los dueños de la fábrica, revelando que en la estructura había colombianos, brasileños y bolivianos: “Detuvieron a dos ciudadanos brasileños que confesaron ser los autores materiales y dijeron que tenían órdenes específicas de disparar al que vieran merodear por el lugar”. Y así lo hicieron.
“Aquí hubo una tapadera extraordinaria. Nunca hubo la intención de investigar, nunca se intentó develar quiénes eran los dueños, los verdaderos empresarios de la droga”, criticó en su momento el criminólogo Alejandro Colanzi.
A las pocas semanas de aquel 5 de septiembre de 1986 emitimos el documental observando, con ayuda del entonces diputado por el FRI Edmundo Salazar, las directrices del accionar del narcotráfico en Bolivia, un esquema que sigue intacto cuatro décadas después. Salazar fue asesinado el 10 de noviembre de 1986, cuando estaba muy cerca de difundir su informe completo con nombres de los empresarios de la droga, sus nexos con la DEA y la CIA, y testimonios que involucraban al Gobierno. Cinco balazos acabaron con su vida cuando se aprestaba a ingresar a su domicilio. No hubo un solo detenido.
El narcotráfico y sus redes han gozado de protección oficial, prueba de lo cual es que únicamente se sancionó a dos extranjeros. La justicia y el poder político se contentaron con ello y cerraron las investigaciones.
Las complicidades y el encubrimiento vinieron desde la cúpula del Gobierno, que tuvo su alfil en Fernando Barthelemy, ministro del Interior del presidente Víctor Paz Estenssoro, quien posteriormente renunció acosado por este caso. Tampoco existió voluntad de los gobiernos que se sucedieron en democracia para profundizar la búsqueda de la verdad.
la fábrica operaba bajo la protección o supervisión de agencias de inteligencia
Informes internacionales y testimonios apuntaron a que esta fábrica operaba bajo la protección de la CIA, dado que le permitía extraer ingentes recursos económicos para financiar a los «contras» que luchaban contra el régimen sandinista en Nicaragua. El exagente encubierto de la DEA, Michael Levine, en su libro La guerra falsa, lo detalla con precisión.
En una entrevista que le hice a Francisco Kempff, hijo del ilustre científico, abordó con claridad el “huanchacazo”: “Se debe aclarar quién fue el que apretó el gatillo, quién es el dueño de la fábrica, quiénes han sido los encubridores y quiénes han proporcionado la materia prima; es decir, que se aclare toda la nebulosa que no ha permitido resolver este bochornoso caso. La DEA tiene máxima responsabilidad antes, durante y después, eso no se puede negar. Están involucrados todos” (El Día, 15/03/1992).
Francisco nunca obtuvo respuestas. Falleció hace algunos años y su esperanza de ver esclarecidos los crímenes de Huanchaca murió con él. Reinaron la oscuridad y las sombras.
Más allá de la indignación nacional y regional —que incluso derivó en una marcha masiva en la plaza principal de Santa Cruz para señalar y rechazar a los narcos que en esos años fungían de padrinos de promoción, asistían a fiestas sociales y hacían gala de su poder económico financiando desfiles y concursos de belleza—, queda una marca indeleble: la alta complicidad del Estado con las mafias y carteles que siguen actuando en la democracia boliviana. Como hace 40 años, el narcotráfico está en todo su esplendor, con el agregado mortal de que casi a diario se ajusta cuentas y se ejecuta a ciudadanos al estilo de los carteles de Pablo Escobar o el Chapo Guzmán.
“Parece que la memoria de un pueblo es frágil después de cuatro décadas… El narcotráfico vuelve a ser aceptado de forma hipócrita como una anomalía tolerable e incluso aspiracional”, nos escribió en un mensaje el ciudadano con las iniciales E.G.
Sin embargo, queda un dato esperanzador. Las generaciones actuales que se forman en la carrera de Periodismo de la UPSA vienen realizando un trabajo de investigación sobre lo sucedido el 5 de septiembre de 1986 y sus repercusiones. Varios universitarios me contactaron para recoger mis impresiones y vivencias.
Bien por ellos y por su docente: Huanchaca no puede quedar en el olvido ni en la penumbra. Debe ser un hecho que permanentemente nos golpee la conciencia y nos haga saltar de la hamaca.
Hernán Cabrera es periodista y licenciado en Filosofía.
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