Los cuatro expositores del primer panel del Conversatorio sobre Inversión Sostenible.
Expertos en materia de derechos humanos, medio ambiente y justicia coincidieron en la necesidad de impulsar inversiones sostenibles que propicien un equilibrio entre crecimiento económico, protección ambiental y respeto a los derechos humanos. En ese sentido, ven imprescindible que las empresas inversoras incorporen en la planificación y ejecución de los proyectos nuevos estándares internacionales para avanzar hacia un desarrollo que genere beneficios económicos sin trasladar sus costos a las personas, las comunidades o el medio ambiente.
La reflexión fue parte del panel “Cambio climático y tendencias de los sistemas de protección de Derechos Humanos”, desarrollado este jueves, en La Paz, en el marco del Conversatorio sobre Inversión Sostenible, un evento internacional que convocó a representantes del Estado, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, la academia, juristas y empresas nacionales y extranjeras.
Martín Braunch, investigador del Columbia Center for Sustainable Investment (CCSI), se refirió a la vigencia de estándares internacionales sobre derechos humanos y medioambientales que, según dijo, casi siempre son ignorados en los procesos arbitrales iniciados por los inversores en contra de los Estados cuando estos dan terminados los contratos.
Citó un estudio de 2024 que da cuenta del desarrollo de 57 procesos arbitrales por más de 200 millones de dólares en contra de varios Estados de la región que dieron por terminadas varias concesiones por razones ambientales o de derechos humanos.
“Los tratados de inversión son acuerdos entre Estados que protegen a sus inversores con estándares altos. No contienen obligaciones exigibles para el inversionista, no miran los estándares climáticos ni de derechos humanos”, dijo.
En relación a Bolivia y la propuesta de la Ley de Inversiones presentada por el Gobierno al Legislativo, sostuvo que esta se constituye en una oportunidad para construir un nuevo marco institucional.
“Este nuevo sistema de gobernanza sobre inversión debe estar basado en la protección climática y los derechos humanos, es decir promover inversiones que consideren estos aspectos. Y, si se incluye un arbitraje (en los contratos), establecer salvaguardas: anclar el arbitraje en el marco jurídico e institucional del Estado receptor, ampliar el acceso y la rendición de cuentas y asegurar la integridad procesal”.
Por su lado, Daniel Cerqueira, director del programa Justicia Climática y DDHH de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) afirmó que, por lo general, las empresas recurren a gran cantidad de mecanismos para asfixiar la capacidad de un Estado de protegerse ante un laudo arbitral.
En ese contexto, mencionó un conjunto de casos de relevancia a nivel internacional, en los que los Estados tuvieron que pagar millonarias indemnizaciones a los inversores que ignoraron el cumplimiento de las condiciones de inversión en materia de medio ambiente y derechos ciudadanos.
“Ante estos hechos, el debate sobre las inversiones debe incluir, necesariamente, de qué manera conseguir que los laudos arbitrales tomen en cuenta aspectos como la obligatoriedad de la consulta previa, un derecho reconocido internacionalmente por Naciones Unidas”, citó como ejemplo.
Previo al panel, la directora del CEJIS, Claudia Montaño, presentó un resumen sobre los efectos de la deforestación y la ampliación de la frontera agrícola sobre los pueblos indígenas y sus modos de vida.
A propósito de la consulta previa, Andrés Napoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), abordó los alcances del Acuerdo de Escazú, un acuerdo multilateral que ya ha sido ratificado por 19 de los 33 países de la región.
“Las empresas deben valorar este tipo de acuerdos. Escazú transforma la gestión de riesgos al hacer que la inversión se someta a la participación ciudadana. Escazú nos habla de una participación inclusiva, abierta, donde se privilegia a los posibles afectados”, señaló.
Sin embargo, alertó que esta participación no puede ser solo formal, sino que la consulta debe ser tomada en cuenta, tanto por el Estado como por el inversor.
“El Acuerdo de Escazú no es solo un acuerdo que brinda herramientas, sino intenta cambiar la gobernanza. Saber escuchar a la gente y tomar decisiones al respecto es importante y necesario. Si no se toma en cuenta a la ciudadanía se mina la credibilidad social”.
A su turno, Franco Albarracín, experto en derechos humanos y cambio climático del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), se refirió a la importancia de que las inversiones tomen en cuenta información científica para el diseño y el desarrollo de un proyecto con el foco puesto en la prevención de conflictos.
“No hablamos de cualquier información, sino de apoyarnos en evidencia científica. Producir información climática es una obligación de un Estado para tomar acciones basadas en evidencia sólida”.
Recordó la vigencia de estándares internacionales (que emergieron de tribunales internacionales) sobre inversiones sostenibles y protección de los derechos humanos y medioambientales, los cuales son vinculantes y, por tanto, de aplicación obligatoria.
Consideró importante que, además de los Estados, las organizaciones sociales y de la sociedad civil hagan suyos estos estándares para que sean incorporados.
En relación a la propuesta de Ley de Inversiones de Bolivia, sostuvo que no se puede obviar que las inversiones son una oportunidad para remontar la actual crisis económica que afecta, sobre todo, a las poblaciones en mayor riesgo de vulnerabilidad.
“Ignorar la necesidad de inversión es un error, pero una inversión sostenible resulta indispensable. Hablando de la ley de inversiones, estamos en el momento de exigir a nuestras autoridades un acercamiento con la sociedad civil y las organizaciones de base para escuchar sus necesidades y así garantizar inversiones que respeten los derechos humanos y el medio ambiente”, afirmó.
Mila Reynolds, directora ejecutiva de la Red UNITAS, en la inauguración del evento.
El evento fue organizado por la Sociedad Boliviana de Arbitraje (SBA), la Asociación Latinoamericana de Arbitraje (ALARB), el Centro de Justicia y del Derecha Internacional (CEJIL) y la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Red UNITAS).
En su discurso de bienvenida e inauguración, Mila Reynolds, directora ejecutiva de la Red UNITAS, reflexionó en sentido de que las inversiones del siglo XXI ya no pueden medirse únicamente por su rentabilidad financiera inmediata. «La verdadera atracción de capitales duraderos se logra incorporando factores ambientales, sociales y de gobernanza», sostuvo.
Agregó que la de ahora es una coyuntura trascendental para Bolivia en vista de que el Ejecutivo envió el proyecto de Ley de Inversiones a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), una oportunidad que debe convertirse «un es espacio para inaugurar un diálogo genuino, horizontal y transparente» de «escucha activa» que incluya a todos los actores: Estado, sector empresarial, cooperación internacional, academia y sociedad civil.
«La experiencia nacional y global nos demuestra una verdad ineludible: no hay seguridad jurídica ni estabilidad económica posible a largo plazo sin paz social, sin sostenibilidad ambiental y sin respeto irrestricto a los derechos humanos», manifestó,
Por su lado, Félix Fernández, director para América Latina y el Caribe de la Unión Europea, destacó la importancia del evento por su cualidad de congregar a actores públicos, privados y la sociedad civil.
«Si Bolivia quiere integrarse en las cadenas de valor mundiales aprovechando su fantástico potencial debe hacerlo de manera sostenible ambiental y socialmente», apuntó.
Kevin Oswald, ministro Consejero de la Embajada de Alemania en Bolivia, coincidió en que el país necesita atraer inversiones que contribuyan al crecimiento aprovechando sus potencialidades, pero «teniendo en cuenta los impactos sociales, ambientales y respetando los derechos de las comunidades y pueblos indígenas».
Oswald relievó que el conversatorio genere propuestas para avanzar en un marco integral para las inversiones.
