Entre el 18 y el 20 de julio se publicó, en medios como ANF, Sumando Voces y el portal QUYA, mi artículo de opinión “Por el respeto a los 6,96: ¿los embriones de un nuevo movimiento en SCZ?”, en el que analicé las consecuencias de la eliminación del tipo de cambio fijo de Bs 6,96 sobre los contratos de compra de terrenos en Santa Cruz.
Sostuve que la modificación afectó a miles de compradores al alterar las condiciones originalmente pactadas con las empresas inmobiliarias y planteé que las movilizaciones de los vecinos afectados podían constituir los primeros indicios de un nuevo movimiento social, orientado a defender el respeto de los contratos, denunciar irregularidades en el sector inmobiliario y promover cambios legales que otorguen mayor seguridad jurídica a los compradores.
El artículo generó algunos comentarios en diferentes grupos de WhatsApp vinculados al debate de las ciencias sociales en Santa Cruz de la Sierra. Entre ellos destacó el realizado por el sociólogo Víctor Paredes, en el grupo del Colegio de Sociólogos de Santa Cruz (COLDES-SCZ), cuyo planteamiento considero importante para continuar el debate.
Víctor planteó la pregunta: “¿Un nuevo movimiento social o sesgo en la crónica?”. En su opinión, el problema debe analizarse con rigor y, desde su perspectiva, lo que ocurre no constituye la génesis de un movimiento social.
Su primer argumento se refiere al dólar como patrón real de medida. Señala que, aunque el boliviano sea la moneda de curso legal, la economía boliviana mide, cotiza y valora muchos de sus bienes estructurales en dólares, desde vehículos e inmuebles hasta tecnología e insumos importados. En ese sentido, considera que el propio contrato citado en mi artículo reconoce esta realidad al establecer el valor de la propiedad en dólares y utilizar el boliviano como medio de pago.
Desde esta perspectiva, exigir que el cálculo se mantenga congelado en Bs 6,96 significaría pretender que la ley o la ideología oculten el valor real de los bienes.
Su segundo argumento sostiene que un conflicto patrimonial no constituye necesariamente un movimiento social. Desde la sociología de la acción colectiva, señala, un movimiento social busca transformar estructuras públicas o conquistar derechos universales para una colectividad. Lo que estaría ocurriendo en este caso sería, más bien, una agrupación coyuntural de deudores privados cuyo objetivo principal es renegociar sus obligaciones individuales.
Por ello, considera que sumar distintos malestares financieros particulares y denominarlos “sujeto político” constituye una distorsión. Según su interpretación, una vez que las empresas reestructuren los pagos caso por caso, la cohesión de la protesta tendería a desaparecer.
Finalmente, Víctor sostiene que el tipo de cambio de Bs 6,96 fue un dólar subvencionado durante aproximadamente 15 años, que no reflejaba la productividad del país y que fue sostenido mediante el uso de las Reservas Internacionales. En consecuencia, considera maniquea la retórica de “pueblo versus empresas”, porque ocultaría la causa estructural del problema: el agotamiento de un modelo de subvención que generó la percepción de que el boliviano estaba blindado.
Agradecí el comentario de Víctor y señalé que, para responderlo con profundidad, sería necesaria una extensa tertulia sociológica. Sin embargo, en el grupo de WhatsApp planteé algunos elementos de manera preliminar para continuar el debate.
En primer lugar, le respondí que consideraba necesario establecer un debate dialéctico entre la teoría sociológica y la realidad empírica. La realidad social no siempre encaja perfectamente en las categorías conceptuales existentes. Por ello, el caso de los 6,96 puede permitirnos discutir y, eventualmente, construir nuevas tipologías de movimientos sociales que escapen a los moldes tradicionales.
También le mencioné que el movimiento por los 6,96 —nombre que utilicé inicialmente de manera unilateral— busca, en primera instancia, el respeto de derechos individuales, particularmente el cumplimiento de la ley y de los contratos. Pero, al mismo tiempo, enfrenta un problema colectivo que afecta a una gran cantidad de habitantes de Santa Cruz en sus derechos económicos.
Además, le respondí que detrás de la compra de un lote existe una necesidad básica: el acceso a una vivienda propia. Por ello, considero que reducir el conflicto a una simple relación entre deudores privados y empresas inmobiliarias deja fuera dimensiones sociales importantes.
Le mencione que coincidía con él en que no estamos frente a un movimiento societal que pretenda transformar radicalmente las estructuras políticas, económicas y sociales del país, como ocurrió con determinados movimientos sociales entre 2003 y 2009. Pero eso no significa que no podamos estar ante otro tipo de movimiento social.
Le indique que los movimientos sociales tienen ciclos de vida: nacen, crecen y pueden desaparecer cuando alcanzan sus objetivos. También es necesario diferenciarlos de las organizaciones sociales, aunque estas últimas pueden convertirse en espacios desde los cuales se desencadenen movimientos sociales.
Sobre la dicotomía pueblo versus empresas, le respondí que esta no necesariamente es una construcción artificial de los manifestantes. Puede ser consecuencia de las propias relaciones que se han establecido entre empresas inmobiliarias y gobiernos de turno en los diferentes niveles del Estado. El movimiento, precisamente, cuestiona esas relaciones y exige que las autoridades intervengan en la defensa de los afectados.
Lamentablemente, ya no pudimos intercambiar más textos en el grupo de WhatsApp del COLDES-SCZ. Espero que haya la oportunidad de continuar el debate y que este artículo sea una excusa para ello. O quizás, incluso, para organizar un debate desde los centros de investigación de las carreras de Sociología, Ciencia Política o Economía de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). Tocará realizar las incidencias personales al respecto.
Después de la marcha multitudinaria realizada en el monumento Cristo Redentor, durante los días posteriores las protestas y movilizaciones se dirigieron hacia las puertas de Defensa del Consumidor en Santa Cruz, por ejemplo, el 30 de julio y el 3 de agosto. A través de diferentes jornadas de protesta en las puertas de dicha oficina, lograron que la empresa Pahuichi fuera identificada como una empresa con contratos abusivos.
Posteriormente, los vecinos invitaron a María Galindo a sumarse y apoyar la lucha del movimiento. Paralelamente, comenzaron a recabar documentos de los afectados, es decir, los contratos suscritos por los diferentes vecinos, con el objetivo de iniciar acciones legales y remitir dicha documentación a Defensa del Consumidor.
Después, varios representantes del movimiento viajaron a La Paz para realizar una vigilia, tocar las puertas del Ministerio de Economía y generar incidencia en los medios de comunicación respecto de su demanda. Finalmente, lograron una reunión con el ministro de Economía José Gabriel Espinoza el jueves 30 de julio, en la que expusieron que los acuerdos de pago habían sido firmados en bolivianos antes de la medida del dólar flexible, por lo que no deberían modificarse de manera arbitraria. En esa reunión se acordó abrir espacios de discusión directa entre el Ministerio, los afectados y las empresas desarrolladoras de urbanizaciones; sin embargo, este último espacio no llegó a desarrollarse con la participación de los vecinos afectados.
En Santa Cruz, continuaron las asambleas de los vecinos afectados por las diferentes urbanizaciones. El sábado 1 de agosto, por la noche, asistí a la asamblea de los vecinos de la urbanización Mapaizo, quienes continuaban organizándose, recopilando más copias de contratos, recibiendo aportes para sostener la lucha y planificando nuevas protestas en las puertas de Defensa del Consumidor. También dejaban en claro que la vivienda es un derecho y que no debe convertirse en un negocio de especulación de los grandes empresarios aliados al Gobierno. Señalaban que este no era un problema entre privados y que llevaban más de un mes movilizados.
Entre los discursos más fuertes expresados durante la reunión, los vecinos cuestionaban duramente al Comité Cívico Pro Santa Cruz, al gobernador Juan Pablo Velasco y al alcalde Mamen Saavedra, para quienes este problema se trataría de un problema entre privados. Al mismo tiempo, expresaban su respaldo a María Galindo, señalando que ella estaba apoyando la lucha del movimiento.
Por su parte, ante la presión ejercida por el movimiento, el lunes 3 de agosto el ministro de Economía y otros ministros se reunieron en Santa Cruz para abordar el tema, pero, lamentablemente, sin tomar en cuenta a los vecinos afectados. Esta situación la valoré en mi página de Facebook de la siguiente manera: “Este Gobierno es una lágrima. Se reúne con los sectores que se aprovechan del tipo de cambio flexible y no con la población mayoritaria afectada por el tipo de cambio a la hora de pagar sus lotes. Y, para colmo, logran, según el ministro de Economía, un acuerdo donde se respete por un mes el tipo de cambio de los contratos, siendo que la mayoría de las empresas inmobiliarias ya había dicho que respetaría los 6,96 por tres meses (…)”.
Días después, el jueves 6 de agosto, la directiva de los vecinos afectados por las diferentes urbanizaciones convocó a participar en una protesta durante el desfile organizado por las autoridades locales de Santa Cruz en la Plaza 24 de Septiembre. Pude participar en la marcha, que partió desde la Plaza El estudiante y se dirigió hacia la Plaza 24 de Septiembre. La concentración estaba prevista para las 8 de la mañana. Llegué al lugar aproximadamente media hora después y, poco a poco, los vecinos afectados comenzaron a llegar.
Se reunieron en grupos correspondientes a las diferentes urbanizaciones. Cada uno llevaba sus pancartas y letreros. Otros, más imaginativos, prepararon disfraces e indumentarias para representar a personajes involucrados con el problema, como el “pollo Paz”, el ministro Espinoza, la familia Monasterio, la muerte, entre otros.
Cuando llegó el momento de partir hacia la Plaza 24 de Septiembre, por las calles Libertad y Andrés Ibáñez, comenzaron a llegar más vecinos, a pesar del fuerte viento que arreciaba. A viva voz gritaban consignas como: “¡Viva el derecho a la vivienda!”, “¡Abajo la familia Monasterio!”, “¡Que renuncie el pollo incapaz!”, entre otros estribillos. En la marcha también estaban Luis Sánchez y Leonardo Montenegro, dos colegas de la carrera de Ciencia Política.
Cuando llegó el momento de ingresar a la Plaza 24 de Septiembre, en la esquina próxima al palco, un contingente de policías militares intentó impedir que los marchistas pudieran realizar su paso por la plaza. En medio de forcejeos, logramos romper el cerco y pasar.
Como muchos vecinos, nos tocó exigir y forcejear con los policías para poder pasar y ejercer nuestro derecho a la protesta, en pleno desfile patrio y en la Plaza 24 de Septiembre. Uno de los periodistas independientes que cubría la marcha preguntó a uno de los oficiales por qué se impedía el paso. No pude escuchar con claridad su respuesta, pero me pareció entender que señaló que se trataba de una orden del gobernador.
Afortunadamente, todo el contingente de vecinos pudo continuar. Algunos contabilizaban más de 700 personas provenientes de las diferentes urbanizaciones. Después del desfile, los manifestantes se concentraron en las gradas de la catedral para expresar sus reclamos. Allí, sus principales dirigentes realizaron algunos discursos y manifestaron que continuarían en la lucha y que buscarían articularse con otros sectores sociales para tener mayor fuerza.
Volviendo al debate con Víctor, considero que la exigencia de respetar los planes de pago es legal y legítima, porque está respaldada por contratos y documentos que establecen las condiciones de pago de los terrenos. El respeto de esas condiciones no puede ser considerado simplemente una cuestión ideológica. El movimiento tampoco busca necesariamente renegociar deudas individuales. Su demanda central es que se respeten los planes de pago establecidos en bolivianos.
Desde la teoría de la acción colectiva, autores como Alain Touraine, Alberto Melucci y Charles Tilly permiten analizar los movimientos sociales a partir de sus objetivos, recursos, formas de organización y orientación cultural o política.
Pueden distinguirse, entre otros, movimientos reformadores, que buscan modificar aspectos específicos del sistema; transformadores o revolucionarios, que pretenden cambios estructurales profundos; instrumentales, orientados a obtener beneficios materiales o derechos concretos para un grupo; e identitarios, centrados en valores, autonomía, símbolos e identidad. Desde perspectivas contemporáneas también encontramos movimientos ecologistas, feministas, identitarios y étnico-indígenas, así como movimientos urbanos y movimientos articulados mediante redes digitales y nuevas formas de acción colectiva.
En este marco, considero que el movimiento por el respeto a los 6,96 puede ser caracterizado, por ahora, como un movimiento instrumental y reivindicativo, cuyo objetivo específico es el respeto de los contratos y planes de pago establecidos al momento de adquirir los lotes. También presenta características de un movimiento urbano en formación, articulado mediante redes sociales y territorialmente a partir de vecinos afectados de diferentes urbanizaciones del área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra.
Respecto a la idea de que los movimientos sociales tienen un ciclo de vida, considero importante añadir que también pueden perder su vitalidad y autonomía cuando se institucionalizan excesivamente o se convierten en canales subordinados al Estado. Esto puede ocurrir cuando la espontaneidad, la capacidad crítica y la energía de la protesta se transforman en trámites, rutinas y subordinación institucional.
Finalmente, considero que el conflicto por los 6,96 ha dejado de ser un problema exclusivamente entre privados. La cantidad de personas afectadas, las movilizaciones, la intervención de instituciones públicas y la incorporación del tema a la agenda política muestran que estamos frente a un conflicto social de interés público.
La demanda central continúa siendo el respeto de los contratos y del tipo de cambio de Bs 6,96 en el pago de las cuotas de los lotes de los vecinos afectados. Las acciones de protesta del movimiento están dirigidas tanto al Estado y a las instituciones encargadas de resolver sus demandas como a la sociedad civil, buscando ampliar el respaldo social.
Por ello, el desafío que tienen sus dirigentes y cuadros medios, es articularse con otros sectores afectados por las consecuencias del tipo de cambio flexible. Esto podría ampliar la agenda del movimiento hacia otros problemas, como el incremento de la canasta familiar y el impacto del nuevo escenario cambiario sobre la economía de los hogares.
En definitiva, el debate sobre los 6,96 no se reduce únicamente a una discusión sobre el tipo de cambio. También involucra el respeto de los contratos, la seguridad jurídica, el derecho a la vivienda, las relaciones entre empresas y Estado y las nuevas formas de organización y acción colectiva en Santa Cruz.
La pregunta planteada en la primera parte de este artículo, por tanto, continúa abierta: ¿estamos ante los embriones de un nuevo movimiento social en Santa Cruz? La respuesta definitiva dependerá de la capacidad del movimiento para sostener su organización, ampliar sus demandas, articularse con otros sectores y trascender el conflicto particular que le dio origen.
Juan Pablo Marca es politólogo a investigador social.
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